La Junta de Andalucía aprueba ayudas de hasta 16.800 euros para las víctimas del accidente de Adamuz

Casi cuatro meses después del descarrilamiento de Adamuz, las víctimas y sus familias recibirán una respuesta económica de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, a apenas cinco días de las elecciones del 17-M, un decreto ley para conceder ayudas directas a los afectados por el siniestro ferroviario del pasado 18 de enero de 2026, en el que murieron 46 personas y que sacudió a todo el país.

Las cuantías oscilarán entre los 481 y los 16.828 euros para las personas que sufrieron lesiones físicas, en función de la gravedad de las secuelas. Además, las familias de cada una de las personas fallecidas percibirán 14.424 euros. Según la Consejería de Justicia, estarán exentas de tributación en el tramo autonómico del IRPF y se abonarán en un pago único en un plazo máximo de dos meses desde la presentación de la solicitud.

La medida llega 114 días después de que un tren de alta velocidad de Iryo descarrilara e invadiera la vía contraria, donde chocó con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido opuesto. Desde entonces, el caso sigue abierto en los tribunales y continúa instalado en el debate público por los interrogantes sobre las causas del siniestro y la gestión posterior de la emergencia.

El accidente también ha entrado de lleno en la campaña electoral andaluza. Este lunes, durante el segundo y último debate antes de los comicios, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reprochó a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, la falta de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno central. Moreno puso sobre la mesa la gestión del choque ferroviario para responder a las críticas de la izquierda por su política en servicios públicos. Tras el debate, la respuesta del alcalde de Adamuz, del PSOE, criticando el uso de la tragedia y aludiendo a la escasez de ambulancias durante la primera hora posterior al siniestro, ha abierto un nuevo frente entre socialistas y populares en plena campaña.

La Junta, además, está personada en el procedimiento judicial abierto por el caso, es decir, ha pedido entrar oficialmente en el procedimiento judicial. Hace unas semanas, la jueza que investiga el accidente aceptó la personación del Gobierno andaluz como actor civil. Según el TSJA, esto le permitirá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios derivados del siniestro, aunque no podrá solicitar pruebas ni diligencias de instrucción.

Tres meses para solicitar las ayudas

El plazo para pedir las ayudas será de tres meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El decreto ley establece que esa convocatoria deberá publicarse en los 15 días siguientes a su entrada en vigor. Las asociaciones deberán presentar sus solicitudes a través del Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía, mientras que las personas físicas podrán hacerlo también de forma presencial.

En el caso de los heridos, la cantidad concedida dependerá de la gravedad de las lesiones. La Consejería de Justicia precisa que existen 14 niveles distintos de gravedad regulados por la ley, que determinarán la cuantía final de cada ayuda.

La concesión ha sido propuesta por el Comisionado creado por la Junta de Andalucía para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el siniestro ferroviario. El Ejecutivo autonómico considera necesario complementar las medidas de apoyo económico del Estado, con las que estas ayudas son compatibles.

Gastos acumulados y secuelas tras el choque

Más de tres meses después del accidente, muchas víctimas siguen afrontando gastos derivados de las lesiones y de las secuelas del siniestro. Entre ellos figuran la adaptación de viviendas para garantizar la accesibilidad, tratamientos psicológicos, rehabilitación, desplazamientos médicos y costes asociados al proceso judicial.

Algunos afectados, además, no estaban dados de alta en la Seguridad Social en la fecha del accidente, por lo que no perciben prestaciones. En otros casos, la gravedad de las lesiones dificulta su reincorporación al mercado laboral a corto y medio plazo.

La mayoría de las víctimas y familiares proceden de la provincia de Huelva, lo que añade otro coste: los desplazamientos hasta el Tribunal de Instancia de Montoro, en Córdoba, encargado de la investigación judicial.

En cuanto a las ayudas por fallecimiento, podrán ser beneficiarios los cónyuges o parejas con relación análoga, así como los hijos, con independencia de su edad y filiación, incluidos los póstumos. Si no hubiera pareja ni hijos, podrán recibirlas los progenitores y, en su ausencia, los ascendientes de segundo grado o los hermanos. Cuando concurran varias personas beneficiarias, la ayuda se repartirá entre ellas a partes iguales.

Con este decreto, la Junta busca dar una primera respuesta económica a las víctimas directas e indirectas de una tragedia que sigue teniendo consecuencias personales, judiciales y políticas casi cuatro meses después.