El Supremo tumba el registro único de pisos turísticos, la medida del Gobierno para evitar anuncios ilegales en Airbnb y Booking

El Tribunal Supremo ha tumbado el registro único de arrendamientos de corta duración —de pisos turísticos, en la práctica— por invasión de competencias. Esta normativa obligaba a esta clase de inmuebles a tener que darse de alta en una plataforma estatal (y cumplir todas las normativas locales y autonómicas) para obtener un código o matrícula sin la que no se podían anunciar en plataformas digitales como Airbnb o Booking. Esta fue una de las medidas estrellas del Gobierno para poner coto y perseguir la proliferación de viviendas turísticas ilegales en España.

La sentencia del tribunal estima parcialmente un recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana, que recurrió esta norma estatal. En concreto, el Supremo anula "únicamente" los preceptos por los que se crea el llamado registro único de arrendamientos y, sin embargo, desestima el recurso en lo referente a las disposiciones que regulan la ventanilla única digital de arrendamientos, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos.

En un comunicado, de hecho, la instancia judicial reconoce que existe una "creciente preocupación" a nivel nacional por el auge de los pisos turísticos y que el registro único busca "poner freno" a los "abusos que se vienen produciendo en la utilización de esta modalidad de arrendamiento para eludir la normativa estatal sobre los alquileres de larga duración o las normativas autonómicas sectoriales sobre alquileres turísticos creadas por las comunidades autónomas".

El registro único se creó tras la aprobación de un reglamento de la Unión Europea para regular este tipo de alquileres. El TS considera que "la norma europea obliga a acomodar los sistemas de registro e información existentes respecto de los arrendamientos de corta duración", pero que "no establece que el procedimiento de registro establecido en un Estado miembro deba ser nacional". "El núcleo del debate se centra en determinar si el Estado tiene o no título competencial para dictar esta norma, llegando a la conclusión el tribunal que no lo tiene en determinados aspectos", añade.

El Ministerio de Vivienda ha reaccionado a la sentencia del Supremo, que se ha hecho pública coincidiendo con el final de la Conferencia Sectorial de Vivienda, en la que la cartera liderada por Isabel Rodríguez se reunía con las comunidades autónomas para aprobar el reparto de los fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, informando que "el TS ha decidido dejar en manos de las comunidades los registros de alojamientos turísticos y de temporada, por lo que corresponde a partir de ahora a ellas velar por el cumplimiento de la norma". "Les molesta más quién persigue el fraude que el fraude", ha sentenciado.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aclaró que la decisión del Supremo "no afecta" a la retirada de anuncios ilegales de pisos turísticos promovida por su departamento ni a la multa de 64 millones de euros a Airbnb. Así lo indicó en un mensaje en sus redes sociales. El titular de Consumo argumentó que la decisión del TS, que da respuesta a un recurso de la Generalitat Valenciana contra el Registro Único impulsado por el Ministerio de Vivienda, "no afecta" a las medidas tomadas por su Ministerio.

El titular de Consumo explicó que la anulación del procedimiento de Registro único no paraliza la retirada de "miles de anuncios ilegales de pisos turísticos" ordenada por el ministerio. Tampoco supondrá un impedimento para al cumplimiento de la multa de 64 millones de euros impuesta en diciembre a Airbnb ya que "estas actuaciones son anteriores a la entrada en vigor del Registro".

"El modelo impulsado por el Gobierno generaba duplicidades"

Desde la Generalitat Valenciana, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha valorado positivamente la sentencia del Tribunal Supremo que estima parcialmente el recurso presentado por la Generalitat. “El Tribunal Supremo confirma que la Comunitat Valenciana tenía razón al advertir que el modelo impulsado por el Gobierno generaba duplicidades, inseguridad jurídica y un solapamiento con las competencias autonómicas en materia turística”, ha señalado la titular del área, quien ha recordado que la Comunidad Valenciana dispone desde hace años de un registro autonómico plenamente operativo para las viviendas de uso turístico, “que ya garantiza el control de la actividad, la trazabilidad de los inmuebles y la seguridad jurídica del sector”.

Asimismo, Cano ha destacado que la sentencia coincide con las advertencias realizadas tanto por la Generalitat como por las instituciones europeas respecto a la incompatibilidad de someter una misma vivienda a más de un procedimiento de registro obligatorio, al recordar el Supremo que el Reglamento europeo no exige un registro nacional y prohíbe duplicidades sobre un mismo inmueble. 

El Supremo confirma que la Comunidad tenía razón al advertir que el modelo impulsado por el Gobierno generaba duplicidades, inseguridad jurídica y un solapamiento

Marián Cano

— Consellera de Turismo

La consellera ha subrayado que “siempre hemos defendido que era necesario combatir el intrusismo y reforzar el control sobre los alquileres turísticos ilegales, pero desde la cooperación institucional y el respeto al marco competencial, no creando estructuras paralelas que duplicaban registros ya existentes”.

No obstante, la consellera ha recordado que la sentencia mantiene plenamente vigente la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, así como las obligaciones de transmisión de datos por parte de las plataformas digitales y el intercambio de información con fines estadísticos, aspectos sobre los que el Tribunal Supremo sí reconoce competencia estatal. 

¿En qué consistía y que implicaciones tiene?

El registro único se basaba en la idea de que cualquier vivienda, habitación u otra unidad ofrecida en plataformas como Airbnb o Booking para alquiler turístico o de temporada tuviera un número de registro identificable antes de poder anunciarse online. El objetivo era que la Administración pudiera saber qué se alquila, dónde, quién lo ofrece y bajo qué modalidad. Y si contaba con los permisos locales para hacerlo o si su comunidad de propietarios lo tenía permitido en sus estatutos, entre otros asuntos.

En la práctica, funcionaba como una especie de DNI del alojamiento. El propietario debía pedir ese número a través del Registro de la Propiedad y las plataformas debían mostrarlo, comprobarlo y comunicar datos de actividad a la Ventanilla Única Digital. Sin ese número, el anuncio podía ser retirado o bloqueado. La finalidad era doble: perseguir la oferta ilegal y dar a comunidades autónomas y ayuntamientos mejores datos para inspeccionar, planificar vivienda y controlar el impacto de los pisos turísticos.

La anulación cambia el equilibrio competencial. El Tribunal Supremo ha considerado que el Estado no podía crear un registro nacional tan completo porque se superponía a los registros autonómicos ya existentes y porque la regulación material de las viviendas turísticas corresponde en gran parte a comunidades autónomas y, en algunos aspectos, a los ayuntamientos. Por eso ha anulado los preceptos que daban vida al registro estatal único, aunque no toda la arquitectura de intercambio de información, la ventanilla única digital.

Suscríbete para seguir leyendo