Vodafone España y su directivo, en el punto de mira judicial por una querella de los fundadores de Finetwork

Si recientemente fue Vodafone España la que anunciaba un recurso ante el Tribunal Constitucional, este miércoles son los fundadores de Finetwork los que vuelven a dar un paso en la batalla judicial por el control de la compañía telefónica con sede en Elda. Es, precisamente, el Tribunal de Instancia de Elda (Alicante), Sección Civil y de Instrucción, Plaza número 1 (antiguo Juzgado de Instrucción) el que ha admitido a trámite una querella penal por presunto delito de administración desleal y otros cuatro delitos contra el directivo de la multinacional y las mercantiles que operan en España.

En concreto y con fecha del 21 de mayo de 2026, el Tribunal ha incoado diligencias previas (267/2026) en un procedimiento que se dirige conjuntamente contra José Miguel García Fernández, consejero delegado de Vodafone España y administrador único de Wewi Mobile, S.L. (Finetwork) entre octubre de 2025 y abril de 2026, y contra las sociedades Vodafone España. y Vodafone Ono. Fuentes de la defensa de los fundadores de la empresa alicantina han asegurado que el trámite seguirá una ruta paralela en referencia a ese posible recurso ante el TC tras rechazar la Audiencia Provincial de Alicante el recurso que dio al traste con la reestructuración el pasado abril.

El nuevo enredo judicial es una de las acciones que han promovido los socios fundadores de Wewi Mobile, que opera bajo la marca comercial Finetwork, dirigida por el empresario Pascual Pérez. En la presentación del escrito admitido a trámite figuran José Manuel Gandía, Carlos Gutiérrez, Pedro J. Andreu, Ginés Martínez y las sociedades Joaldi 69, El Flautista y Kai Business. Ahora se abre un plazo para que las partes ratifiquen, por un lado, la acusación, y la otra presente sus argumentos.

Consecuencias

En cualquier caso, las consecuencias tienen una doble lectura que puede provocar un nuevo tsunami en la multinacional cotizada. En primer lugar, la demanda "paraliza cualquier intento de maniobra mercantil", según han explicado desde el equipo legal de los demandantes. En segundo lugar, y habrá que esperar a las decisiones que tomen en las próximas 24-48 horas, las posibles consecuencias que tenga para Vodafone España y su consejero, pues fuentes próximas al caso han subrayado que la dimensión bursátil que se podría dar de acuerdo con el código ético que marca Zegona.

Vodafone España es la filial española controlada por Zegona Communications PLC, sociedad cotizada en la Bolsa de Londres (London Stock Exchange). "Las compañías cotizadas en el Reino Unido están sujetas al Reglamento de Abuso de Mercado (UK MAR) y a las normas de la Financial Conduct Authority (FCA), que obligan a comunicar al mercado, sin demora indebida, toda información privilegiada que pueda incidir de forma significativa en la cotización. La apertura de una causa penal contra el primer ejecutivo de su principal activo operativo y contra dos sociedades del grupo es, en términos de práctica habitual del mercado, el tipo de hecho cuya relevancia las cotizadas vienen obligadas a evaluar a efectos de comunicación. Asimismo, los marcos de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas británicas contemplan estándares de idoneidad ("fit and proper") aplicables a sus altos directivos", han apuntado.

Una fianza de 300 millones

Aunque el proceso de negociación para llegar a un acuerdo está abierto, otro de los hitos por lo que pasa este enredo societario es la fianza que se ha trasladado al Ministerio Fiscal y que se ha cifrado en 300 millones de euros, una cifra estratosférica que daría una nueva dimensión a la operación.

La querella se basa en el conflicto de interés en el que presuntamente habría incurrido José Miguel García Fernández en su papel como administrador único de la sociedad Wewi Mobile, al mismo tiempo que ostentaba el primer cargo ejecutivo de Vodafone España, la contraparte en las operaciones que ahora se cuestionan. Según la querella, esa doble condición habría permitido adoptar decisiones de gestión y disposición en perjuicio del patrimonio de Wewi y en beneficio del grupo Vodafone.

Hace justo una semana, Vodafone consideró, en declaraciones a EL PERIÓDICO, que la resolución que anuló el plan de reestructuración constituye una decisión “inaudita y sorprendente”, al generar incertidumbre jurídica sobre un proceso previamente homologado judicialmente conforme a la normativa aplicable. La operadora sostiene que ha actuado en todo momento conforme a derecho y mantiene que utilizará todas las vías legales a su alcance para recurrir la decisión, incluido el Tribunal Constitucional. En paralelo, la compañía aseguró que estudiando otras medidas adicionales para defender sus derechos e intereses, en un conflicto que se ha convertido en uno de los principales frentes judiciales actualmente en el sector español de las telecomunicaciones.

Por su parte, desde Vodafone han señalado que "hasta la fecha, no tenemos constancia de haber recibido ninguna querella". Además, han destacado que "resulta llamativo que se planteen ahora acusaciones por administración desleal y otros presuntos delitos vinculados a la gestión" de la compañía, "precisamente en la etapa en la que Finetwork ha recuperado el foco, el orden financiero y la tracción comercial".

Para la firma de telecomunicaciones, "sorprende, además, la precipitación por anunciar medidas tan graves antes incluso de asumir la gestión efectiva del negocio —la sentencia ni siquiera ha sido inscrita aún en el Registro Mercantil— y antes, por tanto, de poder conocer con rigor qué ha ocurrido realmente en la compañía durante los últimos meses".

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