Alicante necesitaría movilizar 163.300 viviendas en cinco años para normalizar el mercado inmobiliario

Ni el paro ni la pobreza ni la corrupción. El acceso a la vivienda ya se ha convertido en el principal problema para la mayoría de españoles, que cita más del 50 % de los encuestados por el CIS. Una situación que resulta especialmente compleja de resolver dado el enorme volumen de recursos que serían necesarios para normalizar la situación.

Sólo en el caso de la provincia de Alicante sería necesario movilizar de una forma u otra hasta 163.300 casas en los próximos cinco años para atender toda la demanda embalsada que se acumula, además de las necesidades futuras por el aumento de la población. Una cifra difícilmente alcanzable si no cambian mucho las cosas.

Así se ha puesto de manifiesto durante la jornada sobre Alquiler de vivienda, ocupación ilegal y vivienda social y asequible que ha organizado este viernes el Colegio de Economistas de Alicante, en la que su presidente, Francisco Menargues, ha recordado que la actual crisis habitacional tiene importantes consecuencias en todos los ámbitos de la sociedad, que van desde el retraso en la emancipación de los jóvenes, al freno de la movilidad laboral o la huida de los inversores por falta de garantías.

Desajuste estructural

Durante la jornada, moderada por el economista Francisco Navajas, el fundador de la consultora OM Live, Carlos Olmos, ha presentado un estudio sobre la evolución del sector inmobiliario en la provincia elaborado con Big Data y que ha puesto de relieve el importante "desajuste estructural" que existe en el mercado y sus causas.

Para empezar, el escaso número de construcciones de obra nueva que se han puesto en marcha en los últimos cinco años, un periodo en el que la cifra de hogares en la ciudad de Alicante ha aumentado un 7,2 %, mientras que la construcción solo ha añadido un 1,2 % de viviendas.

Es más, en este tiempo apenas se han construido 1,23 nuevas viviendas anuales por cada 1.000 residentes censados, cuando en un mercado sano deberían construirse al menos cuatro, según ha explicado el experto. "Construimos casi cuatro veces menos de lo que deberíamos", ha insistido el experto.

El resultado es que, en los últimos cinco años se ha acumulado una demanda embalsada de 55.200 viviendas, a las que hay que sumar una carencia de 22.600 viviendas sociales que también serían necesarias para atender la demanda de las familias más vulnerables, y otras 70.300 para cubrir el aumento de población del próximo lustro. Es decir, que sería necesario movilizar -construir o sacar al mercado del stock ahora en desuso- un total de 163.300 viviendas en este periodo.

Pisos demasiado grandes

Pero, además, Olmos también ha señalado la disfuncionalidad entre la oferta existente y lo que demanda el mercado. Por ejemplo, la superficie media de los pisos ofertados es un 19,2 % superior a lo que quieren la mayoría de los compradores, que prefieren viviendas de menor tamaño al haber cambiado la composición de las familias. Y, sobre todo, el desajuste entre precios y poder adquisitivo.

De esta forma, mientras los ingresos de los hogares de Alicante crecían a un 4,1 % anual; el coste de los alquileres lo ha hecho a un 8,9 % y el precio de compraventa de las casas un 15 %. Una circunstancia especialmente preocupante en el caso de la capital de la provincia, donde solo un 54,6 % de lo que sale al mercado tiene un precio "asequible", lo que está expulsando a los residentes hacia otras poblaciones.

En este sentido, los cálculos de OM Live señalan que en el conjunto de la provincia serían necesarias en estos momentos 44.700 viviendas con precios razonables para cubrir las necesidades existentes.

Sin cobrar las ayudas

Ante esta situación, la presidenta de la Asociación de propietarios de viviendas de alquiler (Asval), Helena Beunza, ha señalado que "sin la colaboración público-privada será imposible atajar el problema". En este caso, Beunza ha expuesto los efectos a su juicio perversos que ha provocado la última Ley de Vivienda del Gobierno con las prórrogas forzosas de los contratos y las medidas para frenar los desahucios y que ha llevado a que muchos propietarios retiren sus propiedades del mercado de alquiler.

En concreto, ha denunciado que hasta el 79,3 % de los propietarios no ha cobrado las ayudas que la legislación contempla para hacer frente a las pérdidas que sufren al no poder desahuciar a familias vulnerables cuando no pagan o por verse obligados a aplicar alguna otra medida social. Y otro 6,9 % solo las ha cobrado parcialmente.

En este sentido, ha insistido en que "la ocupación ilegal no es una anécdota" y que el problema no es tanto "el número de caso sino el impacto que tiene en los propietarios", y que lleva a que muchos decidan no alquilar para evitar el riesgo. Un tema en el que también ha abundado el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro.

Impuestos

Por su parte, el presidente del Instituto de Estudios de la Provincia de Alicante (Ineca), Alfredo Millá, ha recalcado el problema social que genera la actual crisis habitacional que, a su juicio, si no se resuelve acabará provocando protestas sociales mayores que las ocurridas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Entre los factores que han llevado a esta situación, Millá ha destacado la falta de suelo, los elevados costes de construcción o el hecho de que los salarios en Alicante, por su dependencia del sector servicios, sean un 14 % más bajos que la media nacional. También ha hecho hincapié en que el 35 % de los costes de una vivienda son impuestos, por lo que también ha llamado a revisar esta cuestión.

Por último, concejal de Movilidad Urbana, Vivienda y Juventud del Ayuntamiento de Alicante, Carlos de Juan Carrillo, ha calificado de "salvajada" que el alquiler medio en la ciudad ya esté en 1.141 euros y ha criticado el escaso presupuesto del Plan de Vivienda aprobado por el Gobierno. "El Estado ha ofrecido 7.000 millones para un plan quinquenal, lo que son 1.400 millones al año. A unos 250.000 euros por casa, no se construirán más de 5.500 viviendas al año. Con eso no llegamos", ha denunciado el edil.

De Juan ha señalo que, desde el consistorio, trabajan en varias vías para contribuir a solucionar la situación. Por un lado, con la generación de más suelo en el próximo plan general. También con la contratación de una empresa para gestionar y agilizar las licencias y, por último, con la gestión de vivienda social.

Suscríbete para seguir leyendo