El abogado alicantino que venció a la Hacienda española sin ser Shakira

No tiene los millones de seguidores de Shakira ni su caso ha sido tan mediático, pero, probablemente, el abogado Víctor Riera acaba de asestar a la Hacienda española un golpe mucho más contundente que el de la colombiana. Desde su despacho en Alicante, ha conseguido que la Comisión Europea haya emitido un dictamen motivado -en otras palabras, un ultimátum- para que el Ministerio de Hacienda modifique la legislación tributaria y permita que las viviendas habituales de los funcionarios europeos y los impatriados reciban el mismo trato fiscal que las del resto de residentes.

Doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Alicante (UA), Riera no es un recién llegado a las lides fiscales. "Soy como el profesor titular del colegio de abogados en derecho tributario", explica él mismo al recordar que su vocación docente y su curiosidad intelectual fueron el motor de este caso. Todo comenzó hace más de una década, cuando un funcionario alemán de la entonces OAMI (actual EUIPO) acudió a su despacho por recomendación de su esposa, quien había sido alumna suya.

La situación de este cliente era, en palabras del letrado, una "ficción legal" anacrónica: el hombre había sido reclutado en Francia veinte años atrás y, por el Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Unión, debía mantener su residencia fiscal en ese país hasta su jubilación.

Riera subraya que esta norma no es opcional ni ventajosa: "No es ningún privilegio porque está totalmente vetado cambiarla por elección del trabajador", asegura. El resultado es que personas que han formado sus familias en Alicante, cuyos hijos son españoles y que no tienen relación alguna con su país de origen desde hace décadas, son tratados por la Agencia Tributaria como "no residentes". Esta clasificación administrativa desencadena una serie de gravámenes que Riera considera profundamente injustos y contrarios al derecho comunitario de libre circulación de capitales y trabajadores.

Triple discriminación

El núcleo de la discriminación reside en el trato que recibe la vivienda habitual. Para un residente fiscal estándar en España, su casa está exenta de la mayoría de estos impuestos; sin embargo, para estos colectivos, Hacienda la asemeja a una segunda residencia. Riera detalla tres frentes principales de esta presión fiscal. El primero es la imputación de rentas inmobiliarias en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Según explica el abogado, estos contribuyentes deben pagar anualmente el "19 % del 2 % del valor catastral" de la casa en la que viven, lo que supone un desembolso que puede rondar varios cientos o, incluso, más de mil euros en su declaración.

El segundo frente, quizás el más oneroso, surge cuando estos profesionales deciden vender su casa para comprar otra, un movimiento natural cuando una familia crece. Un residente español no paga impuestos por la ganancia patrimonial si reinvierte el dinero en una nueva vivienda habitual, pero Hacienda bloquea este beneficio a los eurofuncionarios.

Riera pone un ejemplo: un funcionario que comprara su casa por 200.000 euros en el año 2000 y la vendiera hoy por 500.000 para mudarse a una zona como el Cabo de las Huertas, habría ganado 300.000 euros. Hacienda le obligaría a pagar el 19% de ese beneficio, es decir, unos 57.000 euros, alegando que esa propiedad no es su "vivienda habitual".

Finalmente, el Impuesto sobre el Patrimonio remata la situación. Mientras los residentes disfrutan de una exención de hasta 300.000 euros por su hogar, a los clientes de Riera se les computa la vivienda desde el primer euro.

Petición a Bruselas

Ante este escenario, Riera no se limitó a los tribunales españoles, donde el criterio de Hacienda era un muro: "Nos lo han negado una y otra vez", se lamenta. En 2020, decidió elevar su denuncia a la Taxud en Bruselas (la Dirección General de Fiscalidad de la Comisión). Relata que fue atendido personalmente allí y que, desde el inicio, la acogida fue excelente porque a los técnicos europeos la situación de España les pareció "brutal".

Con el tiempo, Riera amplió su denuncia para incluir a los beneficiarios de la Ley Beckham o régimen de impatriados. Aunque estos profesionales, como los nómadas digitales, son legalmente residentes en España, se les aplica la normativa de no residentes para la vivienda, cayendo en la misma trampa fiscal.

Un detalle revelador de la entrevista es la "estrategia de silencio" que Riera atribuye a Hacienda. Según el letrado, la administración es consciente de que su posición es jurídicamente débil. En algunos casos, tras forzar el procedimiento, Hacienda ha llegado a devolver el dinero a sus clientes, pero sin emitir una resolución formal que reconozca el derecho para no sentar precedente. "A mí no me han puesto por escrito que se estima la petición, pero le han ingresado el dinero a mi cliente", apunta Riera.

Dos meses

Tras el dictamen motivado de este mes de mayo, España tiene un plazo de dos meses para rectificar. El abogado se muestra escéptico sobre un cambio voluntario por parte del Gobierno español antes de llegar al tribunal. Según su experiencia, "el Gobierno prefiere seguir facturando y recaudando", hasta que un juez le obligue. Por ello, prevé que el caso terminará en una demanda judicial de la Comisión contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las consecuencias de este proceso serán significativas y transformarán el panorama fiscal para miles de contribuyentes. En primer lugar, se abrirá la puerta a devoluciones masivas de impuestos con intereses para todos aquellos que han mantenido sus recursos abiertos contra las liquidaciones de Hacienda. El impacto económico por contribuyente podría ser de miles de euros, especialmente en casos de reinversión de vivienda.

Más allá del dinero, el éxito de Riera supondrá una mejora crítica en la seguridad jurídica de España como destino para el talento internacional. El abogado recalca que la actual política fiscal genera un grave perjuicio reputacional y un problema para todos los ciudadanos afectados. Al final de este camino judicial, España se verá obligada a reconocer la realidad de la vivienda habitual de estos trabajadores, eliminando una ficción legal que ha servido para recaudar de forma indebida durante décadas y garantizando que la libre circulación en Europa sea un derecho efectivo y no solo una declaración de intenciones.

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