Bruselas expedienta a España por obligar a los hoteles a pedir tantos datos a sus clientes

La Comisión Europea expedienta a España por el polémico registro de viajeros creado por Interior y que obliga a hoteles, agencias de viajes, plataformas digitales o empresas de alquiler de coches a recabar una serie de datos de los turistas que van más allá de aquellos incluidos en documentos oficiales (DNI y pasaporte) y a volcarlos en una aplicación (ses.hospedajes) en un plazo inferior a 24 horas.

La norma entró en funcionamiento el 2 de diciembre del año pasado, cuatro años después de su aprobación ante la presión de los hoteleros que se quejaban de tener que recolectar 42 datos diferentes, mientras que el Gobierno afirma que se trata solo de 13, dos más de los que se pedían habitualmente.

Se trata de nombre y apellidos, número de DNI y soporte, tipo de documento, número de referencia del contrato, fecha del contrato, fecha y hora de entrada y salida e identificación del medio de pago, así como teléfono fijo o móvil o correo electrónico y la relación de parentesco, si alguno de los viajeros es menor de edad. Los 29 datos restantes, hasta el total de 42 que criticaba el sector, no son obligatorios, según el Ejecutivo.

Pero más allá de la cantidad de información que se requiere, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha puesto en duda en muchas ocasiones la legalidad de "recogida, custodia y transmisión de los datos" al considerar que "incumple las normativas europeas sobre libre circulación de viajeros y protección de datos".

Y la Comisión Europea parece que le da la razón al sector. El Ejecutivo comunitario ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por incumplir la directiva sobre protección de datos en el ámbito penal, encargada de regular el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades policiales, al exigir a los proveedores de alojamiento, a las plataformas en línea y a las empresas de alquiler de automóviles que recojan, conserven y transmitan los datos personales de los viajeros a una base de datos gubernamental centralizada.

La Comisión considera que las categorías de datos personales recogidos y almacenados son "excesivas", debido a la "variedad de conjuntos de datos, incluidos los datos de pago y del GPS". Además, añade que "el acceso por parte de las autoridades policiales no se limita a fines específicos y explícitos, como exige la directiva", y considera "desproporcionado" conservar esos datos durante tres años.

A partir de esta notificación, enviada por carta, España dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias que le ha señalado Bruselas. En caso de no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión Europea podría optar por emitir un dictamen motivado, que sería como un ultimátum oficial en el que detalla los motivos por los que considera que el país vulnera el Derecho europeo y le exige adoptar medidas correctivas en un plazo determinado.

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