Confrontación
Efervescencia turística: el Consell exige la retirada del Registro de Viajeros y Hosbec rechaza la subida del IVA
La consellera de Turismo pide al Gobierno central que elimine la actual obligación de identificación en los alojamientos y la patronal hotelera abre la batalla a la UE ante la propuesta de pasar de impuesto reducido del 10 al 21 %
Alex Domínguez
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El inicio del mes de junio se ha convertido en un polvorín para el sector turístico. El cruce de exigencias entre administraciones y organizaciones empresariales ha terminado por marcar el arranque de la campaña de verano. Este viernes la ofensiva ha subido un escalón más desde la Generalitat Valenciana. La consellera de Turismo, Marián Cano, ha exigido al Gobierno central la retirada inmediata del Registro de Viajeros tras el expediente abierto por Bruselas por vulnerar la protección de datos.
Junto a esta demanda, Hosbec ha aumentado su presión hacia la propuesta de la Comisión Europea de subir el IVA a los alojamientos y que pasen del actual reducido del 10 % al 21 %, que es el estándar en España. La confrontación, además, se materializa una semana después de que los tribunales dieran la razón parcial en la intromisión en la que incurre el Ministerio de Consumo en su propuesta del Registro Único para el alquiler de viviendas turísticas.
Así, por el lado del Ejecutivo autonómico la batalla que se reabre es la relativa al Registro de Viajeros, un sistema que ya contó con el rechazo radical del sector y que tantos problemas iniciales ocasionó. Desde el Consell, Cano ha subrayado que la "actuación de la Comisión Europea confirma las advertencias de la Generalitat y del sector sobre la desproporción, la inseguridad jurídica y la carga burocrática impuesta por el Gobierno". Por este motivo, ha pedido una "rectificación urgente y un nuevo modelo coordinado con las comunidades autónomas y los agentes que garantice la seguridad sin vulnerar derechos ni lastrar la actividad turística".
La consellera Marián Cano, segunda por la izquierda, en una de las reuniones que mantiene estos días en Montreal con empresarios. / INFORMACIÓN
Desde la conselleria, consideran que Bruselas cuestiona el modelo del Ministerio del Interior, "porque obliga a proveedores de alojamiento, plataformas en línea y empresas de alquiler de vehículos a recoger, conservar y transmitir a una base de datos centralizada categorías de información que considera excesivas, incluidos datos de pago y geolocalización, además de prever un periodo de conservación de tres años que la Comisión considera desproporcionado". "Es una norma desproporcionada, jurídicamente cuestionable y muy difícil de aplicar, que ha impuesto una carga innecesaria a miles de empresas turísticas”, ha señalado la titular autonómica.
Un impuesto a batallar
Por otra parte, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana ha elevado su protesta contra la sugerencia de incrementar el Impuesto del Valor Añadido (IVA) actual.Los establecimientos hoteleros aplican el 10 % y Bruselas propone elevarlo al 21 % que es, en España, el convencional. El punto de partida es el Informe País de España 2026 en el marco del Semestre Europeo, en el que se incorpora una directriz explícita para acometer una consolidación fiscal y la limitación estructural de la aplicación de sus tipos reducidos. La argumentación comunitaria señala que la eficiencia económica del Estado podría potenciarse mediante la restricción de los tipos preferenciales.
Intervención de Fede Fuster, en la última asamblea de Hosbec. / Jose Navarro
Desde la patronal hotelera, sostiene que "el mantenimiento de tipos reducidos en alojamiento y restauración es una práctica extendida en la Unión Europea. De acuerdo con la información oficial de la Comisión Europea sobre tipos de IVA vigentes en los Estados miembros, España aplica un tipo reducido del 10%, en línea con otros destinos competidores como Francia, Italia o Austria, y por debajo se encuentran países claramente competidores como Portugal o Croacia. Esta comparativa evidencia que el tipo reducido turístico no constituye una anomalía española, sino una herramienta habitual de competitividad en economías turísticas europeas".
Por este motivo, Hosbec considera que el efecto de una posible subida "no solo tendría efectos recaudatorios, sino también efectos competitivos. Podría situar al país en una posición fiscal menos favorable frente a otros destinos europeos y mediterráneos". Las consecuencias para la Comunidad Valenciana entienden que se traducirían en un perjuicio contra un sector que aporta el 19% del PIB regional.
Además, advierten que la "estimación de 7.000 millones de euros de recaudación adicional no incorpora efectos dinámicos sobre precios, demanda, empleo, inversión y márgenes empresariales. No puede presentarse como recaudación neta segura". De hecho, no han dudado en calificar la idea de "autoarancel" que penalizaría a los destinos locales.
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