Los constructores alicantinos advierten de una plaga de licitaciones desiertas por la subida de costes que se arrastra desde la dana

Más de un año y medio después de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y causó la muerte de 237 personas, las consecuencias de la catástrofe siguen arrastrándose. El aumento de la demanda de mano de obra especializada, de maquinaria y de materiales de proximidad -como el hormigón- ha disparado los costes de construcción en toda la autonomía, lo que está provocando una auténtica plaga de licitaciones de obras públicas que se quedan desiertas al no cubrir el precio real de los trabajos.

Es la advertencia que ha realizado este martes el presidente de la Federación de Obra Pública de Alicante (Fopa), Javier Gisbert, tras reunirse con el comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, quien, por su parte, ha reclamado al Gobierno un cambio de normativa para agilizar la contratación hasta la plena recuperación del territorio tras una catástrofe.

Según ha denunciado el representante empresarial, la sobredemanda provocada por la reconstrucción tras la dana ha disparado alrededor de un 20 % los costes del sector en toda la autonomía, frente a una horquilla de entre el 4 % y el 6 % en el resto del país. "Es muchísimo porque, entre que una administración decide hacer una inversión, redacta el proyecto y la licita a pasan dos o tres años y los precios se quedan obsoletos. De ahí que se esté quedando tanta obra desierta", ha señalado Gisbert.

En concreto, según los datos facilitados por Fopa, en el caso de la provincia de Alicante se han quedado sin adjudicar hasta 366 obras, por valor de 142,8 millones de euros al no haber ninguna empresa que considerara viable el presupuesto.

"El margen medio con el que trabajan las empresas asociadas a Fopa es del 3,75 %, imagínese si los precios suben un 17%, 18% o 20 %. Al final, muchas obras van a pérdidas", ha lamentado el empresario, que ha reclamado un cambio legislativo que permita una revisión de precios ágil en estos proyectos.

Tal y como ha explicado Javier Gisbert, el problema empezó a gestarse tras el Real Decreto que hace aproximadamente una década aprobó la desindexación de las adjudicaciones, que hasta entonces podían aumentar el presupuesto de adjudicación en función de la evolución del IPC. Una decisión con la que se querían evitar sobrecostes injustificados, pero que ahora se ha vuelto en contra de las administraciones y que el Gobierno solo ha aceptado suspender en casos excepcionales, como la crisis inflacionaria que se produjo tras el inicio de la Guerra de Ucrania.

Aunque algunos materiales pueden traerse de otras zonas del país donde los precios no han escalado tanto, el presidente de Fopa ha recordado que ni la mano de obra, ni la mayoría de la maquinaria ni materiales como el hormigón -que debe producirse a un máximo de 40 minutos del lugar donde vaya a utilizarse- pueden traerse de fuera, lo que ha provocado que el esfuerzo de reconstrucción tras la dana haya disparado su precio.

Cambios en la contratación

Por su parte, el comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, ha reclamado un cambio en la normativa estatal de contratación que, a su juicio, "no está preparada para catástrofes de esta magnitud", en referencia a la dana. En concreto, Mérida ha propuesto que la legislación permita mantener la contratación de obras por la vía de urgencia mientras persistan las "secuelas" provocadas por un suceso extraordinario y no solo en los primeros momentos.

El responsable autonómico ha puesto el ejemplo de algunos ayuntamientos que pudieron aplicar este mecanismo para la instalación de aulas prefabricadas para sustituir los colegios arrasados por la inundación de octubre de 2024, pero ahora no pueden utilizarlo para la propia reconstrucción de los centros. "Estamos hablando de pasar de un procedimiento de meses a otro de dos o tres años", ha lamentado.

Pero, además, también ha reclamado que se permita ampliar el objeto de estas obras, cuando sea para mejorar. A este respecto, ha citado el caso de algunos puentes arrasados por la riada, en los que la Generalitat quería aumentar su tamaño para permitir el paso de un mayor caudal bajo su vano, pero la ley solo permite licitar de urgencia para restituir lo perdido. Es decir, solo se puede construir un puente de las mismas características exactas.

Igualmente, también solicita más flexibilidad para que los ayuntamientos puedan contratar personal de refuerzo para gestionar todos los trabajos de reconstrucción. En este caso ha citado al Ayuntamiento de Paiporta, que ha tenido que pasar de un presupuesto de 20 millones de euros a otro de 200 millones para recuperar toda la infraestructura dañada, "una cifra inmanejable para su estructura administrativas habitual".

Por otro lado, Raúl Mérida también ha exigido otra modificación normativa para que, "desde el minuto cero, cuando se produce una catástrofe de esta magnitud", se convoque automáticamente la comisión mixta intergubernamental entre el Gobierno central y el ejecutivo autonómico correspondiente, y también se ponga en marcha inmediatamente el Mecanismo Europeo de Protección Civil. "La dana nos tiene que servir para mejorar, para aumentar la resiliencia, para mirar hacia el futuro con más seguridad y desde luego para aprender de lo vivido. La forma de mejor de estar preparado para el futuro es una normativa que dé la respuesta adecuada a una emergencia futura", ha concluido el comisionado.

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