El coste de los pisos también frena la promoción de los funcionarios

El precio de la vivienda se ha convertido en uno de los factores que más limita la movilidad geográfica de los trabajadores, que se lo tienen que pensar muy bien antes de aceptar cualquier oferta que implique un cambio de residencia. Una realidad que conocen muy bien los responsables de Recursos Humanos de las empresas privadas, que cada vez tienen más difícil la captación de nuevo talento, pero que también afecta de lleno a las administraciones públicas.

Y es que muchos funcionarios están renunciando a posibles ascensos y al desarrollo de su carrera profesional con tal de no trasladarse a destinos donde los precios de las casas son más elevados, lo que les obligaría a recortar su nivel de vida.

De hecho, hasta el 20,6 % de todos los servidores públicos que residen en la Comunidad Valenciana afirma haber rechazado o postergado una plaza o ascenso por no poder hacer frente al coste de la vivienda en el destino asignado.

Así lo revela una encuesta realizada entre más de 400 funcionarios para conocer su situación y saber cómo están encarando este problema.

A este respecto, más de un tercio de los consultados estaría dispuesto a mudarse fuera de su provincia para acelerar su carrera, pero el coste que esto supondría les hace desistir de la idea. En otras palabras, que ven su futuro profesional dictado por el mercado inmobiliario y no por sus méritos.

Ante este escenario, las exigencias de los funcionarios cambian y el 38,3% de los participantes en el estudio ya condiciona su promoción a un incremento salarial o a un incentivo específico que compense directamente el coste de la vivienda en la ciudad de destino.

Éxodo hacia la periferia

El incremento del precio de la vivienda está provocando que la periferia y las provincias medianas ganen puntos en la lista de preferencias de los trabajadores públicos, como "una estrategia clave" para garantizar su calidad de vida.

Así, el informe revela que, para el 52,9 % de los empleados públicos en Comunidad Valenciana, la posibilidad de regresar a su lugar de origen o trasladarse a entornos menos masificados es el factor determinante a la hora de elegir una plaza. Este anhelo de retorno encaja con el respaldo masivo (70 %) a la creación de sedes estatales fuera de la capital, un plan que el funcionariado valora como una herramienta altamente eficaz para atraer y retener talento cualificado en todas las regiones, ayudando a vertebrar el país.

Sin embargo, la descentralización del Estado ya no depende exclusivamente de los traslados físicos: la transformación digital actúa como el gran catalizador del cambio. El 47% de los trabajadores de la comunidad considera que la digitalización y el teletrabajo están reduciendo con éxito la histórica brecha de oportunidades entre los servicios centrales y las delegaciones provinciales, aunque afirma que depende mucho del organismo o plaza específica.

"Estos datos no deben leerse en clave de crisis, sino como una gran oportunidad de transformación para nuestra Administración. El Estado español cuenta con un capital humano extraordinario y con una voluntad innegable de crecer profesionalmente. Sin embargo, el contexto inmobiliario actual nos exige actualizar las reglas del juego. No se trata de criticar la rigidez del sistema, sino de acelerar su evolución: la descentralización de sedes estatales y el impulso decidido al teletrabajo son las palancas que permitirán democratizar el talento", asegura Jesús Polvorinos, responsable de Supera Oposiciones, la firma que ha realizado el estudio.

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