La Audiencia Nacional abre juicio a BBVA, Francisco González y otros 14 exdirectivos por el caso Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado la apertura de juicio oral contra BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre ellas exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por una serie de encargos presuntamente ilegales realizados al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. Entre las personas vinculadas al banco, figuran el exconsejero delegado de la entidad, Ángel Cano, el ex jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano; el exdirector global de Regulación y Control Interno del banco, Eduardo Arbizu; el exdirector de los Servicios Jurídicos Contenciosos de BBVA, Eduardo Ortega Martín y Manuel García Crespo, el antiguo jefe jurídico de la entidad.

La decisión se enmarca en la pieza 9 del caso Tándem, relativa a los trabajos contratados supuestamente por el banco al entramado empresarial vinculado a Villarejo. En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado recoge los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y por las acusaciones particulares y envía a juicio a la entidad financiera por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

En el caso de Francisco González, el instructor le sienta en el banquillo por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. En el caso de Corrochano, la Fiscalía solicita 243 años de prisión, la pena máxima que se puede fijar, y 173 años para Francisco González, según el escrito de acusación del Ministerio Público. En el caso de González, el expresidente de la entidad, el juez solicita penas que ascienden a 173 años.

Por estos mismos delitos también serán juzgados varios exdirectivos del banco. BBVA siempre ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad.

Los hechos del escrito

Tal y como relataba la fiscalía Anticorrupción, informa Efe, las contrataciones expuestas entre BBVA y Cenyt, así como los pagos efectuados por los servicios prestados bajo tales encargos, fueron posibles "por haber sido autorizados directamente por el presidente de la entidad y por sus más altos directivos". Todo ello en un contexto en el que el banco "carecía de un programa de prevención que contemplase la eventual comisión de ilícitos por parte de la presidencia". Pese a que aquellas contrataciones y pagos "incumplían todas las normas internas de procedimiento relativas tanto a la formalización de servicios como a la tramitación y abono de facturas", los diversos empleados que participaron en su tramitación las aprobaron, añade el escrito.

Fianza de 1,2 millones

El magistrado fija además una fianza de 1.173.333 euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles derivadas del procedimiento. En su resolución, Piña advierte de que se procederá al embargo de bienes si dicha cantidad no se deposita en el plazo de tres días.

El juez señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano encargado del enjuiciamiento de estos hechos, una vez concluida la fase de instrucción de esta pieza separada.

A partir de ahora, los abogados de los investigados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.

La apertura de juicio oral supone un nuevo avance en una de las piezas más relevantes del caso Tándem, la macrocausa en la que se investigan los trabajos presuntamente irregulares encargados a Villarejo por distintas empresas e instituciones durante los años en los que el comisario permaneció en activo.

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