El auge «tramposo» de las pensiones distorsiona el mapa hotelero de Alicante

A fecha de 11 de julio de 2026, la ciudad de Alicante ha superado con creces a Benidorm en el número de establecimientos hoteleros. El cómputo son 162 frente a los 135; sin embargo, al traducirlo en plazas, la realidad es muy diferente, pues mientras la localidad alicantina oferta 10.363 plazas, la benidormense tiene capacidad para 46.708, según datos del INE y de Turisme.

La explicación radica en que los datos esconden una trampa: las pensiones. La capital registra 114 pensiones, el 56 % de todas las que hay en la provincia. En el resto de destinos, la media es de unos ocho establecimientos por municipio. Y es que detrás de esa realidad se esconde lo que, a todas luces, las asociaciones del sector consideran un uso fraudulento por esquivar la moratoria de los pisos turísticos. Además del criterio de las dos patronales que hay en la provincia - APHA y Hosbec -, la estadísticas corroboran ese radiografía. Solo 28 de las 114 pensiones que hay en Alicante tienen más de 10 habitaciones. Es más, siete establecimientos registrados tienen tan solo 2, nueve presentan 3 y 21 ofertan 4 habitaciones.

En cuanto al calendario, se observa que las altas llegaron al son de la moratoria decretada por el Ayuntamiento de Alicante el pasado 19 de diciembre de 2024 con la que se quería poner orden a la proliferación de Viviendas de Uso Turístico (VUT). El Registro de la Generalitat Valenciana indica que, antes de la pandemia, había 33 pensiones en la ciudad -el número puede variar ligeramente por las bajas - y que se pasó de cuatro altas en 2023, a 12 en 2024; pero la friolera de 35 en el 2025, cuando estaba vigente la medida.

Denuncia y fraude

La situación supone una distorsión clara del mapa hotelero alicantino, porque se produce en un momento en el que Alicante se ha convertido en uno de los focos para los inversores en este sector.

Así, desde APHA, primero sostienen el daño que este uso fraudulento de la figura de las pensiones ocasiona a quienes trabajan desde un punto de vista profesional. «Lo que estamos viendo en Alicante no es la apertura de establecimientos con esa vocación de servicio y hospitalidad. Al contrario, determinados promotores están utilizando la etiqueta legal de ‘pensión’ -que normativamente exige menos zonas comunes o requisitos que un hotel- como un mero subterfugio para camuflar bloques enteros de viviendas turísticas automatizadas y sin personal, logrando así sortear la moratoria», subrayan.

Un paso más allá va el presidente de Hosbec, Fede Fuster, quien directamente sostiene que «consideramos que es un fraude de ley que hay que corregir y sancionar, y pedimos a las administraciones competentes que revisen el marco normativo de las pensiones para cerrar esta vía de escape».

El representante de la patronal autonómica apunta a que detrás están está «indudablemente la moratoria porque una oferta de pensiones de 2 o 3 habitaciones no es un modelo atractivo en el sector hotelero, por lo que su notable incremento en los últimos dos años se corresponde con una estrategia legal para sortearla. Esa mínima capacidad refleja que se trata de pisos con uso turístico que, como no tienen licencia como VUT, optan a través de una declaración responsable a la categoría de pensión, lo que les permite operar en el tráfico turístico. Los requisitos para esa declaración responsable son mucho más laxos que los exigidos para una licencia de vivienda turística, y es precisamente ahí donde se abre el hueco legal que se está explotando».

Las consecuencias negativas de este trampa estadísticas son dos para las asociaciones. La primera es que la ciudad y, por extensión, la provincia se aleja de la imagen de turismo sostenible y del modelo de servicios que se quiere ofrecer. APHA, por ejemplo, en este punto reivindica la necesidad de que el Ayuntamiento agilice las licencias para los proyectos hoteleros. «Más del 50% de las plazas de nueva creación en los últimos años en Alicante corresponden ya a la categoría de 4 estrellas o superior. Este es el modelo que prestigia la marca Alicante. La proliferación descontrolada de estas nuevas ‘pensiones de conveniencia’, creadas solo para esquivar la norma- degrada el espacio urbano, tensiona la convivencia vecinal en el centro y devalúa la experiencia del visitante», advierten desde la asociación alicantina.

La segunda consecuencia es esa, precisamente, el efecto perverso. «Este crecimiento artificial distorsiona los datos oficiales de oferta turística que utilizan las administraciones para planificar movilidad, servicios y promoción de la ciudad, por lo que no es solo un problema de imagen: es un problema de que se puedan estar tomando decisiones sobre una base estadística falseada», sostiene Fede Fuster.

Sobre las inspecciones, que es la medida lógica, APHA lamenta que los recursos son insuficientes; mientras que Hosbec entiende que es necesario que se reaccione tanto desde la Inspección autonómica como municipal.

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