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El Consell se ajusta al peso poblacional de Alicante en sus inversiones territorializadas al asignarle el 38,4 %

Ineca advierte de que el porcentaje es engañoso, dado que la mitad del total de la inversión no tiene provincia destinataria. El instituto denuncia que el déficit para este territorio ya alcanza los 490 millones

Francisco Llo´pis, Alfredo Millá y Santiago Carbó en la presentación del análisis.

Francisco Llo´pis, Alfredo Millá y Santiago Carbó en la presentación del análisis. / INFORMACION

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Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

Alicante

La Generalitat Valenciana ha tenido en cuenta el peso poblacional de la provincia en las inversiones territorializadas de sus presupuestos, toda vez que un 38,4 % de las mismas, o lo que es igual, alrededor de 265 millones de euros, han sido asignadas a las comarcas alicantinas. Sin embargo, el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), ha señalado que este porcentaje es engañoso, advirtiendo de que más de la mitad de las inversiones programadas por el Consell no tienen provincia asignada, y que en 2024 y 2025 se registraron los peores niveles de ejecución real de la historia. Todo en un contexto, además, en el que la provincia arrastra un déficit inversor de 490 millones de euros en los últimos 15 años.

Ineca ha presentado un análisis de los presupuestos confeccionados por la Generalitat para 2026. En presencia del presidente del instituto, Alfredo Millá, el director general de Estudios de la entidad, Santiago Carbó, y el profesor Francisco Llopis, se han encargado de desgranar los contenidos de la propuesta del Consell tanto desde el punto de vista general como desde el específico de Alicante. Y en este último caso hay tanto elementos para la esperanza como también para la decepción.

Un motivo para la satisfacción, después de años y años de reivindicaciones, es que el Consell ha ajustado las inversiones territorializadas al peso poblacional de la provincia. Es decir, si Alicante representa el 37,2 % de la población de la Comunidad Valenciana, el proyecto de presupuestos le asigna un 38,4 % de lo territorializado, lo que representa alrededor de 265 millones de euros. El 48,8 % está programado en la provincia de Valencia y el 12,9 % en la de Castellón.

La presentación del análisis de los presupuestos elaborado por Ineca.

La presentación del análisis de los presupuestos elaborado por Ineca. / INFORMACION

¿Cuál es el problema? Que, según se han encargado de destacar los expertos, más de la mitad de las inversiones, concretamente un 52,3 %, están sin territorializar, lo que, advierte el informe, y teniendo en cuenta el patrón histórico de la provincia, nada garantiza que el reparto final del resto, una vez ejecutado, vaya a ser igual de equilibrado.

Pero no solo eso, dado que según el instituto, el año pasado, sin ir más lejos, un 21,1 % de las inversiones previstas en el conjunto de la autonomía, es decir, uno de cada cinco euros disponibles, no llegó a ejecutarse. Se trata, en total, de 884 millones de euros. Además, llama la atención que el 66,5 % de ese dinero que quedó sin ejecutar, 588 millones de euros, se concentró en tres departamentos de suma importancia, como son Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda; Medio Ambiente e Infraestructuras; y Educación, Cultura y Empleo.

A ello hay que sumar, sobre todo, el déficit inversor que viene acumulando la provincia de Alicante en los últimos 15 años, atendiendo precisamente a su peso poblacional, y que Ineca cifra en 490 millones de euros. Eso supone que durante este tiempo se han recibido 938 euros por habitante frente a los 1.191 euros de la media autonómica. Es decir, que el análisis histórico de lo ejecutado en territorio alicantino solo alcanza el 78,8 % de lo que le correspondería por población, frente a una Valencia que concentra el 122,2 %. Asimismo, se ha indicado que una parte de las inversiones, principalmente las más voluminosas, llevan apareciendo en varios presupuestos consecutivos sin que hasta el momento se hayan convertido en realidad.

Reivindicación

El presidente del instituto, Francisco Millá, ha lamentado que la provincia esté arrastrando déficits inversores de envergadura tanto por parte del Gobierno central como por parte del autonómico, y ha instado a la sociedad civil alicantina a exigir que "esto no puede continuar así". Para el máximo responsable de Ineca, "después de tantos años de déficit inversor, debería haber una discriminación positiva que lo pudiera compensar". Y se ha referido al jefe del Consell, Juanfran Pérez-Llorca, señalando que "él es de Alicante, ha sido alcalde de Finestrat y seguro que habrá vivido este problema. Hay que tener más ambición para combatirlo".

Un momento de la presentación.

Un momento de la presentación. / INFORMACION

En lo que respecta las cuentas autonómicas en su contexto general, desde Ineca se destaca que la recaudación no financiera crece casi tres veces más que el presupuesto total, impulsada por el mercado inmobiliario y patrimonial. De hecho, el incremento de los ingresos ordinarios es del 9,9 %.

Por otro lado, la deuda, del 56,4 %, pesa más que el gasto, pero se financia con el excedente de ingresos, reduciendo drásticamente la emisión de nueva deuda. De igual forma, hay un repliegue extraordinario en gastos diversos, del 58,1 %. El análisis del instituto destaca que esa retirada del gasto extraordinario de 2025, justificado principalmente por la dana, oculta un crecimiento real del 5,6 % en el resto de las políticas ordinarias.

Ineca, en síntesis, asevera que el presupuesto de 2026 exhibe una clara consolidación fiscal impulsada por la recaudación patrimonial, pero que su capacidad transformadora real permanece fuertemente condicionada por deficiencias crónicas en la ejecución material y lo que considera una inaceptable opacidad territorial.

Críticas a la opacidad

Ineca se muestra muy crítico con la que considera fuerte opacidad de los presupuestos autonómicos, sobre la base de que la ausencia de asignación territorial para más de la mitad de las inversiones directas impide auditar la equidad, perpetuando desequilibrios históricos documentados.

En este sentido, el instituto exige el desglose territorial del crédito en todas sus fases de vida, al mismo nivel de accesibilidad que la clasificación orgánica o económica. También pide limitar estrictamente la etiqueta "sin territorio específico" a gastos genuinamente centralizados, excluyendo categóricamente cualquier actuación de obra civil, construcción o reforma de edificios.

Por último, solicita integrar de manera explícita indicadores poblacionales y de déficit per cápita histórico en las memorias del proyecto de presupuestos autonómicos.

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