El Congreso deja a las autonomías sin 5.849 millones de margen fiscal al tumbar la senda de déficit

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública propuestos por el Gobierno para el periodo 2027-2029, un trámite previo a la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Los votos en contra de PP, Vox y Junts han impedido que salga adelante la nueva senda fiscal y obligarán al Ejecutivo a someterla a una segunda votación, prevista para el próximo 23 de julio.

El acuerdo establecía un objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 1,8% del producto interior bruto en 2027, que se reduciría al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. En el caso de las comunidades autónomas, Hacienda proponía permitir un desfase del 0,1% del PIB durante los tres ejercicios, mientras que los ayuntamientos debían mantener el equilibrio presupuestario.

El rechazo afecta especialmente a los gobiernos autonómicos, que se juegan un margen fiscal de 5.849 millones de euros en el conjunto del periodo. Solo en 2027, la décima de déficit ofrecida por el Ministerio de Hacienda representa aproximadamente 1.869 millones de euros de capacidad presupuestaria adicional para las comunidades.

No se trata, en sentido estricto, de transferencias que el Estado vaya a dejar de entregar a las autonomías, sino de la posibilidad de financiar una parte de sus gastos mediante déficit. La aprobación de la senda les permitiría disponer de más margen para sostener servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda sin tener que compensar inmediatamente esos desembolsos con nuevos ingresos.

Si los objetivos vuelven a ser rechazados en la segunda votación, Hacienda sostiene que las comunidades deberán elaborar sus presupuestos con una referencia de equilibrio presupuestario, es decir, con un déficit del 0%. En ese escenario desaparecería la décima de margen propuesta para cada uno de los tres años, lo que limitaría su capacidad de gasto o las obligaría a buscar ingresos adicionales y realizar ajustes en otras partidas.

Tras el primer rechazo, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe remitir un nuevo acuerdo a las Cortes Generales en el plazo máximo de un mes. El Ejecutivo maneja el 23 de julio como fecha para repetir la votación y, en principio, tiene previsto mantener los mismos objetivos, aunque la falta de apoyos vuelve a situar el resultado en el aire.

No afecta al techo de gasto

El revés parlamentario no afecta formalmente al techo de gasto de los Presupuestos de 2027, aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada. El límite de gasto no financiero se eleva hasta los 226.032 millones de euros, la cifra más alta autorizada hasta ahora, con un incremento del 6,6% respecto al ejercicio anterior y 14.006 millones adicionales.

A diferencia de los objetivos de estabilidad, el techo de gasto no necesita la autorización del Congreso. Sin embargo, la senda de déficit constituye el marco de referencia sobre el que el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales deben elaborar sus respectivos presupuestos. Su bloqueo añade incertidumbre al proceso y vuelve a evidenciar las dificultades parlamentarias del Gobierno para aprobar unas nuevas cuentas públicas.

El Ejecutivo defiende que el techo de gasto permitirá diseñar unos Presupuestos con recursos récord para políticas como la vivienda, las becas, la dependencia, la lucha contra la violencia machista y la investigación, el desarrollo y la innovación. Incluso sin contabilizar los fondos del Plan de Recuperación, que ya no se incluyen en este límite, el gasto nacional aumentaría un 4,6%.

Hacienda también ha propuesto que el gasto computable de las comunidades y los ayuntamientos pueda crecer un 4% en 2027, un 3,8% en 2028 y un 4,6% en 2029, frente al 3,5% fijado para este año. La regla de gasto determina cuánto pueden aumentar los desembolsos de las administraciones, excluyendo conceptos como las prestaciones por desempleo, los fondos europeos o el efecto de determinadas modificaciones tributarias.

La posibilidad de incrementar el gasto, sin embargo, no equivale a contar con financiación para cubrirlo. Si finalmente se exige equilibrio presupuestario a las autonomías, estas podrán aumentar sus desembolsos dentro de los límites de la regla, pero deberán disponer de ingresos suficientes para evitar cerrar el ejercicio en números rojos.

La senda ya había sido aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el respaldo de las comunidades de régimen común gobernadas por el PSOE y el rechazo de todos los consejeros autonómicos del PP. Los populares consideran insuficiente el déficit del 0,1% y acusan al Gobierno de reservarse un margen mayor para la Administración central.

Pese al rechazo de este martes, el Ejecutivo mantiene su intención de presentar el anteproyecto de Presupuestos de 2027 ante el Consejo de Ministros después del verano, en una fecha todavía sin concretar. El nuevo intento llegará en un contexto político especialmente complejo, a las puertas de un año marcado por la celebración de elecciones municipales y autonómicas y con una mayoría parlamentaria que continúa sin estar garantizada.

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