La Comisión Europea pide una revisión del Impuesto sobre el Patrimonio en España

La Comisión Europea cuestiona el Impuesto sobre el Patrimonio en España. Un informe de 'Wealth Taxation, Inclding Net Wealth, Capital and Exit Taxes' señala que se debería hacer una revisión de este tributo y pone en la diana al país por ser el único país en mantenerlo.

Este documento elaborado por Bruselas no exige la supresión de este impuesto, sino que pide un rediseño porque es un sistema complejo que genera ciertas distorsiones económicas notables en las que no se cumple en plenitud con los objetivos propuestos.

Señala que ese gravamen que está vigente en España se halla en un sistema que convive con tensiones estructurales significativas en donde se intenta realizar una redistribución de la riqueza de los niveles más altos pero afectando a bases patrimoniales muy heterogéneas en un escenario de descentralización autonómica.

"La experiencia de España pone de relieve la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno: las reducciones fiscales aprobadas por algunas comunidades autónomas han erosionado la base imponible nacional, lo que llevó a la creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de restablecer la coherencia del sistema y reforzar su equidad", señala el informe elaborado por la Unión Europea.

También apuntan a que la capacidad administrativa es vital para que la gestión de este patrimonio sea más eficaz. Señalan que la clave para responder a esta cuestión de una manera óptima es que los registros patrimoniales sean completos, la digitalización de los recursos y unos mecanismos sólidos de control son claves para su buen funcionamiento. Además, piden una mayor transparencia para que este gravamen sea útil en el sistema.

El impuesto sobre el patrimonio es directo y de carácter personal que se puso en marcha en 1977 con el objetivo de incrementar la recaudación y obtener información sobre la riqueza de los contribuyentes.

Este tributo es progresivo y está cedido a las comunidades autónomas, que pueden regular aspectos como el mínimo exento, la tarifa y las deducciones. Hace cuatro años, el impuesto sobre el Patrimonio comenzó a convivir en España con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Lo que se pretende era que se garantizara una tributación mínima de los grandes patrimonios a nivel nacional y así evitar diferencias muy amplias derivadas de la normativa autonómica.

CEOE y Economistas critican su eficacia

El Colegio de Economistas están de acuerdo con la afirmación que se hace desde Bruselas y en el informe anual sobre Renta y Patrimonio señaló que la tributación de la riqueza en España se ha vuelto compleja debido a las diferencias regionales, cuestionando la competitividad del modelo frente a otros países europeos.

La recaudación por IRPF alcanzó los 142.466 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al ejercicio anterior, en un contexto en el que los ingresos tributarios totales del Estado crecieron un 10,4%.

De igual manera, consideran que afecta de manera clara al equilibrio entre comunidades autónomas. Un ejemplo claro es la tributación en Madrid frente a otras comunidades, donde bonificaciones o exenciones provocan fugas de capitales y pérdidas recaudatorias millonarias en el conjunto nacional.

Desde la CEOE señalan que este impuesto reduce la competitividad en España frente a otros países que no tienen este gravamen porque penaliza en el ahorro y al inversor.

El impuesto de Patrimonio es una especie en peligro de extinción entre las potencias del continente europeo. Países Bajos, Alemania, Suecia o Francia lo abolieron hace unos 10 años por la manera en la que afectaba al ahorro de sus habitantes.

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