El Ayuntamiento de Alicante obliga a Digital Corner a derribar la planta ilegal de la Cámara de Comercio

El Ayuntamiento de Alicante obliga a Digital Corner a derribar la planta ilegal de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante. La Concejalía de Urbanismo ha concedido este jueves a la mercantil la licencia de obra mayor, con una vigencia de un año, para culminar la reforma del Centro de Negocios Panoramis Life & Business. Sin embargo, la autorización llega acompañada de una condición ineludible, la empresa deberá eliminar la planta adicional levantada sin licencia en parte de los antiguos multicines y restituir el edificio a la legalidad urbanística en un plazo máximo de seis meses.

La resolución municipal, emitida este jueves después de que INFORMACIÓN desvelara en abril de 2025 que la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante se estaba construyendo sin licencia, condiciona la autorización para llevar a cabo los trabajos a derribar esa segunda planta no permitida. Además, la mercantil deberá adaptar la terraza ubicada en la zona común del restaurante Dársena al proyecto reformado presentado para ajustarse a los parámetros urbanísticos de ocupación máxima permitidos por el Plan General.

El decreto, firmado por la Concejalía de Urbanismo que dirige Antonio Peral, determina expresamente que la segunda planta construida en algunas de las antiguas salas de cine no puede mantenerse. El documento sostiene que, conforme a la normativa urbanística autonómica, "se ha de proceder a la restauración de la legalidad infringida" por parte de los cesionarios de los locales que levantaron una planta intermedia adicional, generando una segunda planta, en el espacio de algunas salas de los antiguos multicines por "no resultar la misma legalizable por suponer un incumplimiento del número máximo de plantas permitidas" y, además, un "exceso de la edificabilidad máxima permitida que con las obras de ampliación y modificación aquí autorizadas se ha visto agotada".

La resolución añade que esa construcción no admite regularización porque las obras ahora autorizadas ya agotan la edificabilidad máxima prevista para el edificio. Por ello, establece que deberá llevarse a cabo "la reposición material de lo indebidamente ejecutado y de los elementos ilegalmente construidos, que configuran una segunda planta ilegalizable". En la práctica, esta condición obliga a Digital Corner a eliminar esa planta adicional y adaptar el inmueble al proyecto reformado que finalmente ha recibido el visto bueno de los técnicos municipales.

Otros condicionantes

La licencia incorpora además una serie de condicionantes dirigidos a garantizar que el edificio respete los parámetros urbanísticos de ocupación y edificabilidad. Entre ellos figura la obligación de adaptar la terraza situada en la zona común del restaurante Dársena al proyecto reformado presentado por la empresa. El Ayuntamiento entiende que la ocupación realizada supera la permitida y exige recuperar la configuración prevista para cumplir la normativa. "Ha de proceder al desmontaje de las instalaciones y bienes muebles existentes con destino de uso privativo que ocupan la zona común de libre circulación", indica el decreto.

En este mismo sentido y en cumplimiento de la normativa del Plan General también, Urbanismo fija que "los cerramientos que delimitan el pasillo de libre circulación en primera planta deberán tener la consideración de exteriores (fachadas), no permitiéndose ninguna puerta intermedia o similar en su recorrido". El objetivo es devolver esas superficies a su función original y evitar que queden reservadas para un uso exclusivamente privado.

La resolución también deja claro que no podrá ocuparse ni modificarse ningún espacio abierto o zona común de circulación sin contar previamente con autorización municipal y de la Autoridad Portuaria. "No se permite, sin autorización previa municipal y de la Autoridad Portuaria, la ocupación de los espacios abiertos y zonas comunes de circulación o su modificación definidos en el estado reformado del proyecto, pues ello conlleva la alteración de los parámetros urbanísticos de edificabilidad y en algunos casos los de ocupación", señala el decreto.

Documentación a aportar

Por último, el decreto señala que, una vez concedida la licencia de obra mayor y antes de comenzar las obras de reforma y adaptación a la legalidad urbanística, la concesionaria del puerto deberá presentarse ante el Ayuntamiento el proyecto de ejecución de la edificación, firmado y visado, junto a una declaración responsable de que "no introduce modificaciones que supongan la realización de un proyecto diferente al inicialmente autorizado, indicando en su caso, las variaciones de detalle que se hubieran incorporado".

En este caso, el Ayuntamiento dispondrá de 30 días para verificar dichas circunstancias, transcurridos los cuales se entenderá que no existe inconveniente alguno para el inicio de las obras, sin perjuicio de la posterior facultad de inspección, supervisión y control municipal y sin perjuicio de la obligación de demoler, sin derecho a indemnización, aquello que se ejecute y que no se adecúe al proyecto presentado validando por los informes técnicos municipales.

Además, se solicitan otros documentos relacionados como el anexo de acometidas de servicios públicos, el estudio de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y plan de gestión de residuos, así como el certificado de eficiencia energética.

La oposición exige responsabilidades políticas

Tras conocerse el decreto urbanístico, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, aseguró que el documento "desmonta cualquier intento de normalizar lo ocurrido en Panoramis". A su juicio, el hecho de que el Ayuntamiento obligue ahora a demoler una planta que considera "ilegalizable" evidencia que "alguien permitió que se ejecutara y alguien toleró que permaneciera". Por ello, Barceló reclamó que se esclarezcan las responsabilidades y se explique "por qué el Ayuntamiento ha tardado tanto en actuar" y "quién asumirá las responsabilidades políticas y administrativas", al tiempo que defendió que "la legalidad urbanística debe aplicarse con el mismo rigor para todos, sin excepciones" y puso el foco en la ayuda concedida por la Generalitat a la Cámara de Comercio para la construcción de su nueva sede

La portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, aseguró que la resolución de Urbanismo evidencia que "las cosas no se hicieron correctamente desde el principio" y que ahora se intenta resolver, "con años de retraso, un problema urbanístico que nunca debería haber llegado hasta este punto". Robledillo recordó que las obras de la futura sede de la Cámara de Comercio comenzaron con una tramitación que los técnicos municipales consideraron insuficiente y sostuvo además que el expediente ha acumulado "cambios, retrasos y contradicciones" que el Ayuntamiento debe explicar, al considerar necesario aclarar qué responsabilidad corresponde a cada una de las partes implicadas y por qué la ejecución de las actuaciones para restaurar la legalidad recae ahora sobre Digital Corner como concesionaria de Panoramis.

Por su parte, la concejala de Compromís, Sara Llobell, defendió que "las normas urbanísticas deben cumplirse por igual, independientemente de quién promueva el proyecto", y sostuvo que "no puede haber un trato distinto entre las grandes inversiones y cualquier vecino o vecina de Alicante". No obstante, Llobell consideró "llamativo" que, mientras el gobierno municipal "sí encontró la fórmula para legalizar las plantas del hospital privado de Vistahermosa", en este caso se haya llegado a una situación que, a su juicio, "evidencia una gestión cuanto menos deficiente" y afirmó que "da la sensación de que el PP utiliza la concejalía al servicio de sus propias luchas internas, en lugar de garantizar una actuación coherente, rigurosa y basada en el interés general".

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, afirmó que este expediente "retrata el urbanismo a la carta de Barcala" y comparó la actuación municipal con la seguida en el hospital privado de Vistahermosa. Copé recordó que cuando ese centro sanitario construyó dos plantas al margen de la licencia, "el PP modificó el planeamiento para legalizar más de 4.000 metros cuadrados y prometió una 'sanción histórica' de la que todavía no se ha cobrado un euro". En cambio, Copé señaló que ahora, "cuando las obras están vinculadas a Carlos Baño, enfrentado públicamente con el alcalde, Urbanismo las declara ilegalizables y ordena su demolición" y sostuvo, además, que "los informes técnicos no pueden servir de coartada", al considerar que "los técnicos informan, pero el gobierno decide si modifica el planeamiento".

Suscríbete para seguir leyendo