La provincia de Alicante se ha convertido en un tapón desde el que se intenta evitar la propagación al resto de la Península de la xylella fastidiosa, una bacteria fitosanitaria que ataca sin posibilidades de curación a los almendros. Para ello se ha procedido hasta el momento a la destrucción de nada menos que 100.000 árboles, una medida impulsada desde la Conselleria de Agricultura que mantiene en pie de guerra a los productores afectados. Esta situación se registra, además, en un contexto de desplome de los precios, circunstancia que desde el sector se atribuye a la competencia de las almendras norteamericanas y a la laxitud de las autoridades comunitarias, al no incluir este producto en el listado de los que cuentan con sanciones arancelarias.
La provincia alicantina, así como una pequeña zona del sur de Valencia, constituyen el único enclave de la Península -en España ya se había detectado este problema con anterioridad en las Islas Baleares- en la que se ha constatado la presencia de la xylella fastidiosa. Se trata de una bacteria que ataca a especies como la vid, el olivo, el ciruelo, el melocotón, el limonero o el almendro, así como a otros que no producen frutos, como el laurel. Los vectores o agentes transmisores de la enfermedad son insectos que se alimentan del xylema de las plantas. En este caso, la xylella se ha cebado con los almendros, además de con otros vegetales de carácter forestal. El número de municipios afectados asciende hasta la fecha a 72, ubicados en las comarcas de la Marina Baixa, la Marina Alta, l’Alcoià, El Comtat y l’Alacantí. Cabe reseñar que este problema se está registrando en una de las principales zonas productoras de España. La Comunidad Valenciana, de hecho, comparte con Castilla-La Mancha el tercer puesto en el ranking de producción de almendra con 35.000 toneladas, por detrás de Andalucía, que recolecta 112.000, y Aragón, que llega a 60.000. A continuación se encuentran Murcia, con 25.000, y Cataluña, con 22.000.
Con el objetivo de frenar la propagación tanto en la propia provincia como en el resto de regiones peninsulares, la Conselleria de Agricultura, siguiendo las instrucciones de la Unión Europea, está aplicando desde hace cuatro años un plan de erradicación que ya se ha llevado por delante 100.000 almendros, lo que ha reducido la producción en cerca de 500 toneladas, una cifra que supone el 22% del total. Hasta el momento, la actuación consistía en la eliminación de los árboles situados en un radio de 100 metros alrededor de los ejemplares afectados. Este impacto se ha reducido recientemente con una nueva normativa de la propia UE, que disminuye el radio de acción a 50 metros. Esta decisión, en la práctica, supone que el número de almendros pendientes de arrancar pasa de 300.000 a 81.000.
Según ha venido insistiendo el director general de Agricultura, Roger Llanes, los trabajos llevados a cabo son una exigencia de las autoridades comunitarias, que descartan un plan de contención como el que se está aplicando en las Islas Baleares, que sólo elimina los ejemplares afectados, ya que en este caso se ha tenido en cuenta el factor de insularidad y que, por tanto, están aisladas por el mar. Sin embargo, ni estas explicaciones, ni el menor impacto con el cambio de normativa, están logrando aplacar las protestas de los agricultores afectados y de las organizaciones que les respaldan. El presidente de la Asociación Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante, Eladio Aniorte, señala que, «si la plaga está extendida y afecta a numerosas especies del sotobosque, como es el caso, de nada sirve el arranque indiscriminado y gratuito de almendros sanos. Se trata de una estrategia unidireccional, violenta y fallida en la que está resultando peor el remedio que la enfermedad. Además, las indemnizaciones que están recibiendo los agricultores son talmente irrisorias».
No tienen la misma opinión en La Unió de Llauradors, donde sí son partidarios del plan de erradicación, sobre la base de que, «desgraciadamente, no hay otras soluciones para combatir el problema», enfatiza Juan Pastor, productor afiliado a esta entidad. Sí reclama, en cambio, «mayores indemnizaciones, y que éstas lleguen sin retrasos». Y, como a perro flaco todo son pulgas, el sector se está viendo afectado esta campaña por un más que preocupante desplome de las cotizaciones. Según se destaca desde la misma organización, el precio de la almendra común, que representa más del 65% de la producción, se ha venido abajo desde 2015 en casi un 200%, mientras que sobre la campaña anterior lo ha hecho en un 85%. El responsable del sector de los frutos secos en el conjunto de la Comunidad Valenciana dentro de La Unió, Ricardo Beltrán, identifica la especulación, las prácticas desleales y la falta de transparencia en la formación de los precios como las principales causas para haber llegado a la situación actual. «Contamos con una cadena alimentaria que continúa presentando graves desequilibrios, lo que causa un perjuicio al sector productor que este año se ha visto agravado por el coronavirus y el cierre de la hostelería», lamenta. Beltrán también apunta a la pérdida de competencia de las producciones autóctonas frente a las procedentes de otros países donde producir es mucho más económico por el nivel menor de exigencias de todo tipo. En este sentido, critica que la Unión Europea «no incluyese a las almendras norteamericanas en el listado de productos con sanciones arancelarias, y que el Gobierno español no haya insistido lo suficiente a este respecto».
La puntilla la pone la cosecha, que esta campaña se ha reducido a casi la mitad por los hongos generados por el exceso de humedad propiciado por las abundantes lluvias de principios de año. Así lo atestiguan en La Trencadora, cooperativa ubicada en Castalla dedicada a la comercialización de la almendra para turrones y otros tipos de consumo, que ha visto cómo su actividad se ha reducido este año de manera más que notable.
