Si en muchas ciudades los usuarios ya empiezan a tener problemas para localizar cajeros de su entidad y cada vez tienen que ir más lejos para encontrar una sucursal, en el mundo rural los servicios financieros se han convertido en todo un lujo para una población que, además, por su perfil de edad está poco acostumbrado a los nuevos medios digitales. Sólo en el caso de la provincia de Alicante, son más de 40.000 personas las que residen en alguno de los 59 municipios que ya no tienen sucursal bancaria al uso, según los datos oficiales del Banco de España, lo que les obliga en muchos casos a desplazarse kilómetros para realizar cualquier operación que requiera de presencia física o tirar de familiares o conocidos para que les saquen dinero en efectivo, aprovechando algún viaje.

Es lo que se conoce como exclusión financiera, un fenómeno que seguirá en aumento en los próximos años, a medida que las entidades sigan recortando unas redes que ya no les ofrecen los dividendos de antaño. «La consolidación va a continuar en el sector financiero. En el entorno actual de tipos bajos, los bancos tienen un problema de rentabilidad y una forma de mejorar sus cifras es recortar gastos, lo que significa cerrar oficinas. Además, los supervisores han dejado clara su posición favorable a esta consolidación, incluso a nivel transnacional», explica la profesora de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante y especialista en el sector financiero Gloria Pardo.

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Así las cosas, está claro que los recortes van a seguir y lo que nadie tiene claro es cuándo se tocará hueso. Las cifras hablan por sí solas. La provincia llegó a tener 1.770 sucursales operativas en el año 2008, de las que al pasado mes de septiembre ya sólo quedaban 780 abiertas. Para dar una idea, son las mismas que había en 1979, cuando la provincia contaba con 1,1 millones de habitantes frente los 1,9 actuales.

Como es lógico, el mercado manda y las pequeñas poblaciones fueron las primeras en quedarse sin servicio, aunque la situación no es la misma en todas ellas. Algunas, las más afortunadas, como en Benilloba o Tibi, cuentan con agencias financieras -es decir, autónomos que ejercen de intermediarios de una entidad-, que salvan la situación. Una fórmula que están utilizando algunas cajas rurales foráneas, como Eurocaja, para hacerse un hueco en la provincia, ocupando plazas abandonadas por otros bancos. De cara a los clientes, apenas hay diferencias con una sucursal normal, pero para la caja es mucho más barato que mantener una sucursal propia ya que es el intermediario el que asume muchos de los costes y va a comisión.

Otras poblaciones logran conservar el cajero automático, en ocasiones, tras una dura batalla de sus habitantes para «convencer» a la entidad para que lo deje. «Salimos hasta en la tele nacional», recuerda el alcalde de Alcoleja, Quico Fenollar, sobre las protestas que organizaron hasta que consiguieron que el Sabadell aceptara poner el dispensador, a cambio de que el Ayuntamiento corriera con los gastos. «Si no podemos ofrecer ni unos mínimos servicios, es normal que nadie quiera venir a vivir a los pueblos y acabarán muertos», se lamenta el regidor, que señala que la deficiente cobertura de internet tampoco facilita que los habitantes de estos núcleos puedan pasarse a los canales digitales. «Se corta y acabas haciendo tres veces la transferencia. Luego tardan un año en devolverte el dinero», se queja.

La peor parte se la llevan las poblaciones donde no hay ningún tipo de infraestructura, como en l’Alquería, donde los vecinos que quieren tener efectivo se ven obligados irremediablemente a desplazarse. «Es fundamental y necesario, y de justicia social. Igual que queremos que haya médico o comercios, un cajero es imprescindible», insiste el primer edil del municipio, Jaume Pascual.

La mayoría de estas poblaciones apenas tiene unos pocos cientos de habitantes, pero el desierto financiero engulle cada vez a municipios de mayores dimensiones. Daya Nueva cuenta con más de 1.700 habitantes, pero eso no impidió que de la noche a la mañana se quedaran sin sucursal. «Vinieron un viernes a verme y me dijeron que cerraban el lunes. Y aquí hay negocios, hay población, tenemos un polígono con empresas. No entiendo que no sea rentable», recuerda la alcaldesa, María Teresa Martínez, que señala que muchos comerciantes se ven obligados a ir a otras poblaciones a ingresar la caja del día. Martínez ha intentado negociar con otras entidades para que abran oficinas, pero no ha habido suerte. «La gente mayor no se acostumbra a lo digital y hay operaciones para las que necesitas hablar, negociar con personas, no todo se puede hacer a distancia», insiste la edil.

Para paliar las situaciones más extremas, el Consell ha puesto en marcha un proyecto con el que pretende subvencionar a las entidades para que instalen cajeros en núcleos de población donde ahora no tienen ni siquiera este servicio. «Es importante. Es simplemente la diferencia entre facilitar la actividad económica o no facilitarla», asegura la directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (Avant), Jeannette Segarra. El problema es que las entidades no mostraron demasiado interés, lo que obligó a la Generalitat a suspender la convocatoria el pasado verano. Ahora acaba de publicar las nuevas bases, que han flexibilizado las condiciones requeridas para ver si los bancos u otro tipo de gestores se animan a participar.

Por su parte, las entidades lanzan sus propios proyectos para tratar de dar servicios a estos clientes. Bankia o Cajamar, por ejemplo, tienen autobuses que pasan regularmente por las poblaciones, una o dos veces por semana, en los que se pueden realizar gestiones como en una sucursal. El Sabadell ofrece convenios a los ayuntamientos para mantener cajeros en zonas no rentables y la última iniciativa del Santander es un acuerdo con Correos, que permite que sus clientes puedan ingresar o retirar dinero en cualquier delegación del ente público o, incluso, que el cartero le lleve efectivo a domicilio. CaixaBank, por su parte, se comprometió en 2019 a no abandonar ninguna población menos de 10.000 habitantes. También operadores independientes como Euronet han puesto en marcha programas en los que ofrecen a ayuntamientos y otras administraciones la posibilidad de instalar terminales en zonas desatendidas por las entidades tradicionales.

En cualquier caso, lo cierto es que la gran apuesta de todas las entidades pasa por acelerar su digitalización, con el objetivo de que las oficinas físicas sean totalmente prescindibles, y señalan el gran salto que ha supuesto la pandemia para que los mayores se animen a usar internet. Habrá que ver si será suficiente para contener el aumento de la exclusión financiera.