El Banco de España lanzaba la alerta el pasado diciembre. Tras más de nueve meses de una crisis excepcional provocada por la pandemia del coronavirus, hasta el 19% de las empresas se encontraba en situación de insolvencia -es decir, arrastraban ya una deuda que les iba a resultar muy difícil de devolver con los ingresos esperados en los próximos años-, y hasta un 10% corrían el riesgo de resultar completamente inviables. En otras palabras, que empezaban a proliferar las empresas «zombis», que sólo consiguen seguir respirando gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar los efectos del covid

Una situación que desafortunadamente no ha mejora en el tiempo transcurrido desde entonces. Al contrario. Como asegura el director de Economía y Análisis de la patronal autonómica CEV, Ricardo Miralles, la evolución de la pandemia ha situado la economía en «el peor de los escenarios previstos a finales de 2020», por lo que «la realidad en la provincia de Alicante y, por extensión, en toda la Comunidad, ahora mismo es incluso más severa». 

Lo que en un primer momento fue un problema de liquidez para muchos negocios, que se vieron de un día para otro sin ingresos para afrontar sus gastos corrientes, ahora está mutando hacia «un problema de solvencia en un cada vez mayor número de empresas», según explica Miralles. Unas empresas que aumentaron su deuda  -a través de los ICO- para prepararse para el impacto del covid, pensando que la duración sería más corta, y que ahora no saben     cómo devolverán a los bancos el dinero de estos nuevos créditos y los que ya arrastraban con anterioridad.

Como apunta el socio fundador y CEO de Devesa & Calvo Abogados, David Devesa, los ERTE y los ICO se han convertido en «un arma de doble filo» para muchos negocios, a los que han conseguido salvar de la quiebra inmediata, pero que ahora suponen un lastre para una recuperación menos rápida de la prevista. 

«Hay empresas que están en situación crítica, muertas, pero anestesiadas por estas medidas y el problema es que siguen en el mercado, haciendo operaciones con unos proveedores que desconocen su situación real, y que pueden verse arrastrados si finalmente acaban quebrando», alerta Devesa, sobre la reacción en cadena que puede producirse en los próximos meses. 

«Hay muchas empresas cerca del punto de no retorno, aunque la situación es desigual por sectores y por tamaños. Las grandes tienen más recursos para aguantar, pero las pymes ya empiezan a tener problemas de refinanciación», apunta también Sergio Serrano, director general en Gesem Asesoramiento Financiero AV. 

En cualquier caso, tanto Serrano, como el resto de consultados para este reportaje coinciden en que, a pesar de los efectos secundarios que ahora puede tener, el plan de avales del ICO era absolutamente necesario, y ha salvado al tejido productivo de una mortandad mayor. «Era una situación totalmente excepcional y había que tomar medidas excepcionales», defiende el directivo de Gesem. 

Ayudas directas

Lo que plantean desde la CEV es que ahora es necesario dar un paso más allá y ayudar a las empresas con subvenciones directas o con inyecciones de capital, en línea con las medidas que ya ha empezado a tomar la Generalitat. Es decir, apoyos que no supongan un nuevo aumento del endeudamiento y que, por el contrario, refuercen sus recursos propios. El Instituto Valenciano de Finanzas ya ha anunciado la creación de varios fondos de inversión con participación pública para incentivar el rescate de empresas con problemas de solvencia, pero que todavía sean viables, aunque será necesario sumar más esfuerzos. 

Sea como fuere, lo que parece indudable es que en el momento en que empiecen a finalizar las carencias de los créditos avalados por el ICO -el Gobierno ha prorrogado el plazo inicial con la esperanza de que la economía remonte algo el vuelo- y se levante la actual moratoria sobre los concursos de acreedores, muchas empresas se van a ver abocadas a acudir a los juzgados para acogerse a este proceso. De hecho, ya hay empresas que empiezan a preparar los papeles «porque no le ven salida a su situación y no quieren esperar a que se deteriore más», explica Cayetano Sánchez Butrón, de Sánchez Butrón Abogados, que calcula que, como mínimo, los procedimientos se van a duplicar este año. «Muchas empresas esperaban una recuperación a final de año, pero no ha llegado», insiste el letrado. 

Los datos del último trimestre del año ya reflejan esta tendencia: las solicitudes de concurso se dispararon un 45% en la provincia, hasta sumar un total de 108.

Además, las perspectivas no son nada buenas. El experto señala que cerca de la mitad de la firmas que recurran a esta figura lo harán directamente para ir a liquidación, otro 25% podrá salvar la unidad productiva -cuando el empresario pierde la propiedad pero el negocio se vende para que siga funcionando-, y sólo otra cuarta parte serán concursos de continuidad. 

Ante este panorama, tanto Cayetano Sánchez Butrón como David Devesa recuerdan que siempre hay más posibilidades de salir a flote cuanto antes se tomen las medidas necesarias, por lo que creen que sería un error retrasar la solicitud de concurso si se tiene claro que no se podrá afrontar la devolución de la deuda, aunque la moratoria exima de esa obligación, de momento, hasta el mes de marzo. 

Lo que no ven como una buena alternativa en ningún caso es la opción de bajar la persiana sin más, sin un proceso de liquidación ordenada, lo que podría derivar para los administradores de la empresa en responsabilidades personales, como recuerdan los expertos. Por desgracia, es una práctica que sigue siendo demasiado habitual en la provincia.

Más de 4.000 millones avalados con los IC0

El salvavidas que lanzó el Gobierno con los avales del ICO ha permitido la supervivienda de decenas de miles de empresas, que vieron drásticamente reducido su flujo de caja con la llegada de la pandemia, pero también ha supuesto un aumento del volumen de deuda que arrastra el sector empresarial. En el caso de la provincia de Alicante, han sido 25.627 las compañías que ha recurrido a estos instrumentos, lo que significó la concesión de 4.072 millones de euros en nuevos préstamos, según el balance a 31 de diciembre que ofrece el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Aunque el plazo para solicitarlos sigue abierto -en principio, hasta el mes de junio- desde el sector financiero reconocen que el ritmo de nuevas solicitudes es muy inferior al que se produjo en los primeros meses y que no se prevén grandes aumentos de este saldo, lo que indica que en estos momentos ya no es la liquidez lo que más preocupa a los gestores empresariales que, por el contrario, lo que empiezan a consultar es la posibilidad de reestructurar los plazos de su deuda. Algo que ven con buenos ojos desde las entidades. «Las empresas deben ajustar sus pasivos al nuevo nivel de ingresos que prevén en los próximos años, y eso va a implicar alargar los plazos para adecuarlos a su nueva capacidad de pago», apunta un ejecutivo de un banco con fuerte implantación en la zona, que prefiere guardar el anonimato. Una renegociación que, cómo es lógico, supondrá un encarecimiento de costes y, en muchos casos, la aportación de nuevas garantías, que es lo que más temen los empresarios.

Los bancos esperan un aumento de las peticiones para reestructurar deuda y aumentar plazos

«Las empresas que van a tener problemas son las que no han ajustado su modelo de negocio a la nueva realidad y se han limitado a esperar a que escampe. Por el contrario, hay otras que van a salir reforzadas porque han hecho los deberes», señala el citado ejecutivo.

Desde el sector financiero también apuntan que la actual situación va a favorecer un aumento de las compras empresariales, ya que va a ser más difícil crecer de forma orgánica, por lo que muchos optarán por hacerse con algún competidor para expandir su negocio. Una tendencia que también se verá favorecida por las bajas valoraciones que en estos momentos arrastran muchos negocios, por el actual contexto de crisis. Eso sí, de momento, los bancos aún no han detectado un aumento de la morosidad, aunque recuerdan que todavía no ha acabado el plazo de carencia de los avales del ICO, lo que significa que aún no se han empezado a devolver esos préstamos.