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Unos 90.000 alicantinos tienen problemas para contratar pólizas de salud o de vida por tener una discapacidad, por haber pasado una enfermedad grave o por padecer una dolencia crónica y todo pese que la ley los protege

Excluidos del seguro

Gloria Toledo en su 
correduría de seguros 
de Alicante. | Manuel 
R. Sala

Gloria Toledo en su correduría de seguros de Alicante. | Manuel R. Sala

Contratar un seguro de salud o de vida debería ser algo bastante sencillo. Al fin y al cabo, a las aseguradoras les conviene tener el mayor número de clientes posibles, y ofrecen todo tipo de facilidades de pago y de contratación para captar el mayor número de usuarios. Sin embargo, lo que puede parecer fácil para la mayoría se convierte en una misión imposible cuando el interesado sufre alguna discapacidad, tiene alguna condición de salud crónica o ha sufrido en el pasado alguna enfermedad grave.

Entonces las puertas de las compañías se cierran, exigen precios disparados o sólo ofrecen productos específicos a través de convenios con asociaciones, que no siempre cubren lo mismo que el resto de pólizas. Da igual si, por ejemplo, el afectado necesita el seguro para que le concedan la hipoteca, o si es una familia que busca atención para sus hijos.

Lo saben bien en la Unión de Diabéticos de Alicante. «En cuanto les dices que tienes azúcar, ya no te quieren coger en ninguna compañía. No nos quieren hacer ni los seguros para los viajes», explica su secretario, Alfredo Sánchez.

En total, sólo en la provincia son más de 90.000 personas las que se ven afectadas por esta forma de exclusión, una cifra que supera los 2,6 millones a nivel nacional, de acuerdo con los cálculos del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Alicante, que hace sólo unos días organizaba una jornada, junto a Asufin y Pulso Legal, para analizar este problema al que cada vez se enfrentan con mayor frecuencia las corredurías, atrapadas entre la negativa de las compañías y las necesidades de sus clientes.

Excluidos del seguro

Una ley avanzada

«El problema es que asumimos estas exclusiones como si fueran normales, como algo lógico, cuando la ley dice que no puede haber discriminación», señala el presidente del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Alicante, Florentino Pastor. En concreto, el portavoz de los mediadores hace referencia a las disposiciones adicionales 4 y 5 de la Ley de Contrato de Seguro, que establecen, respectivamente, la prohibición de discriminar a las personas con discapacidad y a los portadores de VIH «u otras condiciones de salud».

Unas disposiciones que especifican que no se puede denegar el acceso a las pólizas a estos colectivos ni tampoco canalizarlos por cauces de contratación distintos a los generales ni exigirles «condiciones más onerosas», es decir, subirles los precios.

Se trata, de hecho, de una de las legislaciones más avanzadas en esta materia, hasta el punto de que desde la Asociación Europea contra el Cáncer se han interesado por su funcionamiento, como explica la presidenta de la asociación de consumidores Asufin, Patricia Suárez. «Simplemente, no se aplica», denuncia la experta.

Los casos que relatan los profesionales son de lo más variado y reflejan hasta qué punto se siguen produciendo estas discriminaciones, a pesar de lo que dice la normativa. Por ejemplo, a las personas invidentes o con discapacidad auditiva se les suelen negar los seguros de accidentes, según explica el presidente del Colegio de Mediadores. Igualmente, quienes tienen algún tipo de enfermedad mental o las familias con algún miembro con síndrome de Down lo tienen muy complicado para contratar seguros de salud.

Y lo mismo ocurre con quienes tienen VIH o, por ejemplo, padecieron un cáncer o alguna otra enfermedad grave. En este caso, Pastor señala que las compañías pueden excluir el tratamiento de la enfermedad cuando se solicita la póliza y el cáncer está activo. El problema es que este criterio de exclusión se sigue aplicando a los afectados cuando hace años que han superado la enfermedad y todos los marcadores salen limpios, según apuntan estos profesionales.

Sin permiso de residencia

Diabéticos, personas con dolores articulares o los afectados por enfermedades neuromusculares, como la espina bífida, también se encuentran entre los afectados por esta discriminación. «Incluso, el sobrepeso puede ser motivo de denegación de una póliza», apunta la corredora de seguros Gloria Toledo. Esta profesional recuerda que para algunos colectivos la contratación de seguros de salud privados es una auténtica necesidad, que va más allá del simple deseo de recibir una atención más rápida de la que ofrece la Seguridad Social. Es el caso de los extranjeros, a los que se les exige una póliza sin copago para tramitar la residencia. «Hace poco tuve el caso de una mujer británica a la que no pude hacerle el seguro porque su hijo tenía una condición cardíaca. Es lamentable», asegura Toledo.

Este periódico trató de conocer la opinión de la patronal de las aseguradoras sobre estas exclusiones, pero desde Unespa no respondieron a las consultas planteadas. En cualquier caso, cuando algún responsable del sector ha hablado del tema siempre ha negado la discriminación y ha señalado que las compañías se limitan a hacer valoraciones del riesgo.

Los mediadores no están del todo de acuerdo y recuerdan que estas valoraciones deberían ser neutrales para evitar exclusiones, a su juicio, injustificadas. Así, el corredor de seguros mallorquín Carlos Lluch -que se ha convertido en un abanderado de esta lucha- recuerda que antes los seguros de automóvil o los de vida discriminaban entre hombres y mujeres -ellas pagaban menos en el primer caso y más en el segundo-, una separación que las compañías tuvieron que suprimir en 2004, a raíz de una sentencia europea.

De la misma manera que se asumió este cambio, los expertos se muestran convencidos de que el sector asegurador podría mutualizar costes para evitar que se sigan produciendo estas discriminaciones. Una tarea que en otro tipo de pólizas ya realiza el consorcio de compensación de seguros y que permite, por ejemplo, que las construcciones de primera línea de costa puedan asegurarse contra los embates de mar, gracias al pequeño sobreprecio que pagan todos los asegurados, incluidos los de Burgos o Guadalajara, que tienen la costa a cientos de kilómetros.

Así, según Florentino Pastor, para dar cobertura a todos los colectivos, bastaría con que las pólizas de salud subieran menos de un 10%. Y en el caso de los seguros de vida, bastaría con actualizar las tablas a la mortalidad actual.

En cualquier caso, la presidenta de Asufin alerta de las nuevas discriminaciones que pueden llegar por el uso de la Inteligencia Artificial para calcular los riesgos, algo que ya están haciendo los bancos para conceder sus préstamos. «Habrá que estar muy atentos porque ya hay estudios en Estados Unidos que indican que los algoritmos pueden producir sesgos raciales o de clase social, que no se deberían tener en cuenta. Si esto ocurre con los créditos, cuánto más peligroso será la aplicación a los seguros de salud», apunta Patricia Suárez, que insiste en la necesidad de que los criterios sean neutros y eviten cualquier tipo de discriminación. Lo cierto es que las personas tampoco parece que lo estén haciendo mejor.

Ya está pasando. Las compañías aseguradoras han empezado a denegar la contratación de pólizas de salud a las personas que se han visto afectadas por el covid-19, según afirma el corredor y activista contra los abusos que se cometen en el sector, Carlos Lluch, que asegura haber atendido ya varias consultas en toda España por esta cuestión. «Las empresas están viendo que una gran parte de los pacientes que han estado en la UCI u hospitalizados por coronavirus siguen teniendo secuelas tres meses después y, claro, no quieren correr riesgos. Solo quieren mirlos blancos, gente que esté sana como un roble», se lamenta el especialista. Debido a la legislación, en España aún no se han visto las instrucciones por escrito que en países como México las compañías ya están remitiendo a sus agentes para dejar claro que no aceptan a personas que hayan pasado la enfermedad, pero el rechazo se produce igualmente, según Lluch. Además, algunas aseguradoras están reforzando el articulado de sus contratos para recalcar que no cubren las pandemias y especifican que esta exclusión se refiere también al covid.

«De la misma manera que ya nadie aceptaría una discriminación por ser gitano o por ser mujer, no se entiende que los consumidores aceptemos que las compañías se salten la ley y se mantengan estas discriminaciones», se lamenta el corredor de seguros, muy combativo con las compañías en redes sociales.

Desafortunadamente, los seguros no son el único ámbito donde se han empezado a constatar discriminación hacia quien ha sufrido el covid. Ya ha habido también despidos, aunque en este caso la justicia y, en concreto, un juzgado de Mataró los ha anulado.

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