Isabel Navamuel estaba de vacaciones, a pocos días de reicorporarse a su trabajo en un establecimiento hostelero del aeropuerto, cuando el mundo cambió por completo. La rápida expansión de un virus surgido sólo unos meses antes en la ciudad china de Wuhan llevó al Gobierno a decretar el confinamiento de la población, y a aprobar una serie de medidas sociales para amortiguar las consecuencias económicas de esta decisión. Fue entonces cuando escuchó por primera vez la palabra ERTE, sin saber muy bien de qué se trataba y sin imaginar que un año después su vida seguiría en stand by, inmersa en uno de estos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, a la espera de que la vacunación permita recuperar cierta normalidad.
En todo este tiempo, no ha vuelto a trabajar ni un solo día. Al depender del turismo y del tráfico de pasajeros, que se ha visto especialmente afectado por los efectos de la pandemia, el grupo para el trabaja apenas mantiene una mínima actividad. «Al principio todo fue desconcierto, nadie sabía muy bien cómo iba aquello ni cuánto iba a durar», recuerda. Como la mayoría, sufrió los retrasos del Sepe para abonar las prestaciones aunque en su caso tuvo suerte: su empresa «se portó bien» y les ofreció anticipos para que pudieran pasar esos meses sin apuros, algo que no todos los afectados pueden decir.
"Te vas a casa y no sabes cuándo vas a volver", se lamenta Isabel Navamuel
Con todo, la situación no es fácil. «Cobras el 70% del salario, pero las obligaciones que tienes son las mismas. Hay que pagar la hipoteca, el coche... Y no llega para todo. Por suerte, yo tenía ahorros, pero muchos compañeros que vivían al día lo están pasando mal. Ahora calculo que me queda para llegar hasta pasar el verano. Luego ya veríamos», asegura.
A Isabel le pesan especialmente algunas situaciones que considera incomprensibles y faltas de humanidad. Por ejemplo, cita la continua lucha de muchos afectados con los bancos, que siguen pasando los recibos el 1 de cada mes, cuando la prestación no llega hasta el día 5, lo que provoca que se queden en descubierto y les carguen la correspondiente comisión. Pero lo peor es la inseguridad. «Te vas a casa y no sabes cuándo vas a volver. Tenías una vida, una rutina y ahora no sabes cuándo la recuperarás», reflexiona. Para ocupar el tiempo, además del cuidado de sus hijos, esta profesional de la hostelería se ha volcado en su otra gran pasión, la defensa de los animales, a través de la ONG CES Gatos Santa Pola, pero deja claro que lo que realmente desea «es trabajar otra vez y volver a la normalidad».
La situación de esta trabajadora no es la más habitual. La mayoría de los afectados por los ERTE han vuelto a sus empleos en algún momento del año, aunque en las últimas semanas las cifras han crecido de nuevo, con las restricciones a la hostelería. De acuerdo con los datos oficiales de la Seguridad Social, el volumen máximo de trabajadores en esta situación se alcanzó en abril del año pasado, cuando el cierre de todas las actividades no esenciales llevó a finalizar el mes con 132.000 personas incluidas en un expediente. Con la desescalada y el verano la cifra bajó rápidamente y en octubre ya sólo quedaban 21.000 personas afectadas, pero la tercera ola ha provocado un nuevo repunte y a finales de febrero ya se superaban los 42.000.
Desde el inicio de la pandemia, la Generalitat ha tramitado más de 32.000 expedientes en la provincia -entre peticiones iniciales y prórrogas- con 161.921 afectaciones.
Escudo frente al paro
Con todos sus defectos, lo cierto es que la opinión sobre el acierto de la medida es unánime y casi todos coinciden en que ha evitado un desastre mucho mayor. «Uno de los rasgos disfuncionales tradicionales del mercado de trabajo español es la fuerte correlación que hay entre la evolución del PIB y del empleo, lo que implica que en contextos de crisis y caídas del PIB el empleo cae en la misma cuantía que la actividad. Este patrón se ha roto precisamente por primera vez durante la crisis actual», apunta el catedrático de Análisis Económico Aplicado de la UA Hipólito Simón. El experto recuerda, por ejemplo, que, en la anterior recesión, con una contracción de la economía del 9%, la tasa de paro llegó al 26% de la población, mientras que actualmente, tras una caída del 11%, el desempleo se mantiene en un 16,5%.
La figura de los ERTE existe desde hace décadas pero apenas se usaba
«Esto lógicamente ha tenido otras derivadas positivas, como el mantenimiento del consumo, ya que parte de las personas que hubieran perdido su empleo en caso de no haber estado acogidas a ERTE no habrían percibido prestaciones por desempleo y su renta y su consumo se hubieran reducido significativamente», añade Simón.
A pesar de que muchos los hayan descubierto ahora, lo cierto es que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ya existían en la legislación española desde hace décadas, aunque apenas se usaban. Para hacerlos más atractivos, una de las primeras medidas del Gobierno fue modificarlos de forma que, por ejemplo, las empresas no tuvieran que seguir pagando la mayor parte de las cotizaciones a la Seguridad Social de los empleados afectados, como ocurría hasta entonces. Por su parte, también se mejoraron las condiciones de los trabajadores, para que la prestación durante este periodo no consumiera el paro acumulado y se estableció, además, que el cobro se mantendría en el 70% de la base de cotización, sin la rebaja al 50% a los seis meses, como ocurre con las prestaciones normales por desempleo.
Los problemas del Sepe
«Consideramos que ha funcionado razonablemente bien, y los problemas que se han registrado más bien lo que evidencian es la situación de la que veníamos», señala el secretario de Acción Sindical de CC OO PV, Daniel Patiño. El responsable sindical se refiere al hecho de que los ERTE han protegido a los trabajadores que contaban con trabajo estable, pero no se han logrado contener los efectos de la pandemia en aquellos que trabajaban en la economía informal o en los asalariados temporales, que son los que han acabado engordando las listas del paro mayoritariamente. Y lo mismo se aplica a los problemas que ha registrado el SEPE en todo este tiempo, que, a su juicio, reflejan los recortes de personal de los últimos años y el deficiente grado de digitalización que arrastraba este organismo.
En estos meses, el Servicio de Empleo Público se ha convertido en el objeto de las iras de muchos afectados por los numerosos retrasos y errores que se han registrado y que se siguen produciendo. «Al principio fue porque no llegaba la prestación, pero es que ahora muchos compañeros se han encontrado con que les han pagado de golpe lo mismo que en tres meses. Claro, como es lógico, ahora el SEPE se lo está reclamando y es todo un follón», se lamenta Víctor Díaz, delegado sindical en una firma que gestiona máquinas de vending, que no oculta su indignación.
Otros de los trabajadores que lo han tenido complicado son los fijos discontinuos, como Valeria Marini, cocinera en un complejo hotelero en San Juan. El año pasado empezó a trabajar el 1 de marzo, como suele ser habitual, y el 19 ya estaba en ERTE. Las instalaciones volvieron a reabrir en verano, pero las bajas cifras de ocupación llevaron a sus responsables a adelantar casi un mes el cierre anual. La empresa podría haber tramitado un nuevo ERTE para ese mes, pero consideró que era demasiado papeleo, lo que dejó a los trabajadores con la única red de seguridad de sus propias prestaciones de desempleo, aquellos que hubieran acumulado los meses necesarios para poder solicitarlas. «Se aprobó una ayuda específica para fijos discontinuos, pero en el Sepe de Alicante no parecen saber nada», se lamenta la trabajadora. Según confirman fuentes sindicales, la regulación de esta prestación exige demasiados requisitos y está abierta a la interpretación, lo que ha provocado que algunas delegaciones del Sepe hayan puesto pegas a los afectados, lo que ha limitado su aplicación.
Del ERTE al ERE
Ahora la batalla de los sindicatos está en que muchos de estos ERTE no acaben convertidos en ERE, como apunta la secretaria general de UGT en l’Alacantí y la Marina, Yaissel Sánchez. «Se firmó un compromiso de empleo y queremos que se cumpla», defiende la representante sindical, que también cree que las ayudas directas o el acceso a los fondos europeos deberían estar condicionadas a esta protección de las plantillas.
Por su parte, también desde la patronal autonómica CEV realizan una valoración «plenamente positiva» de esta figura y consideran que deberían mantenerse «para los sectores más perjudicados, como son fundamentalmente los dependientes del turismo, el comercio o la hostelería, como acompañamiento hasta el final de la crisis». Del mismo modo, consideran que esta figura debería ser actualizada de manera estable para el futuro «como medida general de flexibilidad interna que permita a las empresas una respuesta eficaz en términos de competitividad a los requerimientos de adaptabilidad impuestos por el mercado».
