Creo que Joseph Robinette Biden Jr, el 46 presidente de los Estados Unidos de América, ha iniciado el fin de su carrera política. Un anuncio acerca de su política fiscal le hará enfrentarse a Isabel Diaz Ayuso , la séptima presidenta de la Comunidad de Madrid.
Será una batalla solo comparable a las que enfrentan a Godzila y a King Kong.
No estoy seguro de que Joe Biden conozca a Ayuso, pero es posible que el embajador norteamericano en Madrid, el californiano Conrad Tribble, ya haya informado del gran triunfo electoral de la presidenta y de que cualquier decisión política que se enfrente a subidas de impuestos y libertad (en el sentido ayusiano) está abocada al fracaso.
En el hipotético caso de que Díaz Ayuso pudiese ser candidata a la presidencia de USA obligaría al presidente norteamericano a cambiar de inmediato su política para no sufrir una casi segura derrota electoral. La de Chamberí, Madrid, frente al de Scranton, Pensilvania. Sería un enfrentamiento mítico.
Después de esta preámbulo-ensoñación vamos directos al anuncio de Joe Biden de un nuevo plan fiscal. El mismo representa un cambio real frente a políticas tributarias previas en USA.
Uno de sus aspectos más relevantes de la misma es la pretensión de una mayor recaudación mediante la limitación de la competencia fiscal internacional. Las grandes compañías (tecnológicas sobre todo, pero no solo estas) llevan a cabo importantes planes con el fin de buscar el lugar en el mundo donde la tributación sea lo más baja posible. Todos conocemos el caso de las grandes tecnológicas y su «ubicación» en Irlanda que no busca un hub tecnológico donde desarrollar su negocio, sino que pretende, lisa y llanamente, pagar menos impuestos.
Biden no considera aceptable que 91 de las 500 mayores corporaciones de Estados Unidos paguen cero impuestos federales. Sí, cero.
Además, Biden pretende elevar el tipo impositivo del 21% actual al 28%. Quiere, con esto, poder financiar sus ambiciosos proyectos tanto en infraestructuras como en empleo. Es una ecuación sencilla, más servicios es igual a más impuestos.
Las empresas tecnológicas que forman la Chamber of Progress, el lobby estadounidense conformado por Google, Amazon, Facebook, Twitter, Uber y otros, defendió el pasado 15 de abril la necesidad de estos cambios impositivos para financiar el plan de infraestructuras. En cambio, otros agentes y empresas se han opuesto radicalmente a la propuesta demócrata.
Como decía al inicio, este tipo de anuncios son tabú hoy en España. Cualquier decisión que conlleve subida de impuestos o atisbo de este es evitado hasta por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. De hecho, se anuncian subidas de tributos, pero en el año 2022 e incluso 2023.
Voy a aportar unos datos para que podamos tener una perspectiva más amplia.
En primer lugar, deben saber que el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades es diferente a nivel mundial. Entre los países ricos, Francia se lleva la palma con un porcentaje del impuesto del 32% sobre el beneficio empresarial. Algo por detrás se encuentran Portugal y México con un 30%. En la parte baja están Irlanda con un 12,5% y Suiza con un 8,5%. En España estamos en un 25%.
Y es que los ingresos por impuesto sobre el beneficio de las empresas han pasado a suponer en los países de la OCDE un 3% del Producto Interior Bruto. En el año 2000 era del 2,7%.
Por tanto, una subida en la recaudación por Impuesto sobre Sociedades tiene un impacto brutal sobe los ingresos del Estado. Y, a su vez, un incremento de estos ingresos otorga la posibilidad de mayores inversiones y gastos del Estado.
Aquí se pone sobre la mesa si es mejor esta opción o la de dejar los dividendos en las empresas y que sea el sector privado el que reciba las mismas y con el consumo consiguiente incremente la riqueza en general. Pero ya sabemos que la riqueza se concentra, no se distribuye. Desde el año 2008 y la crisis mundial provocada por las hipotecas subprime y la caída de entidades financieras a nivel mundial, hay cierto consenso en que el Estado debe ganar en peso específico y debe proveer de un mínimo de servicios a sus administrados.
Es indiscutible que el esfuerzo fiscal de las empresas es muy importante, pero dicho esfuerzo junto con el resto de los impuestos indirectos y directos genera unos recursos que, bien gestionados, nos permitirán un nivel de vida aceptable, sobre todo a las capas más desprotegidas y débiles de la población.
En la situación de pandemia he reflexionado acerca de qué ocurriría si estuviésemos en un país con muchos menos recursos y, por tanto, con una sanidad pública débil. Pues, por ejemplo, nuestra capacidad hospitalaria y de profesionales del sector sanitario hubiese sido mucho más reducida y, por tanto, tendríamos un número mucho mayor de fallecidos. Otro ejemplo: la población está recibiendo poco a poco y por capas de edad la vacuna que no estamos pagando de forma directa, coste cero. En un Estado más débil sólo los más pudientes tendrían la posibilidad de ser vacunados, pues solo ellos podrían permitirse asumir el gasto de las vacunas.
Acabo recordando la frase «más moral que el alcoyano». La aplicaríamos a Biden en un enfrentamiento electoral con Ayuso: no luches Joe, Ayuso gana. O no.
