Todavía espero conocer la opinión del principal partido de la oposición y de los gobiernos autonómicos sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el Gobierno y aprobado recientemente por la Comisión Europea. Mediante este plan, la Unión Europea inyectará en la economía española más de 75.000 millones de euros en cuatro años, en cumplimiento de la primera parte del acuerdo alcanzado en noviembre de 2020 entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, para crear los fondos Next Generation UE como respuesta solidaria a la crisis económica provocada por la pandemia.
El presidente Sánchez, que no ha desaprovechado para presentar hasta tres veces dichos fondos, los ha definido como «la mayor oportunidad económica de nuestro país desde su ingreso en la UE». Por su parte, el líder de la oposición se ha centrado en exigir transparencia y control sobre el destino de los fondos, aunque también ha insinuado, al calor del debate sobre los indultos, que el Gobierno los utilizará para comprar voluntades empresariales. Poco más. Ya sé que algunos piensan que la oposición está para oponerse a todo lo que hace el Gobierno. Otros pensamos que no. Sobre todo, cuando se trata de un partido que ha gobernado España mucho tiempo, que aspira a volver a gobernarla, y que hablamos de unos recursos europeos que deben ayudarnos a modernizar nuestro tejido productivo, acompañados, de manera condicional, de un importante paquete de reformas estructurales, todo ello bajo la estricta vigilancia de los órganos de control de que goza España, más, la supervisión última de la Comisión Europea. Un plan que agrupa 110 inversiones y 102 reformas, en cuatro ejes, diez políticas palanca y 30 componentes a los que se va a destinar 70.000 millones, que movilizaran el doble de inversión privada hasta 2023, y que cuenta con las comunidades autónomas como parte esencial del mismo para su aplicación, no puede despacharse con consignas enlatadas.
A pesar del desierto parlamentario sobre una iniciativa transcendental de modernización de España, otra vez bajo el impulso de Europa, nuestro sector privado se ha puesto las pilas. En analizarlo, en ayudar al Gobierno, en plantear proyectos transformadores y, también, en el control sobre la gestión. En este último punto destaca la creación de un observatorio sobre dichos fondos, puesto en marcha por EsadeEcPol y EY Insighits, cuya presentación se realizó esta semana en Madrid haciendo público un manifiesto por un verdadero plan-país, en un acto en el que tuve el honor de participar.
Con la aprobación de los fondos Next Generation, la UE se sitúa en lo que se llama «momento hamiltoniano» en su versión social y no de la física. Hace mención a cuando, en 1790, Hamilton, el primer secretario del Tesoro de EE UU, consiguió dar un paso decisivo en la integración de los diferentes Estados al acordar la primera emisión conjunta y mancomunada de deuda pública para financiar su rebelión contra los británicos. En esta ocasión, y casualmente tras el Brexit, la UE acepta realizar la primera emisión conjunta de deuda destinada, precisamente, a financiar los 750.000 millones de euros que es el montante total de los nuevos fondos cuyo periodo coincide con el Marco Financiero 2021-27. Ello representa, sin duda, el mayor avance hacia la integración económica desde la creación del euro.
Para España, los fondos a recibir triplican la cantidad de fondos ya recibidos de la UE en concepto de estructurales, social y de cohesión. Hablamos pues de unas cifras muy relevantes, destinadas a modernizar nuestro país. Por cierto, como surgieron dudas interesadas sobre la capacidad de absorción de los fondos por parte de España, les animo a leer el informe que sobre la cuestión acaba de sacar el Banco de España, según el cual el nivel de absorción en los últimos dos periodos (2000-2013) ha sido del 90%, en línea con el resto de países europeos. No hay razón, pues, para el pesimismo.
El Gobierno ha decidido concentrarse en la parte de subvención de los fondos y su plan solo abarca hasta 2023, dejando para más adelante los otros 70.000 millones de euros de préstamos. La cifra recogida representa el 10% de la formación de capital de España en un año sin pandemia y es la mitad del conjunto de la inversión pública de todas las administraciones, en un año bueno. Con todo, y siendo cifras muy relevantes, no es lo cuantitativo el aspecto más relevante de los Next Generation. Lo más determinante para nuestro país es lo cualitativo. Su aspecto disruptivo, el objetivo de ser una palanca de reconversión verde y digital , liderado por las empresas privadas, en coordinación con el Estado y en torno a un plan conocido y previamente decidido. Esa es la parte más innovadora y diferencial de estos fondos europeos, muy pivotados desde la Comisión Europea.
Y ahí es donde deberemos poner, también, el foco para observar si cumplen esta función de reestructurar o si, por el contrario, agobiados por la presión del tiempo y los procedimientos, nuestras administraciones optan por sacar viejos proyectos de los cajones y licitarlos al calor de la nueva financiación. En este caso, no solo el impacto de los Next Generation sobre el crecimiento del PIB será muy inferior a lo previsto, al sustituir inversión pública en lugar de adicionarse a la misma, sino que perderemos buena parte de esa capacidad innovadora que les hace específicos. Es decir, de no hacerlo bien, corremos el riesgo de quedarnos atrás en la carrera por estructurar un nuevo sistema productivo verde y digital. Basándome en ello es por lo que digo que estos fondos nos ofrecen la oportunidad de salir, por primera vez, de una crisis no recortando costes y salarios sino mejorando nuestro valor añadido.
El verdadero cuello de botella está en las administraciones y la lentitud de sus procedimientos y sus trámites. Tan es así, que el Gobierno se ha visto obligado a aprobar un decreto ley, convalidado por el Congreso con el voto en contra del PP, sobre medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A pesar de ello, sigue existiendo el temor de que la parte más disruptiva de los fondos, aquella que empuja a hacer cosas distintas, a buscar alianzas entre empresas de sectores diferentes para impulsar grandes proyectos transformadores con capacidad de arrastre, acabe perdiéndose entre los árboles del inmenso bosque administrativo.
Termino como empecé. Me gustaría ver al principal partido de la oposición, con amplia experiencia en la gobernación del país y con la responsabilidad de abordar la gestión de estos fondos desde varias comunidades autónomas, expresar una opinión constructiva al respecto. Y, todavía más, me gustaría que arrimara el hombro, en una transformación que muchos vemos como una cuestión de Estado. De no hacerlo, se quedarán sin ver cómo el unicornio se come los lirios en el jardín.
