Es una de las mayores tablas de salvación del sector primario porque conlleva regar los campos con miles de millones de euros. Toda una bendición. Aunque también es cierto que no llueve, en este caso, a gusto de todos. Y no ya porque, como es habitual, las organizaciones agrarias se quejen y los políticos se expresen en función de si gobiernan o no, sino porque lo que está en juego son los diferentes modelos de agricultura que hay en la Unión Europea, que si continental o mediterránea, que si latifundista o minifundista, que si de secano o de regadío. Todo ello sin olvidar que este sector es en tantas ocasiones un instrumento de la política comercial europea, que lo utiliza en sus tratados con países poco desarrollados: "Estos nos venden materias primas y alimentos y nosotros, productos elaborados". Es la Política Agraria Común (PAC) de la UE, cuyo Parlamento le ha dado esta semana luz verde para el período 2023-2027. A España le corresponden más de 47.000 millones. Como la inmensa mayoría no está territorializado, es imposible saber ahora cuánto recibirá la Comunidad Valenciana. En cualquier caso, todo un maná.
El plan estratégico que debe desarrollar cada país miembro está muy avanzado en el caso español, según coinciden todos los sectores consultados. Apenas queda por acordar un 5%. Y son cuestiones técnicas. En enero deberá remitirse a Bruselas para su visto bueno definitivo. ¿Cómo va a afectar a la agricultura de la Comunidad, un sector que se caracteriza, entre otras cuestiones, por el predominio del pequeño profesional, en muchas ocasiones a tiempo parcial, y de las explotaciones de reducido tamaño? O sea, justo lo que pretende superar Bruselas. La resignación y el pesimismo definen el estado de ánimo del sector. El posibilismo, el de la Administración.
Jenaro Aviñó, director de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) cree que lo único positivo de la nueva PAC es "que se mantiene, aunque no nos gusta". Y es que el dirigente de esta organización integrada en la patronal asegura que "no queremos ayudas sino que nos dejen vivir del mercado" y que lo que el sector necesita es precisamente aquello que la política agraria europea soslaya: un reglamento europeo de cadena alimentaria «para que el agricultor cobre una renta que le permita vivir» o que obligue a los importadores como Egipto o Sudáfrica a producir bajo los mismos requisitos que los europeos: "Igualdad de condiciones para todos".
Pese a estas quejas por las carencias de la PAC, el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, apunta que las arduas negociaciones, singularmente entre las autonomías españolas, han prácticamente concluido con algunas buenas noticias para la agricultura valenciana, aunque no seguramente en la literalidad de lo que ha defendido el Consell: "Estamos moderadamente satisfechos", sostiene. Un claro ejemplo está en el llamado primer pilar de la PAC, es decir, las ayudas directas. En este supuesto, la Comunidad ha logrado que se mantuviese el reconocimiento como perceptor del agricultor multiactivo, es decir, el que recibe menos de 5.000 euros de ayudas o que es autónomo o que solo un 25% de sus rentas procede de la parte agraria. Muchas autonomías defendían que solo cobraran los profesionales, pero este era un punto esencial para la delegación valenciana porque el 92% de los que reciben ayudas en este territorio lo hacen por una cantidad inferior a los 5.000 euros.
Una mejora que destaca Llanes es la convergencia en las ayudas, es decir, que un productor de olivar de aquí pueda percibir las mismas cantidades que uno de Jaén. No se ha conseguido que se introduzca al 100% en 2023, pero sí al final del período, pese a la oposición de otras autonomías. Una gradualidad que se aplicará también a la desaparición de los derechos históricos, que hasta ahora privilegian a ciertos cultivos, incluido el arroz o algunos cítricos, pero que excluyen a otros como el caqui. "Esperábamos más", admite Llanes, quien recuerda la presión en contra de las autonomías cerealistas y con grandes extensiones, hasta ahora las más beneficiadas.
Y es que, como afirma el secretario técnico de la Unió de Llauradors, Juanma Mesado, la nueva Política Agraria Común europea "no es una PAC mediterránea" porque, en su opinión, se ha introducido un mecanismo para que los cultivos de regadío de la zona puedan acceder a las ayudas, "aunque en la práctica tiene tantas trabas que va a ser imposible". También tiene quejas para el secano, porque las subvenciones priman a los cultivos -olivar, cereales, viñedo o frutos secos- ubicados en «zona de campos y montañas, pero no en bancales, como aquí. Pedimos igualdad".
Desde AVA-Asaja, Jenaro Aviñó asegurá que la nueva PAC "es más social, más medioambiental y más laboral", porque "se hace referencia a que habrá inspectores laborales nacionales, y, sin embargo, los dineros que irán a determinados sectores, como el arroz, cierta ganadería o algunos cítricos será menor de lo esperado". En los agrios, por ejemplo, la cantidad a percibir por hectárea subirá de 300 a 320 euros, cuando el gasto de explotación está entre 3.000 y 4.000. También ve "insuficientes" las ayudas para los productos de secano. En suma, Aviñó afirma que «la PAC siempre ha discriminado a la agricultura mediterránea frente a la continental y eso se mantiene». El dirigente de AVA precisa que el apoyo a este modelo de producción "saldrá de un fondo de 90 millones para toda España para productos de hortalizas y frutas para acceder a ayudas por ampliación de superficie. Es una cantidad ridícula y tiene prioridades: primero los jóvenes, luego las mujeres. Llegarán a quien lleguen".
Por su parte, el director técnico de Cooperatives Agro-Alimentàries, Enrique Bellés, considera que la nueva PAC contempla toda una serie de medidas medioambientales que en principio parecen positivas, pero que se pueden volver contra los agricultores autóctonos. Y es que objetivos como reducir en un 50% el uso de plaguicidas o alcanzar un 25% de agricultura ecológica atañen a los productores europeos, pero no a los que importan sus productos a la Unión, "que venden aquí pero no producen como aquí". No coincide en ello Mesado, de la Unió, quien opina que la estrategia "De la granja a la mesa" incluida en la PAC para propiciar un cambio hacia un modelo más sostenible obligará a que «lo que llegue a la UE deberá seguir los estándares de producción de aquí y los que no no podrán entrar".
Las medidas a favor del medioambiente a que obliga la nueva política son bienvenidas desde la Unió y AVA, donde recuerdan que un 25% de las ayudas se ofrecerán en función de que el agricultor cumpla una serie de requisitos que contribuyan a reducir la huella humana en el clima.
La otra gran novedad se da en el segundo pilar de la PAC, o sea, en los Planes de Desarrollo Rural, es decir, las ayudas por cofinanciación destinadas, entre otras cuestiones, a fomentar la conversión de jóvenes en agricultores, la agricultura ecológica o los cambios de cultivo. La Comunidad Valenciana ha logrado 64 millones más, hasta 514, aunque 51 de ellos los aporta la Generalitat y solo 13 Bruselas y Madrid. Este aumento, según Llanes, es muy relevante porque el Consell pretende dar un impulso decidido al cuidado del medioambiente con medidas como la introducción de energías renovables en el campo o la lucha biológica.
