A poco que nos empeñemos, conseguiremos que el fantasma de la inflación pasada se instale, otra vez, entre nosotros, amenazando el impulso de una recuperación que no termina de arrancar, en parte, por el fuerte incremento de algunos precios que estamos viviendo, de momento, de forma temporal, aunque, según la OMC, puede durar hasta mediados 2022.
Los datos son apabullantes: el índice de la FAO sobre precio mundial de alimentos supera 132 puntos, cuando estaba alrededor de 90 hasta hace unos meses. Los precios industriales han crecido más de un 30%, la mayor subida en décadas, incluyendo inputs básicos como electricidad y petróleo. Los materiales de construcción (madera, aluminio, acero o vidrio) están subiendo entre el 15% y el 18%, lo que afectará al precio de la vivienda y a la contratación pública licitada a precios que, ahora, no son rentables. Por último, sobrevolándolo todo, el precio medio de transportar por mar un contenedor se ha triplicado en pocos meses.
Lo único claramente expansivo en los presupuestos de 2022 será la fuerte inversión pública que pivota sobre los fondos Next Generation
Las causas de esas fortísimas subidas de algunos precios básicos son muchas. Pero, de manera destacada, lo explica una recuperación súbita de la demanda mundial tras el parón provocado por la pandemia que ha pillado a contrapié a algunos fabricantes claves, lo que ha roto la cadena de valor mundial de los productos. Esta explicación es la que avala dos conclusiones fundamentales: su carácter temporal (poco a poco, los suministros se irán recuperando) y lo inútil de combatir esta subida de algunos precios endureciendo la política monetaria, cuando los problemas son algunos cuellos de botella en la oferta.
Mientras esperamos a que se normalice la situación de suministros, nuestro IPC ha escalado, en meses, hasta el 5,6% interanual (4,9% en la eurozona), situando a la llamada subyacente (sin energía, ni alimentación) en un 1,7%, con una diferencia extrema entre ambas lo que avalaría la hipótesis de la temporalidad en la subida de precios cíclicos. Y, claro, esta subida del IPC no está exenta de consecuencias no queridas y de riesgos no deseados. Por ejemplo, volvemos a encontrarnos, otra vez, con pérdidas de poder adquisitivo en sueldos y salarios, que agudizan las desigualdades preexistentes y con escorzos de volver a una economía indiciada, lo que significará, entonces sí, que nos volveremos a instalar en una economía inflacionista, lo peor que le puede ocurrir a nuestra vacilante recuperación pospandemia. Un primer ejemplo de esto lo hemos visto ya con la subida adicional de pensiones para compensar la diferencia entre IPC previsto y real. Si a esta tendencia, animada desde el propio Gobierno, se empiezan a incorporar los salarios, una subida temporal de algunos precios se acabará convirtiendo en una subida permanente y generalizada de precios, es decir, en inflación, lo que introduciría una disrupción muy negativa en los escenarios actuales de la recuperación.
La Comisión Europea acaba de hacer público un importante informe dirigido al Parlamento Europeo, al Consejo y al BCE, valorando los planes presupuestarios presentados por los Estados miembros y, con ello, sobre el momento económico de la UE. Lo primero que llama la atención es que califica a los Presupuestos para 2022 aprobados por el Congreso español como restrictivos. De hecho, junto a los de Eslovaquia, los únicos restrictivos de toda la UE y basa esta apreciación en un dato incuestionable: la reducción cíclica del déficit público que pasará de un 8,4% del PIB previsto para este año al 5% en 2022.
Esta reducción del déficit tiene su impacto positivo sobre una deuda pública situada en el 120% del PIB que, aunque crea vulnerabilidades ante un hipotético cambio de ciclo monetario, no cuestiona, en absoluto, la solvencia de la misma, en contra de quienes gritan una segura quiebra financiera cercana. Por cierto, en otro informe reciente, la Comisión recuerda que la deuda privada es, en España, con un 144% del PIB, superior a la pública, aunque no muestra ninguna preocupación sobre ese dato.
Lo segundo que llama la atención de la comunicación de la Comisión sobre los planes presupuestarios es, referido a España, y en línea con lo anterior, que somos de los países europeos que menos esfuerzo público hemos previsto para medidas temporales de emergencia y de recuperación de cara a 2022. A pesar de, o precisamente por eso, no recuperaremos la situación económica prepandemia hasta 2023. Es decir, la Comisión constata tres datos: España ha sufrido más que la media el impacto económico de la pandemia, se recuperará con mayor lentitud respecto a otros países de la zona y, a pesar de ello, plantea para 2022 una política presupuestaria restrictiva para mantener el déficit y la deuda pública dentro de un margen manejable. Curioso, ¿no? Un Gobierno progresista, que proclama su intención de no dejar a nadie atrás y, para ello, publicita una diferente gestión de esta crisis respecto a la que se realizó en la anterior crisis financiera y del euro, acaba aplicando una política presupuestaria ortodoxa y austera, a pesar de que la recuperación camina con menos fuerza de la necesaria. De hecho, como destaca la Comisión, lo único claramente expansivo en los Presupuestos de 2022 será la fuerte inversión pública que pivota sobre los fondos europeos Next Generation.
Mucho ruido se acumula, pues, en la situación económica, mundial y española, así como en la política realizada desde el Gobierno. Por una parte, en un contexto mundial de tensiones alcistas de precios, juega con fuego inflacionista al aprobar la indiciación de las pensiones. Por otra, propone unos Presupuestos restrictivos a pesar de que la recuperación no acaba de despegar como debería (el comercio al por menor sigue en mínimos y los depósitos bancarios de las familias, creciendo). Por último, lo apuesta todo a los fondos europeos, pero no lo acompaña con una gestión clara de los mismos que se basara en la complicidad de las administraciones autonómicas, parte destacada de los mismos por decisión del Gobierno, y en la simplificación administrativa que impidiera que acaben varados en los despachos burocráticos como está ocurriendo con el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas directas a empresas o las autorizaciones para renovables.
Las más de cien reformas estructurales comprometidas con Bruselas se convierten, pues, en el principal y casi único instrumento para mejorar el crecimiento potencial de nuestra economía. La de pensiones, se ha quedado a medio camino según todos los expertos e, incluso, el propio Banco de España, cuyo gobernador ha dicho en el Congreso que son necesarias muchas más medidas para garantizar su sostenibilidad («sumen y resten», llegó a decir). La del mercado laboral ha caído ya en el arbitrismo, ese defecto tan español de creer que la ingeniería de despacho puede cambiar una realidad compleja. Y del resto de reformas no se habla, de momento.
Ya, ya sé que sueno a pesimista. Pero, parafraseando un viejo chiste de Gila, si no quieren que sea pesimista, no me den tantas razones para serlo. En el fondo, ya saben, un pesimista no es más que un optimista bien informado. Pues eso. Mejor lo dejamos en incertidumbre, como la nueva normalidad.
