La mayoría nos hemos enterado estos días por la Comisión Europea de que España recibirá los primeros 10.000 millones de euros de los Fondos Next Generation, por haber cumplido ya con 52 de los hitos comprometidos. Conocemos, también por Bruselas, que la ministra de Hacienda ha firmado con el comisario de Economía un Acuerdo Operativo donde figuran los compromisos adquiridos por el Gobierno de España, el calendario para cumplirlos, las orientaciones generales de aplicación del Plan de Reforma, Transformación y Resiliencia (PRTR), que canaliza parte de los 70.000 millones de euros de donación que recibiremos hasta 2023 de la Unión Europea y el procedimiento de verificación previsto para el seguimiento preceptivo antes de liberar los fondos: una reunión trimestral, otras sectoriales y un evento anual de evaluación global.
Nos vamos enterando también, con la dificultad de quienes no tienen los boletines oficiales entre sus lecturas diarias, de que los ministerios, así como varias comunidades autónomas, están seleccionando proyectos e, incluso, sacando ya convocatorias englobadas dentro del PRTR, susceptibles de recibir financiación comunitaria. En suma, constatamos que, más allá del rifirrafe cotidiano en que se ha convertido la política española, con el Congreso convertido en un plató de televisión donde dar un espectáculo semanalmente, la vida sigue y aquello que debería constituir la columna vertebral de la acción de gobierno y del control de la oposición transcurre por debajo del radar de la atención pública.
Y eso me produce un sabor agridulce, ya que, si se puede entender como prueba de un sano desacople creciente entre la clase política y la España real, por otro, me genera dudas respecto a la posibilidad de que, al final, quien mande en España sea la Comisión Europea, ante la dejación de funciones de nuestra clase política. Y no lo digo por un patriotismo mal entendido, sino por la defensa profunda de un sistema democrático que se oscurece ante decisiones fundamentales adoptadas y controladas desde despachos y no en foros públicos donde está representada la soberanía nacional. Si hay reuniones trimestrales con la Comisión para evaluar la marcha del PRTR, sus reformas, hitos y aplicación de los fondos europeos, debería haberlas también en el Parlamento, que es donde el Gobierno debe rendir cuentas en una democracia.
De lo contrario, la sensación de que han vuelto «los hombres de negro» de Bruselas, como en la época del rescate que se hizo de España durante el Gobierno de Mariano Rajoy, sería creciente. Aunque no se puedan establecer paralelismos entre aquel rescate financiero, forzoso, destinado a evitar la quiebra de España como consecuencia de la crisis del euro, y estos fondos de inversión, voluntarios, destinados a impulsar la reconversión verde y digital, que se apunta como nueva estrategia europea poscovid. Pero, en ambos casos, recibimos dinero a cambio de hacer determinadas cosas que nos imponen (o negociamos) desde Bruselas, quienes se otorgan, además, la condición de árbitros sobre el cumplimiento de las condiciones, en plazo y forma.
El Gobierno debería de ser el mayor interesado en llevar este debate al Parlamento. Ya, ya sé que es más incómodo debatir en público con una oposición superficial, de eslóganes y excitada, que hacerlo en privado, con cifras y datos, con técnicos europeos. Pero, más allá del sentido democrático, debería ser preferible para el Gobierno reconducir el debate político a asuntos como el impulso al hidrógeno renovable, la movilidad sostenible, la reforma del mercado laboral o la estrategia de economía circular que mantenerlo en los temas que hoy llenan los diarios de sesión en el Congreso de los Diputados y los telediarios y tertulias de los medios de comunicación.
De hacerlo así, podríamos reflexionar y debatir sobre los muchos aspectos que todavía quedan borrosos con la aplicación en España de los fondos Next Generation. Por ejemplo, que va a pasar con los PERTE, una de las figuras administrativas más innovadoras e interesantes, en riesgo de desdibujarse. O, por ejemplo, las muchas críticas respecto a la lentitud y complejidad de los procedimientos administrativos que no han sido despejados, a pesar de haber aprobado un decreto ley específico para la adecuada gestión de estos fondos. O, también, si deberíamos de haber solicitado ya, como han hecho otros países, la parte de préstamos anexada a los fondos, para incrementar, con subvenciones más créditos bonificados, la fuerza propulsora de los mismos en proyectos grandes y complejos. O los riesgos de perder el impulso inicial, ilusionante y transformador, con que se recibieron los fondos, en medio de una rutina burocrática de partidas presupuestarias, convocatorias y adjudicaciones, incapaz de hacer cosas distintas a lo de siempre.
El presidente del Gobierno definió al Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia como un verdadero «Plan País». Con sus 348 páginas, estructuradas en cuatro ejes, diez palancas y treinta componentes, acumula más de 400 compromisos entre inversiones y reformas. Se trata del verdadero programa socioeconómico de este Gobierno, que está guiando ya la acción de los ministerios y, también, de las comunidades autónomas, con sus presupuestos respectivos. Está bien que lo haya aprobado la Comisión y el Consejo Europeo, así como que hayan establecido mecanismos concretos de seguimiento y evaluación estricta de su cumplimiento al que sujetan la liberación semestral de los fondos. Pero, además, preferiría que nuestros representantes en el Parlamento tuvieran, como mínimo, la misma información que la Comisión y que pudieran, como ésta, criticar, valorar y proponer mejoras al proyecto destinado a efectuar la necesaria reconversión verde y digital de nuestra sociedad.
De momento, estamos focalizando la atención pública y el ruido mediático en aquellos asuntos que, siendo importantes, tienen mayor impacto sobre el bienestar ciudadano: la reforma de pensiones, la del mercado laboral y, en otro orden, el peaje para autovías. Pero no sería justo despreciar el debate sobre aspectos clave para nuestro futuro y que también constan en el plan, como la capacitación digital, la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas, la ciberseguridad, el impuso al 5G o al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.
Es probable que muchos consideren que se trata de asuntos menores. Pero se equivocan. Constituyen la esencia del debate Político, con mayúsculas, ese que gira sobre nuestra vida y como mejorarla, ensanchando las posibilidades y reforzando el bienestar, en lugar de esos otros debates políticos, con minúscula, capaces de movilizar las pasiones y captar la atención del público, pero estériles, de los que no sale nada positivo para nadie. La política se parece, cada vez más, a una mecedora: te mueves, pero sin avanzar. Los políticos deberían dirigirse a nosotros como ciudadanos, en lugar de buscarnos como espectadores. Esa sí que es una política para adultos, en una sociedad compleja, llena de riesgos e incertidumbres. ¿Lo conseguiremos?
