«La nueva reforma laboral no responde a las necesidades del sector». «No está pensada para el campo». «Causará más daños»... Son algunos de los comentarios más extendidos entre la organizaciones agrarias a la hora de valorar la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, todavía en el patio de butacas del Congreso de los Diputados y sujeta a cambios de última hora en el Parlamento. En cualquier caso, la norma en ciernes, tal como avanzó a finales de 2021 el ministro del ramo, Luis Planas, debería «tener en cuenta la estacionalidad del sector agrícola». Pero eso está por ver.
Y es que los cambios en la contratación y en la negociación colectiva que introduce la nueva regulación han disparado la indignación entre los agricultores. La perciben como un «ataque directo» contra una actividad en plena crisis, denuncia la organización Asaja. Además, la reforma «confunde temporalidad con precariedad», puntualizan desde la Coag.
Las asociaciones del campo destacan la reducción de los tipos de contratos, ya que el indefinido pasa a ser el ordinario. Y los temporales se limitan a circunstancias de la producción (hasta seis meses, ampliables por otros seis) o de sustitución. Para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada, el contrato temporal podrá utilizarse durante un total de 90 días al año y nunca de manera continuada.
Según la responsable del departamento laboral de AVA-Asaja, Marian Sánchez, el campo posee como condición intrínseca la temporalidad al estar condicionada la actividad agrícola a una duración determinada tal como establecen las épocas de recolección, además de otros factores como el clima o la mayor o menor producción porque su desarrollo se hace a la intemperie y los trabajadores circulan por diferentes explotaciones. «Eso no significa precariedad de los contratos, sujetos a convenio, sino que la mano de obra que se requiere es la eventual», explica la técnica de AVA-Asaja. En su opinión, la reforma no responde, por tanto, a las necesidades del sector agrario a pesar del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, CEOE y sindicatos, y desde AVA-Asaja se va a seguir trabajando para que se regule adecuadamente la estacionalidad estructural del sector.
Las actividades agrícolas y ganaderas tienen una gran capacidad empleadora y resisten las adversidades como la que vivimos actualmente con la pandemia. En la Comunidad Valenciana el régimen agrario de la Seguridad Social acapara algo más de 51.000 afiliaciones, un trabajo estable del que forman parte trabajadores del campo y de almacenes.
Con todo, los últimos datos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), correspondientes al mes de diciembre de 2021, revelan que la Comunidad Valenciana es la segunda región de España con más desempleados en el sector agrario al contar con 12.828, pese a una bajada en el último informe de 692 personas.
Campañas cortas
Muchos de los contratos, aunque de carácter temporal, podrían perderse y los temporeros ocupar las listas del paro y sin jornal que llevarse a casa. Ejemplos de la complejidad en la contratación en el campo lo expresan agricultores del ámbito del viñedo de Utiel-Requena, así como los propietarios de explotaciones de nísperos de Callosa d’en Sarrià, cuyas campañas son muy cortas en el tiempo y la formalización de contratos fijos-discontinuos, realmente compleja. Los temporeros cambian de residencia. Incluso de móvil. No se puede llamar siempre a los mismos y, por tanto, fidelizarlos en una explotación como empleados fijos-discontinuos.
Según detalla la técnica de AVA-Asaja, «no se han tenido en cuenta las particularidades concretas del campo, sujeto al factor climatológico: lluvias, viento, heladas, incendios, plagas… Ni tampoco la estructura minifundista característica de las explotaciones mediterráneas. El trabajador del campo -destaca- es temporero y no puede disfrazarse de estable».
En parecidos términos, Bea Garrigós, de la Unió de Llauradors, dirigente del área laboral de esta organización agraria y ganadera, advierte de que la desaparición de los contratos de obra y servicio «preocupa» porque el pequeño agricultor, en su mayoría autónomo, utiliza mano de obra temporal y formaliza muy pocos contratos durante las campañas de recolección o de podas. «Son contratos para tres o cuatro trabajadores y pocos más. Y no se les puede fidelizar todos los años», puntualiza.
Además, resalta que la conversión de eventuales en fijos-discontinuos generará conflictividad laboral porque los trabajadores no están residiendo en las localidades más próximas a las tierras de cultivo. «En la campañas cortas se opta por temporeros que no están afincados en el pueblo. Su movilidad resulta muy limitada y no se les puede localizar fácilmente», aclara.
«Cualquier trabajador eventual podría denunciar al empresario en los tribunales si no hay llamamiento, lo que es difícil de saber por parte de los agricultores propietarios de explotaciones si los temporeros que ha contratado la campaña anterior han cambiado de residencia», agrega la técnica de la Unió. En ese sentido, alerta del «probable aumento de la inseguridad jurídica de los pequeños agricultores que necesiten contratar a personal». E insiste en que la agricultura mediterránea se caracteriza por trabajos individuales la mayor parte del año y sólo se contrata personal en momentos muy puntuales de las campañas de frutas y hortalizas.
Cooperativas
Desde los almacenes y cooperativas también arrecian las críticas. La reforma laboral afecta de lleno al sector de la economía social agroalimentaria de la Comunidad Valenciana, un tejido formado por 261 cooperativas y unos 20.000 empleos directos, que logra una cifra de negocio de 2.150 millones de euros anuales (casi la mitad se exporta). La federación de cooperativas teme las conversiones de contratos de carácter eventual en fijos-discontinuos porque desaparecen los requisitos existentes hasta la fecha para que ese cambio en la modalidad de contratación se produjera.
En opinión de Cooperatives Agro-alimentàries, entidad presidida por Cirilo Arnandis, «es necesario estudiar hasta qué punto, tal como aseguraba el ministro Planas, se ha tenido en cuenta la estacionalidad de nuestra actividad. Este cambio en la contratación tendrá su efecto en el incremento del número de delegados de personal, ya que la ratio de cálculo del número correspondiente por empresa varía en función del tipo de contratación. Y a medio plazo habrá que ver el impacto en la negociación de convenios sectoriales, con la recuperación de la ultraactividad (es decir, que los convenios sigan en marcha automáticamente aunque hubiese pasado el tiempo previsto de vigencia de los mismos) y su aplicación prioritaria por delante de los convenios de empresa», agrega el dirigente de las cooperativas valencianas.
«Tenemos que evaluar todavía con detalle el impacto que supondrá en la competitividad de nuestras empresas frente a terceros países, cuyas normativas sociales y laborales no cuentan con el grado de desarrollo de la legislación española», concluye Cirilo Arnandis.
