El crecimiento exponencial de los criptoactivos en los últimos años se ha convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades. Hasta hace bien poco, su actividad se ha desarrollado básicamente en un limbo legal, lo cual ha ido cebando un problema potencial de imprevisible alcance a medida que estos productos captaban más y más fondos, sobre todo desde que han comenzado a extenderse de forma masiva entre pequeños inversores y ahorradores con el apoyo de campañas publicitarias con influencers, actores y deportistas. El cerco de la regulación y la supervisión ha comenzado a estrecharse poco a poco sobre el sector.
El próximo jueves 17 de febrero entra en vigor una norma pionera en Europa que permitirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) controlar la publicidad sobre estos productos en España. Y hace unos días, Binance, considerada la mayor plataforma global de negociación de criptomonedas como bitcoin, anunció que había pedido al Banco de España su inscripción en el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, creado el pasado otoño a raíz de una ley aprobada por el Gobierno en abril del año pasado.
Hasta ahora los organismos supervisores no habían podido más que lanzar advertencias sobre los riesgos que supone la inversión en criptoactivos, como hicieron en 2018 y de nuevo el pasado ejercicio. Las monedas virtuales, recordaron, «no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas, y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores».
Nuevas herramientas
Ahora están pudiendo dar un paso más, pero se trata, eso sí, de regulaciones parciales. A la espera de que culmine la tramitación de una directiva europea que luego habrá que trasponer a la legislación española (el Reglamento para un Mercado de Criptoactivos, conocido como MiCA, que en principio podría aprobarse este año), en la actualidad no existe ninguna ley que regule la emisión de monedas virtuales ni a los proveedores de servicios sobre las mismas. Para ir cubriendo algunos huecos, el Gobierno habilitó el año pasado a la CNMV para controlar su publicidad y al Banco de España para supervisar que los operadores cumplen la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El paso dado por Binance está cargado de simbolismo para el sector, ya que es el único ‘exchange’ (como se conoce a este tipo de compañías) que por ahora ha confirmado su petición de registro en España. Muchos de sus usuarios han expresado airadas quejas en distintas redes sociales porque han interpretado que su información personal estará ahora más al alcance de las autoridades, particularmente de Hacienda. «El que quiera un ‘exchange’ centralizado debe cumplir las normas del país. Animamos a quienes tengan interés en el mundo descentralizado a usar otras infraestructuras», apunta Alberto Ortiz, responsable de Binance en España y Portugal.
El ejecutivo, que se incorporó a la compañía el año pasado tras haber trabajado en el Popular, el Santander y el banco digital Fintonic, explica los motivos del paso dado por la firma. «Lo primero que hay que decir es que es obligatorio; de hecho, estamos seguros de que van a venir otros detrás en cascada. También hay que subrayar el ámbito del registro, que es la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo. No va más allá. El mensaje a los usuarios que quieran usar Binance para estos fines es que no son bienvenidos. Y en tercer lugar, hemos creado una sociedad española porque queremos que nuestros usuarios tengan la posibilidad de acudir a la legislación española para protegerse, a los juzgados o las organizaciones de consumidores», expone.
La iniciativa de Binance en España forma parte de una estrategia global. «La adopción general de las criptomonedas pasa por la regulación. Si queremos que los españoles que tienen una criptomoneda pasen del 5% al 30%, ha de ser así», argumenta Ortiz.
La compañía, de hecho, ha sido en los últimos años objeto de advertencias de distinto tipo por parte de organismos supervisores de Italia, Malta, Japón, Reino Unido, las Islas Caimán, Hong Kong, Lituania, Polonia, Holanda, Estados Unidos, Alemania y Tailandia. Su fundador, el chino-canadiense Changpeng Zhao, está dando pasos para tratar de mejorar su relación con las autoridades.
Salir de la lista gris
En España, hoy por hoy, Binance y algunos de sus competidores como Coinbase, Bit2Me o Kucoin forman parte de la llamada lista gris de la CNMV, integrada por más de 90 entidades que «no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto» en el supervisor y que «podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera», lo cual no implica «pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente» de su actividad.
«Consideramos que tenemos argumentos para salir de ella y vamos a intentar arreglarlo en las próximas semanas», explica el ejecutivo de Binance. La compañía creó su sociedad española poco antes de pedir el registro en el Banco de España. Hasta ahora, los responsables del área de la Península Ibérica están integrados en la estructura europea del grupo. Si obtiene la autorización del supervisor, como espera, tiene previsto desarrollar una estructura propia en el país. «Entendemos que no estábamos obligados, pero hemos querido hacerlo porque nuestra voluntad es ser líderes», apunta.
La autorización del Banco de España implica que una firma cuenta con procedimientos y órganos adecuados de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo, así como que sus directivos cumplen los requisitos de honorabilidad comercial y profesional.
