Hace unas semanas escribía en estas mismas páginas que no existe una relación entre la dispersión de la población y el nivel de renta por habitante de las provincias españolas. Alicante es uno de los mejores ejemplos de ello: está entre las que tienen una mayor concentración demográfica (la quinta, tras Madrid, Barcelona, Bilbao y Guipúzcoa) y, al menos tiempo, figura entre las que tienen una renta más baja (la octava por la cola, con casi todas las provincias menos pobladas por delante).
Vuelvo a traer este tema a colación tras el brillante resultado electoral conseguido por Soria ¡Ya! en las recientes elecciones autonómicas de Castilla y León, donde se ha alzado con la victoria en la provincia, cosechando más votos que los obtenidos conjuntamente por las dos fuerzas políticas que han quedado en segunda y tercera posición (PP y PSOE). Soria es la provincia con menor densidad demográfica de España: no llega a los nueve habitantes por km². En ella residen poco más de 89.000 personas, en un territorio cuya extensión casi multiplica por dos a la de la provincia de Alicante, donde somos casi 1,9 millones de personas y alcanzamos una densidad demográfica de 326 habitantes por km². En las últimas dos décadas, Soria ha perdido el 1,5% de su población; mientras Alicante ha experimentado un aumento de más del 28% (casi el doble que la media de España en ese mismo período). Sin embargo, la renta por habitante de los sorianos es un 8,6% superior a la media de España, mientras la de los alicantinos es un 24% inferior: en 2019, el último año para el que hay datos en el INE, el PIB per cápita de Soria era casi un 43% más alto que el Alicante.
¿Qué reflejan estos datos?... Mucho o nada, según se mire. ¿Saben cuánta superficie ocuparíamos los alicantinos si nos distribuyésemos por el territorio como quienes residen en Soria? Pues casi 220.000 km², algo así como la suma de las superficies de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana. No nos debe extrañar. Sólo en Torrevieja hay empadronadas más de 82.000 personas, casi tantas como las que viven en toda la provincia de Soria.
Por supuesto, es más barato prestar los servicios públicos y asegurar la disponibilidad de infraestructuras y dotaciones públicas a quienes viven agrupados en unos pocos km² que a quienes se distribuyen de forma dispersa en el espacio. ¿Debe gastarse lo mismo por habitante, con independencia de la dispersión de la población en el territorio? Está claro que no. Pero, al mismo tiempo, podemos preguntarnos hasta qué punto justifica la dispersión poblacional que existan enormes diferencias en el gasto per cápita.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2022, se asignan 184 millones de euros de inversiones a la provincia de Alicante y 146 millones de euros a la provincia de Soria, lo que representa unos 97 euros por habitante para nuestra provincia y 1.640 euros por habitante para Soria. Una diferencia abismal. Pero, al mismo tiempo, se trata de 31,6 euros por km² para Alicante y 14,2 euros por km² para Soria. Parece lógico que, si hablamos de infraestructuras de transporte (que suponen kilómetros de vía férrea o de carretera, por ejemplo), la superficie deba tener relevancia como criterio para definir el volumen de gasto. Sean muchas o pocas las personas que viven en un territorio se les han de garantizar unas mínimas posibilidades de desplazamiento y, cuanto más extenso sea, mayores recursos se habrán de destinar a proporcionárselas. Pero también está justificado que nos preguntemos hasta qué punto se ha de dirigir una parte de los siempre limitados recursos públicos a incrementar las dotaciones públicas en territorios en los que van a tener pocos usuarios mientras que, en otros, se encuentran desbordadas como consecuencia de un enorme crecimiento demográfico que obedece, en parte, a la llegada de personas procedentes de zonas que vienen experimentando un proceso de despoblación. Más aún cuando lo más probable es que el aumento de las inversiones públicas en los territorios de menor densidad demográfica no vaya a favorecer el regreso de quienes se marcharon. De hecho, puede que ni siquiera ayude a revertir la tendencia hacia la despoblación, pues los atractivos que tienen las grandes aglomeraciones urbanas para quienes residen en las zonas rurales más dispersas, sobre todo para los más jóvenes, no dependen solamente de las dotaciones públicas de que disponen. Tampoco deberíamos ignorar las consecuencias que conlleva, en términos de redistribución de la renta, la asignación de mayores recursos públicos a zonas que, aunque están en proceso de despoblación, tienen un PIB per cápita bastante más elevado que otras que registran una mayor concentración demográfica.
A mi juicio, no se trata de definir un umbral a partir del que se pueda valorar si un determinado nivel de gasto en un territorio es «excesivo» o «insuficiente». Los criterios que se deberían tener en cuenta habrían de ser, en mayor medida, de carácter cualitativo, pues las habituales polémicas sobre el nivel de gasto por habitante o por km² tienen, en realidad, poco sentido.
Lo relevante, en mi opinión, sería debatir qué tipo de servicios e infraestructuras públicas, y qué nivel de dotación de los mismos, se consideran necesarios para asegurar la igualdad de oportunidades en todos los territorios, tanto para los más poblados, que afrontan problemas de congestión, como para los menos poblados, que han de enfrentarse a problemas de dispersión. Y habría que avanzar en la comprensión del hecho de que, con frecuencia, la funcionalidad de una infraestructura de transporte depende no sólo de las inversiones que se ejecuten en una determinada provincia, sino de las que se lleven a cabo en las provincias limítrofes, e incluso en otras más lejanas. También hace falta abrir un debate sobre los criterios que han de seguirse para establecer prioridades en materia de inversiones, tratando de alcanzar algún consenso sobre los mismos, para dotar de cierta estabilidad presupuestaria a las grandes actuaciones. Tenemos España llena de infraestructuras cuya construcción se inició de forma acelerada, pero después se frenaron o paralizaron por un cambio de prioridades. Por ejemplo: ¿Alguien duda de que la mejora de la conexión ferroviaria entre Alicante, Valencia y Barcelona debería haber tenido mucha más prioridad que la que se ha asignado tradicionalmente a este proyecto (de ahí los retrasos), con independencia de los volúmenes de inversión que se debieran llevar a cabo en cada provincia? Y ello por no hablar de la necesidad de planificar y presupuestar con la suficiente anticipación (mucha) las inversiones que requieren las cercanías, que suponen el 95% del tráfico de pasajeros en las redes ferroviarias españolas, y llevan años demandando una urgente renovación de infraestructuras y vehículos, especialmente en algunos corredores, como el que une Alicante y Murcia.
