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La brecha digital agravó la pobreza durante la pandemia

El dosier «El impacto del covid-19 en la economía alicantina», que se entrega con INFORMACIÓN este domingo, destaca el mayor aumento de las familias con carencias materiales de las comarcas turísticas

Los autores del dosier, durante la presentación que se reallizó el pasado miércoles. RAFA ARJONES

A pesar de que los ERTE y el resto de medidas adoptadas por las administraciones lograron sostener la renta media de la mayoría de los hogares, la pandemia provocó un considerable aumento de la pobreza severa entre los estratos más vulnerables de la sociedad, aquellos que ya partían de una posición más desfavorable. Pero, por si esto fuera poco, la brecha digital, es decir, la falta de medios como ordenadores y otros dispositivos o la carencia de las habilidades necesarias para manejarse en internet provocaron que su situación se agravara aún más, al no poder acceder con la misma facilidad a las ayudas y recursos públicos.

Así lo pone de manifiesto el dosier El impacto del covid-19 en la economía alicantina que este domingo entrega INFORMACIÓN y que ha sido elaborado por los investigadores del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. Un extenso documentos de 120 páginas que supone el mayor análisis hasta la fecha sobre las consecuencias de la pandemia en la provincia y que en su último capítulo, obra del reputado sociólogo Carlos Gómez Gil, realiza un profundo análisis de las repercusiones de la crisis en los hogares más desfavorecidos y de las distintas medidas adoptadas para atenuar este incremento de la pobreza.

Como destaca el dosier coordinado por Antonio Escudero en otro de sus capítulos, la paralización de la actividad derivada de la aparición del coronavirus provocó una caída del PIB real de la provincia del 10,2%, la mayor contracción de la economía desde el inicio de la Guerra Civil. Las medidas que rápidamente adoptaron el Gobierno y el resto de administraciones para ayudar a empresas y familias permitieron que la renta media por unidad de consumo incluso mejorara ligeramente. Sin embargo, no tuvieron el mismo efecto para toda la población.

Así, como señala Gómez Gil en su artículo, ni los ERTE ni el resto de decisiones evitaron «un aumento de la pobreza severa» entre los colectivos más vulnerables, los que se encontraban en una situación más complicada. Y eso en una provincia que, como apunta el investigador, ya tenía una peor situación de partida, debido a que había reducido en menor medida las bolsas de pobreza que se generaron en la anterior crisis. De esta forma, la denominada tasa Arope, que indica la población en riesgo de pobreza o exclusión, ya se situaba en el 29% de la población en 2019, 4,6 puntos más que el conjunto de la Comunidad. Un indicador que, con la crisis, sumó casi tres puntos más, hasta el 31,8%, lo que supone 597.904 personas en esta situación en la provincia.

Carencias severas

Sin embargo, según subraya el sociólogo, lo más preocupante es el aumento que registró el porcentaje de hogares con algún tipo de carencia material -que pasaron del 13,4% al 23,1%- y, sobre todo, del porcentaje de población que sufre este problema en su forma severa, que más que se duplicaron, al incrementarse del 5,8% al 13,7% de la población. Esto significa que estos hogares tuvieron al menos cuatro de los nueve problemas que utiliza el INE para elaborar su Encuesta de Condiciones de Vida, como no poder permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días, no poder costear la calefacción, tener retrasos en el pago de recibos, carecer de automóvil o de algún electrodoméstico básico o no disponer de ahorros para afrontar gastos imprevistos.

Una persona sin hogar en el centro de Alicante. AXEL ALVAREZ

El trabajo también pone de manifiesto que estas bolsas de pobreza tampoco se reparten de manera uniforme por toda la provincia y que afectan en mayor medida a las comarcas turísticas. Así, en el caso de la Marina Alta la población en situación de pobreza extrema se elevó hasta el 18,2%; en la Vega Baja alcanzó el 17,5% y en la Marina Baixa llegó al 16,5%. Un fenómeno que, como apunta Gómez Gil, citando el informe que las profesoras Carmen Ródenas y Mónica Martí realizaron para Ineca en 2019, tiene que ver con la existencia de población inmigrante extracomunitaria en condiciones de precariedad y de otros colectivos vulnerables en estas zonas, eminentemente turísticas.

Por el contrario, aunque también alcanzó niveles preocupantes, la carencia material severa fue menor en l’Alcoià (8,7%), El Comtat (9,9%), el Medio Vinalopó (9,4%), el Alto Vinalopó (9,8%) o el Baix Vinalopó (10,9%). En el caso de l’Alacantí se situó en el 13,2%.

Administración telemática

Uno de los aspectos más novedosos del estudio es un análisis de la incidencia de la brecha digital en este aumento de la pobreza durante la pandemia. Como explica el autor, las restricciones para atajar los contagios desviaron buena parte de la prestación de servicios de las administraciones a las vías telemáticas, lo que «precipitó un proceso que ha excluido más a personas vulnerables que, por su situación, necesitaban de mucho más apoyo y ayuda», apunta Gómez Gil.

Se refiere a «numerosas familias pobres, sin medios ni equipos informáticos, que se veían ante la imposibilidad de acceder a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, tramitar la Renta Valenciana de Inclusión, solicitar la Dependencia u otras ayudas públicas que necesitaban para salir adelante». Es decir, que las ayudas no llegaron a quienes más las necesitaban, sino a quien disponía de los medios para pedirlas.

Gómez Gil destaca los resultados de un reciente trabajo de la red europea de ONG contra la pobreza EAPN cuyos resultados dan una idea de este problema. Así, mientras que el número total de hogares que carecen de ordenador en la Comunidad Valenciana es del 15,4%, entre los hogares pobres asciende al 23,3%. Igualmente, la cifra de los que carecen por completo de cualquier tipo de acceso a internet suman el 5,6% entre las capas más desfavorecidas -dos puntos más que la población general-, pero, sobre todo, es muy superior el volumen de personas que no sabe manejarse con estos medios. Hasta un 43,3% de los residentes en hogares pobres carece de habilidades informáticas, frente al 23,9% del resto. Es decir, que cuatro de cada diez personas vulnerables son incapaces de realizar los trámites que la Administración exigía.

La portada del dosier.

La portada del dosier.

En la misma línea, el artículo también analiza las nuevas prestaciones que se han creado para garantizar un nivel mínimo de recursos y cuya introducción o despliegue ha coincidido en buena medida con estos años de pandemia. Se trata en concreto del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Valenciana de Inclusión, dos medidas que han ayudado a paliar estas situaciones de pobreza, aunque no han alcanzado el grado de implantación que sería deseable. De acuerdo con el análisis realizado por el autor, la prestación estatal contaba en septiembre de 2022 con 41.939 perceptores en la provincia, mientras que la renta autonómica sumaba otros 26.499. Es decir, que entre ambas apenas cubrirían el 26,3% de la población con carencia material severa, que ascendería a unas 259.000 personas.

Unos resultados, en parte, atribuibles al problema de la brecha digital y la sobrecarga de trabajo de la Administración, que Gómez Gil pide mejorar para reducir estas importantes bolsas de pobreza. Y es que, como señala el investigador, más allá de las dificultades atravesadas durante estos años de pandemia, el verdadero riesgo es que las bolsas de pobreza generadas por la pandemia se cronifiquen, creando un problema mucho mayor.

El análisis de la pobreza cierra el dosier elaborado por el Instituto de Economía Internacional de la UA, que repasa uno por uno los sectores productivos más importantes en la provincia y las consecuencias que el covid ha tenido en cada uno de ellos. También se analizan las repercusiones sobre el sector financiero o la educación, y la situación de las infraestructuras. Además, se abordan los problemas generados por la infrafinanciación de la Comunidad o la situación del mercado de trabajo. En este capítulo se incluye el nuevo Índice de Precariedad Multidimensional desarrollado por el equipo encabezado por Hipólito Simón y que refleja los importantes problemas del mercado laboral alicantino y español ya antes de la pandemia. Así, según sus conclusiones, en 2019 hasta el 48% de los asalariados sufrían varios factores de precariedad (desde contratos temporales, a jornadas parciales involuntarias o bajos salarios), frente a sólo un 28% de los trabajadores que no tenían ninguna carencia.

«El impacto del covid-19 en la economía alicantina»

  • Capítulo 1: El impacto de la pandemia en las economías española y alicantina. Antonio Escudero y José Manuel Casado
  • Capítulo 2: La agricultura   y la pesca. Martín Sevilla, Teresa Torregrosa y Jesús Navarro
  • Capítulo 3: La industria. Begoña Fuster García y Carmen Martínez Mora
  • Capítulo 4: Construcción y vivienda. Julián López Milla
  • Capítulo 5: El turismo. Adelaida Lillo Bañuls, Ana Ramón Rodríguez, José Francisco Perles Ribes y Adrián Más Ferrando
  • Capítulo 6: El sistema bancario. Gloria Pardo
  • Capítulo 7: El mercado de trabajo de la provincia de Alicante en el marco de la pandemia del covid-19. José Manuel Casado, Raquel Simón Albert e Hipólito Simón
  • Capítulo 8: El sector educativo. Jorge Mora Salinas
  • Capítulo 9: Innovación y digitalización. María Núñez Romero, Alexandre Peretó Rovira y Adrián Más Ferrando
  • Capítulo 10: La red de transportes y su adaptación a una nueva realidad social y medioambiental. Armando Ortuño Padilla y Jairo Casares Blanco
  • Capítulo 11: Financiación autonómica. El desafío al que se enfrenta la Comunitat Valenciana. Julián López Milla y Ángel Sánchez
  • Capítulo 12: La pobreza tras la pandemia: análisis provincial y comarcal. Carlos Gómez Gil


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