Cuando la economía mundial estaba empezando a recuperarse de las consecuencias de la pandemia y, por tanto, aún se encontraba en una situación especialmente vulnerable, la invasión rusa de Ucrania ha producido un nuevo shock asociado, esta vez, a factores geopolíticos, que no se habían manifestado con esta intensidad desde el estallido de la guerra de Irak a comienzos de este siglo. Aunque los conflictos bélicos no habían desaparecido, nos habíamos ido acostumbrando a que el «riesgo geopolítico», término con el que se suele aludir a las amenazas asociadas a conflictos armados o situaciones de elevada tensión entre gobiernos, tuviera una influencia muy poco relevante sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la guerra de Ucrania y la catarata de decisiones políticas que está produciendo, con las consecuentes sanciones, han resucitado el riesgo geopolítico, que va a afectar muy negativamente a casi todos los países, exceptuando quizás a los productores de materias primas.
El impacto más inmediato ya lo venimos notando en el ascenso del precio de los productos energéticos y las materias primas, que están registrando el mayor encarecimiento desde la década de los setenta, y que poco a poco se va transmitiendo a la inflación, la renta disponible de los agentes, el crecimiento y el empleo. Con el problema añadido de que este shock de oferta ha llegado en un momento en el que la inflación ya venía elevándose como consecuencia de la reactivación de la economía, tras los confinamientos generalizados de 2020, y las dificultades que venía afrontando el sistema de transporte y distribución para responder a la súbita recuperación de la demanda y el cambio en los patrones de consumo que favoreció la pandemia. Eventos como los derivados del covid-19 y la invasión de Ucrania han puesto de manifiesto la fragilidad de las redes logísticas y su falta de capacidad para adaptarse a los cambios.
Por otro lado, la política monetaria se encuentra en una encrucijada, atrapada entre la urgencia de reaccionar y la necesidad de acertar, evitando que la reacción trunque las expectativas de crecimiento, cada vez más frágiles. De discutir sobre el momento más adecuado para la retirada de los estímulos, se ha pasado a debatir acerca de si los tipos de referencia han de subir más o menos.
En este contexto, la reaparición del riesgo geopolítico introduce dosis de incertidumbre adicionales sobre las decisiones de consumo e inversión de los agentes. Y la inflación, que conforme pasan los meses parece un fenómeno cada vez menos temporal, alimenta esa incertidumbre, tanto por la forma en que recorta el valor real del dinero como por las decisiones de política monetaria que anticipa. Ahora mismo, el IPC está superando las previsiones de forma holgada en países como España, Alemania, Italia o Francia... Y comienza a preocupar seriamente el comportamiento de los precios de los alimentos y el componente subyacente del proceso inflacionista (sin energía ni alimentos no elaborados) en casi todos los países.
El comportamiento de los precios en la eurozona a lo largo del mes de mayo ha sido francamente negativo, con un incremento medio del 0,8% que, de mantenerse a este ritmo (lo que no parece fácil pero, a estas alturas, tampoco lo podemos descartar) nos llevaría a un crecimiento interanual del 10%. Esta aceleración de los precios, que se extiende por todos los sectores de la economía, produce un grave trastorno en el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos, especialmente entre aquéllos que toman decisiones a más largo plazo y son más reacios a asumir riesgos. Es fácil prever que mientras la inflación siga «sorprendiendo», es decir, alcance niveles superiores a los previstos, la postura de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo más proclives a adoptar medidas más duras se irá fortaleciendo, en detrimento de los que consideran que debería darse una mayor gradualidad, tratando de moderar su impacto sobre la actividad económica.
Al hilo de este notable crecimiento de la inflación, se observa que el aumento de los salarios también comienza a ascender en la eurozona, empujado por la falta de trabajadores en algunos sectores (y especialmente, en países del norte de Europa). Así, en el primer trimestre de 2022, se ha alcanzado un incremento del 2,8%, el mayor en trece años, y casi el doble que el registrado en el trimestre anterior. En Alemania o Bélgica, por ejemplo, los salarios ya aumentan por encima de un 4%, lo que si bien resulta deseable desde el punto de vista de la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo, produce cierto temor a que se produzca una espiral precios-salarios, con la que el encarecimiento del factor trabajo retroalimenta el alza de la inflación, dando lugar a nuevos incrementos de salarios y precios y a nuevas pérdidas de poder adquisitivo (ya que el crecimiento de la remuneración de los trabajadores siempre sería insuficiente para compensar el aumento de los precios).
Algunos trabajos recientes, del Banco Internacional de Pagos de Basilea, del Banco Central Europeo o del Economic Policy Institute de los Estados Unidos, señalan que los márgenes de beneficio de las empresas no están absorbiendo, siquiera parcialmente, el aumento de los costes, e incluso están creciendo en algunos sectores, aprovechando las dificultades de abastecimiento derivadas de los factores que expusimos al principio. En este contexto, esto es, en ausencia de un amplio acuerdo de reparto de esfuerzos y costes («un pacto de rentas»), las tensiones inflacionistas serán mayores y la reacción de la política monetaria será, previsiblemente, más fuerte, con peores consecuencias en términos de actividad económica y empleo.
