El exministro de Justicia Rafael Catalá (Madrid, 1961) lleva dos años al frente del Centro Español de Mediación, el organismo impulsado por la Cámara de España para fomentar la resolución extrajudicial de conflictos. Una práctica que cobrará protagonismo con la nueva Ley de Eficiencia Procesal, que obligará a las partes a sentarse a negociar -ya sea a través de la mediación o de alguna de las otras fórmulas existentes- antes de acudir a los tribunales. El próximo 30 de junio participa en el Marq en una jornada organizada junto a la Cámara de Alicante para analizar estas novedades, junto a economistas, expertos legales y representantes empresariales.
¿Como surge la iniciativa del Centro Español de Mediación?
En los últimos años la Cámara de España ha promovido el fortalecimiento de distintos mecanismos de resolución de conflictos en el ámbito empresarial. Ya siendo ministro estuve trabajando en la unificación de las distintas instituciones arbitrales que teníamos en Madrid y se creó el Centro Internacional de Arbitraje, y en mediación pasó algo parecido. Cuando dejé el ministerio, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, me planteó la posibilidad de trabajar en fortalecer la mediación en España y que la Cámara crease un centro para divulgar esta alternativa.
¿Qué ventajas aporta?
La mediación busca que las partes sean capaces dialogar y de encontrar soluciones a sus conflictos a través de la colaboración de un mediador. Eso significa que el acuerdo lo tienen que alcanzar las partes, no se lo imponen, como sucede en una sentencia, donde es el juez el que dice si tienes razón o no tienes razón, o en el arbitraje, donde también es un árbitro el que dicta un laudo. Eso es un rasgo fundamental, porque ese acuerdo alcanzado por las partes sin que nadie se lo imponga está dotado de mucha fuerza. Han sido los propios implicados los que han decidido esa solución, lo que garantiza que el acuerdo se va a llevar adelante, a diferencia de las resoluciones judiciales o arbitrales, donde muchas veces se impugnan las resoluciones.
¿Y en tiempo y dinero?
Esa es otra parte no menos importante. Según el Consejo General del Poder Judicial, los asuntos mercantiles se están resolviendo de media en un plazo de cinco años, que es una barbaridad. Y, frente a eso, la mediación es un proceso que se mide en meses. Pueden ser cuatro, cinco u ocho meses, si es un asunto complicado, pero la comparación es muy ventajosa. Y en términos de costes, los costes de abogado, procurador, costes procesales..., la proporción es de uno a cuatro a favor de la mediación.
¿Por qué no acaba de cuajar?
Es la pregunta del millón, si es más barato y más rápido, ¿por qué no funciona? Pues, creo que hay un déficit de información. En España tenemos mucha tradición jurisdiccional. Nos quejamos de la Justicia, que si no es independiente, que si es lenta, pero cada vez que tenemos cualquier problema lo primero que hacemos es irnos al juzgado y eso tiene que cambiar. Si discuto contigo, pues te meto una querella. Si tengo un cliente que no me paga 500 euros, le presento un juicio. Es a lo que estamos acostumbrados, tenemos esa cultura pero hay que cambiarla y eso es una labor lenta. Por otra parte, en muchos países de Europa y en los países anglosajones la mediación es obligatoria y esa obligación en España no ha existido hasta ahora.
Con la Ley de Eficiencia Procesal eso va a cambiar, y la negociación previa, ya sea a través de la mediación u otros sistemas como el arbitraje o la conciliación, será obligatoria. ¿Cómo cree que va a funcionar?
Esto significa que en las reclamaciones civiles y mercantiles, de las que en España se presentan al año dos millones de asuntos, habrá al menos que intentar ese acuerdo previo, como ya pasa en el ámbito laboral, donde hay una conciliación previa. Luego habrá acuerdos o no, que esa es otra historia, pero con que un 10% de los asuntos se resuelva en vía de mediación, ya son 200.000 asuntos que quitaremos de los tribunales de justicia Imagínese el caso de una persona que ha comprado un electrodoméstico en una gran superficie y le han dado el crédito allí mismo. Por lo que sea, pierde el trabajo y le quedan 400 euros por pagar. ¿No es más sensato que se sienten con un mediador y acuerden una quita?
¿Prevé usted que haya un aumento de la litigiosidad en los próximos meses?
Lamentablemente, creo que sí. Las crisis económicas son un detonante de la litigiosidad porque hay muchos impagos, muchas obligaciones que se dejan de atender y la moratoria que se concedió en la obligación de declarar el concurso de acreedores finaliza el 30 de junio. Creo que va a haber muchos concursos y mucho trabajo en la mesa de los juzgados de lo mercantil en los próximo meses
En cualquier caso, el atasco de la Justicia parece un mal endémico. ¿Por qué no hay forma de solucionarlo?
Es un conjunto de factores que provocan esa gran sobrecarga de trabajo y, por tanto, esa lentitud en la Justicia. Es un tema que venimos trabajando todos los que hemos tenido responsabilidades desde hace muchos años. ¿Qué se puede hacer? Hay varias maneras de abordarlo. Por una parte, hay que tener una capacidad de producción adecuada a la carga de trabajo, hablando en términos económicos. Es decir, si tienes dos millones de asuntos, tienes que ver cuántos asuntos es razonable que resuelva un juzgado y tener un número adecuado. Y eso no siempre sucede. Necesitamos más juzgados especializados en temas económicos. También hay que simplificar las leyes procesales. Tenemos unas leyes garantistas que permiten muchos recursos y apelaciones. Necesitamos leyes más ejecutivas. En tercer lugar hay que incorporar de una vez por todas las nuevas tecnologías a la Justicia. Y luego, que no para cualquier cosa tenemos que ir a un juzgado. Si me debes 500 euros, vamos a negociar.
