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La pobreza tras la pandemia:análisis provincial y comarcal

La pobreza tras la pandemia: análisis provincial y comarcal

Carlos Gómez Gil

Universidad de Alicante

Doctor en Sociología por la Universidad de Alicante (UA), premio extraordinario de doctorado y profesor titular en el Departamento de Análisis Económico Aplicado de la UA. Coordinador académico del Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo, forma parte del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina, presidiendo la Red de Investigadores y Observatorio de la Solidaridad (RIOS), al tiempo que dirige la revista «Esbozos. Filosofía de la ayuda al desarrollo». Forma parte, en calidad de experto, del Alto Comisionado para la Agenda 2030 de la Generalitat Valenciana, habiendo pertenecido como experto al Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo y al Observatorio contra la Pobreza del Síndic de Greuges. Autor de numerosos libros y artículos sobre la política de cooperación al desarrollo.

Analizar el impacto de la pandemia global con las dimensiones tan profundas que tiene en términos de pobreza y exclusión social sobre la provincia de Alicante, cuando sus efectos sobre las distintas esferas de la sociedad siguen avanzando, no es una tarea sencilla. Por un lado, la información disponible hasta la fecha no permite contar con un retrato completo de este periodo tan complejo todavía en evolución. Al mismo tiempo, no disponemos aún de todos los datos oficiales y estadísticas sobre condiciones de vida necesarios para valorar su impacto en aspectos fundamentales de la sociedad en estos años. Con la limitación añadida de carecerse de indicadores sustantivos y desagregados a pequeña escala, en la medida en que este estudio se propone tener un anclaje fuertemente territorial en el conjunto de la provincia de Alicante, en el marco de la Comunitat Valenciana.

La singularidad y complejidad de la crisis multidimensional desencadenada por la pandemia de SARS-CoV-2 desde que sus primeros efectos fueron detectados, a principios de 2020, están dejando una profunda huella social, con un notable ensanchamiento de una pobreza y exclusión que presenta algunos perfiles novedosos sobre grupos, personas y hogares que de manera abrupta han visto desaparecer sus ingresos esenciales de un día para otro, generándose situaciones de empobrecimiento y necesidad sobrevenida que se han tenido que afrontar con rapidez. La crisis ha golpeado duramente al conjunto de la sociedad, pero, una vez más, lo ha hecho severamente sobre las capas más excluidas y los sectores especialmente vulnerables. Nuevamente, hemos visto que, al desencadenarse una intensa crisis económica, se produce un rápido incremento de la pobreza y la exclusión que, posteriormente, tardarán tiempo en reducirse y se hará de manera mucho más lenta, como hemos visto con anterioridad. Mientras tanto, se genera una expulsión de importantes segmentos de población hacia posiciones de mayor desventaja, con un progresivo empeoramiento de sus condiciones de vida que es importante evitar que se cronifiquen.

La crisis ha golpeado duramente al conjunto de la sociedad, pero, una vez más, lo ha hecho severamente sobre las capas más excluidas y los sectores especialmente vulnerables

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Por ello, resulta particularmente importante aproximarnos a un conocimiento de la pobreza generada y vivida con motivo de esta singular crisis desde ángulos multidimensionales que nos permitan acceder a una información mucho más amplia y enriquecedora, capaz de complementar las series estadísticas con las que habitualmente trabajamos. No estamos ante una crisis más, sino que asistimos a un shock sin precedentes que ha generado impactos múltiples, exigiendo políticas y respuestas de una intensidad y profundidad excepcionales. Es así como también necesitamos de perspectivas singulares de análisis que nos ayuden a conocer y comprender mejor los efectos, nada sencillos, que se han desencadenado entre nosotros.

Desde que en 1989 se formulara el Índice de Desarrollo Humano (IDH), académicos y centros de investigación han venido desplegando una variedad de indicadores compuestos de distinta naturaleza para acercarnos mejor a la comprensión e identificación de fenómenos como la pobreza, el desarrollo, la desigualdad y la exclusión social, siendo uno de los últimos el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), formulado por las Naciones Unidas junto con la Universidad de Oxford. En la misma línea, las investigaciones realizadas desde la London School of Economics por los profesores Richard G. Wilkinson y Kate Pickett sobre la desigualdad, utilizando para su medición y valoración una amplia batería de indicadores compuestos extraordinariamente diversos, demuestran hasta qué punto tenemos que ampliar el foco en nuestros análisis para enriquecerlos con perspectivas mucho más extensas. Es lo que se propone, de manera incipiente, este estudio, en mayor medida ante la enorme complejidad de los elementos que intervienen en esta etapa pandémica, así como por la novedad de algunos problemas desencadenados y las respuestas ofrecidas. Bien es cierto que es una propuesta que tendrá que ampliarse en el futuro para disponer de mejores espacios de conocimiento.

CUADRO 1 | Indicadores de pobreza por comarcas de Alicante y provincias de la Comunidad Valenciana (2019-2020)

1. Un punto de partida débil: la pobreza en Alicante antes de la pandemia

La emergencia sanitaria causada por la pandemia global de covid-19 desencadenó, desde sus inicios, una gigantesca crisis de impactos múltiples y efectos muy profundos, que todavía están vigentes, afectando a una sociedad que trataba de recuperarse todavía en numerosos espacios económicos, sociales y laborales de los profundos efectos de la Gran Recesión vivida en la anterior década.

De los datos preliminares y estudios que hasta la fecha se han venido realizando, existe una coincidencia unánime en señalar el impacto muy desigual de la pandemia entre la población española. El parón de la actividad económica afectó de manera inmediata a un buen número de sectores, llevando a otros muchos a un estado de «hibernación», incidiendo especialmente sobre colectivos de rentas bajas, en condiciones laborales precarias y situación vulnerable, vinculados a actividades particularmente sensibles a la crisis, como el turismo, la hostelería, el ocio, el comercio, el transporte y los trabajadores autónomos, entre otros muchos. Es cierto que el amplio abanico de medidas desplegadas de inmediato para aumentar la protección social, amortiguar la bajada de ingresos y compensar la caída de rentas, junto a la progresiva reactivación de la actividad económica (a pesar de las sucesivas olas vividas, atenuadas por la extensión de una vacunación muy amplia entre la población), han permitido recuperar con fuerza el empleo.

Existe unanimidad en señalar el considerable aumento de las situaciones de pobreza aguda y privación material severa en el conjunto de la población, especialmente sobre las personas y familias más frágiles y desfavorecidas a quienes no han llegado o no han podido acceder al llamado escudo social. Así, como destacaba la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada por el INE en 2021, la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social AROPE, creada en el año 2010 para medir la pobreza relativa en Europa, ampliando la valoración exclusiva de los ingresos para incorporar tres indicadores distintos a partir de la población que está en riesgo de pobreza o con carencias materiales severas o con baja intensidad en el empleo, apunta a su crecimiento en 2020 hasta alcanzar el 26,4% en el conjunto de España, desde el 25,3% del año 2019. A su vez, la población en situación de carencia material severa (un indicador más preciso para valorar la incidencia de la pobreza en este año) registraba un notable aumento, al pasar del 4,7% en 2019 al 7,0% en 2020 en el conjunto del país, mostrando así una parte de las consecuencias de la crisis sobre las personas más vulnerables. Recordemos que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, AROPE (En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión), o ERPE (Personas en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión), adoptada por la UE en sus estrategia de crecimiento y cohesión social, considera personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la población que se encuentra en alguna de las tres siguientes situaciones: en riesgo de pobreza si están por debajo del 60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo, en carencia material severa si no puede acceder a cuatro de los nueve conceptos de una lista de bienes básicos, y sin empleo o con baja intensidad en el empleo si aquellas personas en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo en el año de referencia.

Ahora bien, las evidencias ponen de manifiesto un mayor daño sobre una Comunitat Valenciana que a lo largo del último decenio ha soportado tasas elevadas de riesgo de pobreza y/o exclusión social, siempre por encima de los niveles medios de España y en posiciones relativamente altas en el conjunto de las comunidades. Así, a la luz de los indicadores de la ECV del INE mencionados, los datos sobre pobreza y tasa AROPE señalan un deterioro evidente, con incrementos intensos en los diferentes indicadores, como pone de manifiesto el aumento de la privación material severa, que alcanza al 11,5% de las personas, siendo la tasa más elevada en la serie histórica y también en todas las regiones, teniendo, a su vez, la tasa más alta de pobreza severa, solo superada por Canarias, situando así a la Comunitat Valenciana como la tercera con mayor incremento en el último año. Todos los indicadores de pobreza subieron a lo largo de 2020 en nuestra comunidad, pero aquellos directamente relacionados con la vulnerabilidad extrema lo hicieron en mayor medida, como ha sucedido con la privación material severa, la pobreza severa y la Baja Intensidad de Trabajo por Hogar (BITH).

Todo ello, a su vez, ha tenido una mayor incidencia sobre la provincia de Alicante en la medida en que las condiciones de partida para esta provincia son de mayor debilidad que en el conjunto de la Comunitat, como diferentes estudios han venido destacando en los últimos años. Así, los trabajos publicados en los últimos años por los profesores Paloma Taltavull y Francisco Juárez sobre renta y pobreza en la provincia de Alicante, han señalado cómo el crecimiento de ingresos y la reducción de la pobreza sobre este territorio durante los años de recuperación económica han sido menores que en el conjunto de la Comunitat Valenciana, acentuándose de esta forma los niveles de pobreza en la provincia y una dispar distribución de la riqueza. En la misma línea, el amplio estudio sobre la situación social en la provincia de Alicante dirigido por la profesora Carmen Ródenas, y en el que ha participado la profesora Mónica Martí, ha evidenciado tasas de pobreza y exclusión social muy desiguales en el conjunto de las comarcas alicantinas, con mayor incidencia en la Vega Baja y la Marina, que tienen, a su vez, los más bajos niveles de ingresos de la provincia.

A las debilidades del tejido económico alicantino, la existencia de núcleos de pobreza y vulnerabilidad incrustados en determinadas zonas que la economía sumergida amplifica, junto a unos mayores niveles de desigualdad territorial en la distribución de la renta, se añade la fragilidad de unas políticas sociales atomizadas y notablemente dispares en las distintas comarcas, con dificultades para intervenir eficazmente sobre los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Este es, por tanto, el punto de partida para comprender mejor el impacto de la pandemia en la vida de las personas en la provincia de Alicante.

2. Evolución de la pobreza durante la pandemia en la provincia de Alicante

Los estudios que se han venido realizando sobre desigualdad, distribución de renta y pobreza en España y a nivel regional han evidenciado el impacto de la pandemia sobre los hogares y las personas de una forma inequívoca, a pesar de que estas variables cambian de manera progresiva y el grueso de los datos sobre estos meses pasados saldrán próximamente. La estadística más completa sobre desigualdad en la distribución personal de la renta en España es la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, cuyos datos más recientes, publicados en 2021, se refieren a 2020, si bien los datos sobre ingresos corresponden a 2019. La máxima desagregación territorial de la ECV es a nivel de comunidades autónomas, siendo posteriormente los institutos de estadística de las diferentes comunidades los que hacen una aproximación subprovincial, como en la Comunitat Valenciana lleva a cabo el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana. Bien es cierto que la aplicación de modelos estadísticos de estimación para áreas pequeñas contiene coeficientes de variación más elevados a los que tiene la ECV, por lo que descender a este nivel de desagregación comarcal exige también de una cierta cautela en su análisis.

Diferentes estudios han detallado cómo, en la última década, la Comunitat Valenciana ha contado con tasas elevadas de riesgo de pobreza y exclusión social, por encima de la media de los datos referidos al conjunto de España, siempre en el grupo de comunidades con los indicadores más altos. Es así cómo, las consecuencias de la crisis y su evolución desde 2008 a 2019, afectaron a la sociedad valenciana de manera dispar, pero con mayor incidencia sobre la población más pobre, como demuestra el aumento de todos los indicadores de vulnerabilidad extrema, especialmente los referidos a carencia material severa (entendida como la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro conceptos de los nueve básicos recogidos en la ECV, referidos a: 1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros). 5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede permitirse disponer de teléfono. 8. No puede permitirse disponer de un televisor. 9. No puede permitirse disponer de una lavadora) y pobreza severa (referida a los hogares cuya renta media por unidad de consumo está por debajo del 40% de la renta mediana de distribución nacional).

De esta forma, la Comunitat Valenciana contaba en el año 2019, previo a la pandemia, con unas tasas AROPE agregadas de riesgo de pobreza o exclusión social del 24,4%, todavía ligeramente superiores a las que tenía en 2008, aunque más bajas que las del año anterior, que ascendían al 27,6%. Así, en 2019, la Comunitat Valenciana tenía 1,22 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, de las cuales 240.180 estaban en situación de carencia material severa, el 4,8% de la población valenciana, 1,9 puntos más que en el año anterior. En 2019 disminuyó la pobreza global, pero habrían aumentado las bolsas de pobreza extrema.

Los datos de 2020 evidencian un cambio de tendencia, a pesar de manejar todavía datos de rentas de 2019. Así, la tasa AROPE se elevó hasta el 27,1% para el conjunto del territorio valenciano, frente al 24,4% del año anterior, 2,7 puntos más de aumento, que afectaba a 1,37 millones de personas. Así, de 2019 a 2020 aumentaron en cerca de ciento cincuenta mil las personas que pasaban a estar en situación de pobreza o exclusión social, según el indicador armonizado AROPE en el conjunto de la Comunitat. Este avance de la pobreza en 2020 se ve de forma más acusada aún en el caso de las personas en situación de carencia material severa, con mayor vulnerabilidad, que en 2020 alcanzaron el 11,5% de la población valenciana, con un aumento destacable de 6,7 puntos respecto al año 2019, que representaba el 4,8%, llevando a que estas personas con carencias materiales severas pasaran de ser 240.180 en 2019 a 581.595 en 2020, año del inicio de la pandemia. Por el contrario, podemos ver cómo la renta media por unidad de consumo habría aumentado, pasando de 15.582 euros en 2019 a 16.518 en 2020, un incremento debido a las transferencias de renta a través de las medidas anticrisis desplegadas para compensar la caída de actividad económica por la pandemia. Sin embargo, se aprecia claramente un aumento de la pobreza severa en los estratos más pobres que, por su mayor precariedad y vulnerabilidad, más han sufrido durante esta crisis.

Si descendemos a un nivel provincial, y a través del análisis de modelos de pequeñas áreas elaborado por el IVE de la Generalitat Valenciana, los datos para la provincia de Alicante confirman el mayor impacto de la crisis para esta provincia en los años recientes, con mayores tasas de pobreza en sus diferentes indicadores, particularmente para la pobreza extrema. Así, en el año 2019, la provincia de Alicante contaba con una tasa AROPE del 29,0%, la más alta de las tres provincias, superando en 4,6 puntos la media de la Comunitat Valenciana, creciendo en el año 2020 hasta situarse en una tasa del 31,8% de la población de Alicante, manteniendo la distancia de 4,7 puntos por encima de la Comunitat. Esto significa que, si en 2019 la provincia de Alicante contaba con 539.018 personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión, un año después, durante la pandemia, éstas se elevaron hasta las 597.804, creciendo, por tanto, en 58.786 las personas en esta situación. En el año previo a la pandemia se confirman los niveles de pobreza más elevados en la provincia de Alicante, los más altos del conjunto de la Comunitat.

Al analizar las diferentes comarcas alicantinas, vemos el desigual impacto del avance de la pobreza en los años recientes, consecuencia de su distinta morfología sociodemográfica y su desigual metabolismo económico. En el año 2019, previo a la pandemia, la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión era notablemente dispar en el conjunto del territorio provincial, alcanzando sus niveles más bajos en la comarca de l’Alcoià, con un 22,1%, frente a los indicadores más elevados, que se registrarían en la Marina Alta, con un 34%, y la Vega Baja, con un 34,5%. Existirían, por tanto, más de 12,4 puntos de distancia entre la comarca con menores y la de mayores tasas de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, según el indicador AROPE, subrayando así las enormes disparidades en el territorio alicantino. La provincia de Alicante contaba en 2019 con todas sus comarcas con los mayores niveles de pobreza y exclusión social de toda la Comunitat Valenciana, tres de ellas encabezando las tasas AROPE más altas, la Vega Baja, la Marina Alta y la Marina Baja, por encima, incluso, de la media de la provincia de Alicante, que era la más elevada de las tres provincias valencianas. El resto de las comarcas contaban, a su vez, con niveles superiores a los de la media de la Comunitat.

Si nos detenemos en observar la proporción de personas residentes en hogares con carencia material severa, los datos destacan con mayor énfasis las importantes desigualdades comarcales, así como las acusadas bolsas de pobreza existentes en la provincia de Alicante. Los niveles más altos de personas en esta situación de pobreza severa se encuentran en la Vega Baja, con el 6,8%; la Marina Alta, con el 6,7%; y el Baix Vinalopó, con el 6,6%; mientras que, por el contrario, las tasas más bajas estarían en l’Alcoià, con el 3,9%. En este caso, seis comarcas estarían por debajo de los valores medios de la provincia, además de l’Alcoià, Alto Vinalopó, El Comtat, l’Alacantí y Marina Baixa y Vinalopó Medio, y de ellas, tres con valores por debajo de la media de la Comunitat, El Comtat, Alto Vinalopó y l’Alcoià. Existe, por tanto, una concentración de las bolsas de pobreza extrema en tres comarcas alicantinas, vinculadas, sin duda, a la existencia de población inmigrante extracomunitaria en condiciones de precariedad y otros colectivos vulnerables en la Vega Baja, la Marina Alta y el Baix Vinalopó (en línea con lo recogido en el informe realizado por las profesoras Carmen Ródenas (Dir.) y Mónica Martí para Ineca en 2019). Por el contrario, en el resto de las comarcas, aún con tasas de personas en riesgo de pobreza o exclusión social elevadas, los niveles de pobreza extrema son menos acusados. Los niveles de renta media por unidad de consumo en 2019, con valores de ingresos en los hogares de 2018, subrayan esta desigualdad entre las diferentes comarcas de la provincia de Alicante, situando a l’Alcoià, con 16.389 euros como la que tendría mayores niveles de renta por unidad de consumo, frente a la Marina Alta, con 12.341 euros, la que contaría con niveles más bajos, con una diferencia de 4.048 euros entre una comarca y otra.

En el análisis comarcal de pequeñas áreas para la provincia de Alicante, con los datos de 2020 del IVE de la Generalitat Valenciana, vemos con claridad la involución que se ha producido en todos los indicadores de pobreza, anticipando lo que, sin duda, se confirmará a medida que la pandemia avance. Así, la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión a la luz de la tasa AROPE avanzó de manera espectacular en el territorio alicantino, pasando del 29,8 de media en 2019 al 31,8 en el conjunto de la provincia en 2020, alcanzando niveles muy elevados en algunas de sus comarcas, especialmente en la Marina Alta, donde llegaba hasta el 40,9% para la población residente en esa comarca. Si bien en las nueve comarcas alicantinas avanzó la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social de 2019 a 2020, lo hizo de manera notablemente diferencial en los distintos territorios. Así, en aquellas que arrastraban los niveles más altos del año anterior, lo hizo en menor medida, mientras que en otras con una mayor dependencia del turismo y de actividades económicas que más han sufrido desde que se inició la pandemia, han experimentado mayores avances, algo que aumentará en las estadísticas próximas al incorporar indicadores de renta más recientes. De esta forma, los mayores crecimientos y las tasas más altas de riesgo de pobreza o exclusión con los datos de 2020 se encontrarían en la Marina Alta, con el 40,9% y un aumento de 6,9 puntos respecto a 2019; Marina Baja, con tasas del 39,6% y un aumento de 8,6 puntos respecto al año anterior; así como l’Alacantí, con niveles del 31,5% y un crecimiento de 3,7 puntos respecto al anterior año. La comarca de la Vega Baja, que ha contado siempre con indicadores muy altos de pobreza, encabezaba en 2019 las tasas AROPE de pobreza o exclusión social con un 34,5%, pero solo aumentó en tres décimas en 2020. Cinco comarcas alicantinas tendrían tasas del indicador agregado AROPE mayores que la media de la Comunitat Valenciana, y de ellas tres con niveles superiores a la media provincial: Marina Alta, Marina Baja y Vega Baja.

La proporción de personas residentes en hogares en situación de carencia material severa a nivel comarcal nos ofrece datos mucho más concluyentes. En 2019 ninguna de las nueve comarcas alicantinas llegaba a los siete puntos, a pesar de encontrarse seis de ellas por encima de la media de la Comunitat y, de estas, tres tenían valores más altos a la media provincial. Sin embargo, el avance de la pobreza en 2020 ha llevado a que todas las comarcas alicantinas hayan aumentado notablemente este indicador en sus zonas, con cinco de ellas superando ampliamente los niveles más altos alcanzados en 2019. Destacan la Marina Alta, que alcanza el 18,3% de personas residentes en hogares en situación de carencia material severa, con un aumento de 11,6 puntos respecto a 2019; seguida de la Vega Baja, con un 17,5% y un incremento de 10,7 puntos sobre el año anterior; y por la Marina Baixa, con 16,5 puntos y un incremento de 11 puntos. También es notable el aumento que experimenta la comarca de l’Alacantí, que pasa de tener el 5,3% de población en esta situación en 2019 a alcanzar un 13,2% en 2020. Son, sin duda, estas bolsas de pobreza extrema las que mayor atención deben tener para evitar su cronificación y apostar por su reincorporación social y económica.

En términos de renta media por unidad de consumo, se observan algunos datos más complejos, ya que, salvo la comarca de la Marina Alta en la que se ha vivido un retroceso significativo, el resto de las comarcas alicantinas aumentaron su nivel de renta media, e incluso algunas de ellas, como El Comtat, lo hicieron de manera significativa superando los niveles medios de la Comunitat, destacando también lo sucedido en la comarca de l’Alacantí, donde, a pesar del aumento de las tasas de pobreza y carencia material severa, experimentó un llamativo aumento de los niveles medios de renta por unidad de consumo, pasando de los 14.991 euros en 2019 a los 16.081 euros en 2020. Para comprender estos aumentos, tenemos que considerar, como ya mencionamos, el impacto positivo sobre la economía de las familias de ayudas, rentas y subsidios desplegados desde el inicio de la pandemia, si bien se constata el mayor impacto de la crisis en la comarca de la Marina Alta, a la luz de los diferentes indicadores.

Indicadores complementarios de pobreza en Alicante

Como vemos, el análisis de todos los indicadores directos de pobreza evidencia la existencia en la provincia de Alicante de dos fenómenos que, con la crisis derivada de la pandemia, se han acentuado: niveles de pobreza y vulnerabilidad más elevados en el conjunto del territorio de la Comunitat Valenciana, así como la existencia de factores territoriales en su distribución en el conjunto de la provincia alicantina, entre unas comarcas y otras. Ahora bien, la extensión, la persistencia y profundidad de esas brechas de pobreza sobre Alicante exigiría desbordar los análisis tradicionales para incorporar otros indicadores multidimensionales que ayudaran a precisar mejor sus perfiles, conociendo mejor la naturaleza de su impacto.

CUADRO 2 | Preceptores de pensiones en la Comunidad Valenciana y Alicante por clase y tramos (a 31 de diciembre de 2020)

Aunque es cierto que este desafío supera, con mucho, el propósito y la extensión de este trabajo, aportamos dos análisis complementarios y novedosos sobre la provincia de Alicante que nos permitan ampliar la comprensión sobre estas dinámicas de empobrecimiento tan enraizadas. El primero de ellos se refiere a la determinación de las diferentes tipologías de perceptores de pensiones en la Comunitat Valenciana y Alicante, por clase y tramos económicos, situadas por debajo de los umbrales de pobreza y de pobreza severa. El umbral de pobreza o de riesgo de pobreza se establece en los hogares cuya renta media por unidad de consumo se sitúa por debajo del 60% de la renta mediana de distribución, mientras que el umbral de pobreza alta o pobreza severa incluirían a los hogares cuya renta media por unidad de consumo se encuentra por debajo del 40% de la mediana. Dado que la mediana de distribución de los hogares en la ECV de 2020 era de 16.043 euros anuales, el umbral de riesgo de pobreza en hogares unipersonales estaría en 9.626 euros, mientras que el de pobreza severa se situaría en 6.417 euros al año.

De esta forma, y a la luz de estos criterios, tendríamos que en las cinco categorías distintas de pensiones que la Seguridad Social otorga a perceptores de la provincia de Alicante hay unas tasas de pensionistas que perciben cantidades por debajo del umbral de pobreza y de pobreza severa en mayor proporción que en el conjunto de la Comunitat, con datos a diciembre de 2020. Los datos son particularmente significativos para las pensiones de incapacidad y de jubilación, en la medida en que afectan a un mayor número de jubilados con prestaciones que no son compatibles con la percepción de otras pensiones, al tiempo que son las mayores en cuanto a perceptores totales. Es así como, mientras en la Comunitat Valenciana el 36,7% de los beneficiarios de pensiones de incapacidad permanente perciben prestaciones por debajo del umbral de la pobreza, para Alicante esos perceptores en riesgo de pobreza representan el 41,9% del total, 5,2 puntos por encima de la media de la Comunitat Valenciana. Algo similar sucede con el conjunto de pensiones de jubilación, de las cuales el 29,5% de las mismas en el conjunto de las Comunitat estarían por debajo del umbral de pobreza, mientras que para la provincia de Alicante supondrían el 32,3%, 2,8 puntos por encima de la media de toda la región valenciana. Si el análisis lo hacemos sobre la base de las pensiones cuya cuantía está por debajo del umbral de pobreza severa, en el caso de las prestaciones por incapacidad permanente nos encontramos con que, mientras el 5,5% de todas ellas en el conjunto de la Comunitat están por debajo de ese umbral, en la provincia de Alicante representan el 7,7%, esto es, 2,2 puntos más, al tiempo que, en el caso de las pensiones por jubilación para el territorio de la Comunitat, el 12,7% de ellas están por debajo del umbral de pobreza severa, que para la provincia de Alicante se elevan hasta el 14,1%, con 1,4 puntos por encima del total de la región. En términos absolutos nos encontraríamos con que 9.755 perceptores de pensiones de incapacidad permanente junto a otros 66.975 de jubilación percibirían prestaciones por debajo del riesgo de pobreza, sumando 76.730 perceptores que plantean una bolsa de vulnerabilidad importante en la provincia.

CUADRO 3 | Evolución de beneficiarios del bono social eléctrico en España, la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante (de 2018 a 2021)

Otro de los espacios de análisis importantes y de gran actualidad para conocer el avance de la pobreza entre la población valenciana, es el número de beneficiarios del bono social eléctrico reconocidos como tal por las operadoras de energía para consumidores que tengan la consideración de vulnerables, vulnerables severos, vulnerables severos en riesgo de exclusión, a los que se ha añadido una categoría nueva de vulnerabilidad provocada por el covid-19. En este caso, trataríamos de aproximarnos al conocimiento de los hogares en situación de pobreza energética reconocida como consecuencia de tener un nivel de ingresos insuficiente para no poder mantener el hogar con una temperatura adecuada, no poder afrontar el pago de facturas, tener un gasto energético excesivamente bajo para las necesidades familiares o tener un gasto en suministros energéticos desproporcionado sobre el nivel de ingresos, indicadores todos ellos reconocidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza energética 2019-2024 (ENPE). Los datos desglosados a nivel territorial para el conjunto de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Alicante no han sido fuente de explotación hasta la fecha, entre otros motivos, porque el acceso a los mismos no es sencillo. Sin embargo, la pobreza energética se ha convertido en uno de los indicadores para identificar y ponderar la situación de exclusión y vulnerabilidad de los hogares, hasta el punto de que está entre los nueve indicadores que se utilizan en la ECV para identificar y cuantificar los hogares en situación de privación material severa, siendo a su vez uno de los elementos en las estrategias europeas de reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, la crisis de la energía y el encarecimiento de la factura eléctrica ha colocado en el primer plano de actualidad esta problemática.

Los datos de beneficiarios del bono social eléctrico en Alicante muestran, nuevamente, que esta provincia tiene bolsas de pobreza, en este caso de pobreza energética, superiores la media de la Comunitat Valenciana con anterioridad a la llegada de la pandemia de covid-19. En los años previos a la pandemia, la provincia de Alicante vio aumentar de manera significativa los beneficiarios del bono social eléctrico, que pasaron en términos absolutos de 52.538 en 2018 a 66.634 en 2019. La cifra experimentó un ligero descenso en 2020, año del inicio de la pandemia, al situarse en 62.868 hogares beneficiarios, si bien para 2021, con datos hasta septiembre de ese año, se ha experimentado un importante repunte, ya que en los nueve meses del año se ha superado la cifra total de beneficiarios del año anterior, al ascender a 66.639 hogares. Esto significa que la provincia de Alicante, con el 4% de la población de toda España, tiene el 5,5% de los beneficiarios reconocidos del bono social eléctrico, mientras que esta provincia, con el 37% de la población de toda la Comunitat Valenciana, recoge el 40% de estos beneficiarios. En cuanto a la tipología de estos beneficiarios, predominan los vulnerables severos en riesgo de exclusión, que representan el 53% del total en el conjunto de la provincia, frente al 47% restante que tendría la categoría de beneficiarios vulnerables.

La introducción de la nueva figura de beneficiarios vulnerables por la pandemia de covid-19, que se hizo en 2020, ha tenido un escaso recorrido en la medida en que los complicados trámites para la solicitud de este bono implican que no sea procedente solicitar el traslado de una categoría ya reconocida a otra, por lo que esta nueva figura de beneficiarios acoge a hogares nuevos afectados de manera directa por la pandemia. Aún así, esta nueva figura de beneficiarios ha pasado de tener 110 en el año 2020 a 313 a septiembre de 2021, representando a su vez el 46% de todos los beneficiarios vulnerables de este bono eléctrico por covid-19 en la Comunitat en el año 2020 al 53% en septiembre de 2021, confirmando, de esta forma, el impacto de la pandemia también en términos de pobreza energética.

3. La transición hacia medidas de inclusión social efectivas: el papel del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) durante la pandemia

El debate sobre los instrumentos más eficaces para intervenir ante la pobreza y la exclusión social lleva tiempo presente en la agenda pública, especialmente a raíz de los efectos de la Gran Recesión, iniciada en 2008. No hay duda de que las políticas sociales tienen instrumentos, medios y recursos limitados, interviniendo con frecuencia en el límite de sus posibilidades, siendo muy valiosa también la contribución de la iniciativa solidaria privada. Sin embargo, la dificultad para actuar eficazmente ante situaciones de pobreza cronificada, de carencia material severa o de profunda exclusión social ha planteado desde hace tiempo la necesidad de contar con dispositivos que, de manera continuada, proporcionen rentas económicas básicas que no dependan de los complicados circuitos de los servicios sociales municipales ni de la debilidad de los sistemas de protección social existentes.

Con el paso del tiempo, las comunidades autónomas han venido impulsando, con arreglo a las competencias específicas que tienen atribuidas, las llamadas rentas mínimas de inserción con distintos perfiles y exigencias, tratando así de implantar transferencias económicas básicas para los colectivos más excluidos, a modo de redistribuidores de rentas y reductores de desigualdad. Hablamos, por tanto, de ingresos de subsistencia dirigidos a los sectores más desfavorecidos, carentes de otros recursos, y sin facilidad de acceso al mercado de trabajo, con un componente importante de protección social.

CUADRO 4 | Evolución de los destinatarios del a RVI por modalidades, en la Comunidad Valenciana y por provincias (2019-2021)

De esta forma, todas las comunidades autónomas han implantado este sistema de rentas mínimas como instrumento central de sus políticas sociales, con rasgos, requisitos y alcances tan variables como dispares entre la población en situación de pobreza en las diferentes regiones de España. Es así como el sistema ha configurado un modelo territorial desigual en las coberturas asignadas a hogares con menos ingresos, en las cuantías mensuales abonadas y en los requisitos a los beneficiarios sin ingresos. Hasta el punto de que, desde el Consejo Europeo, se han venido realizando recomendaciones a España para intensificar la eficacia de los programas de renta mínima garantizada, con el fin de mejorar su cobertura y reducir las disparidades en el acceso entre los diferentes sistemas autonómicos, como recoge la recomendación nº 2 del Consejo Europeo de 13 de julio de 2018 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de España en el marco del dictamen sobre el Programa de Estabilidad de 2018 de España.

CUADRO 5 | Evolución del gasto por la Generalitat Valencian en RGC y RVI (2015-20)

El papel de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) durante la pandemia

En la Comunitat Valenciana se cuenta con una renta de inserción denominada Renta Valenciana de Inclusión, configurada como una prestación económica no condicionada a la obligación de participar en actividades de inclusión social o inserción laboral para proporcionar un mínimo vital a las personas sin recursos. La Renta Valenciana de Inclusión (RVI) sustituyó a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), vigente hasta el año 2018, que había demostrado problemas muy importantes en su gestión, junto a limitaciones para su acceso.

El diseño de la nueva Renta Valenciana de Inclusión se hizo desde el reconocimiento del derecho subjetivo a recibir una prestación económica para cubrir necesidades básicas para la unidad de convivencia que carece de recursos para ello, así como el derecho subjetivo a la inclusión social, junto a la implementación de nuevos procedimientos administrativos para facilitar su aplicación. De esta forma, la nueva RVI despliega instrumentos innovadores para ser más eficaz en la cobertura ante situaciones de pobreza, riesgo de exclusión y desigualdad, si bien todo ello sigue dependiendo estrechamente de una nueva forma de gestión, que da más responsabilidades a unos servicios sociales municipales en el límite de sus posibilidades, abriendo interrogantes sobre los recursos disponibles, limitados por la infrafinanciación histórica y el abultado déficit asumido por la Generalitat Valenciana.

El desarrollo de la nueva RVI se hace mediante cuatro tipos de prestaciones distintas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de los destinatarios:

  • Renta de Garantía:
  • Renta de Garantía de Ingresos Mínimos (RGIM).
  • Renta de Garantía de Inclusión Social (RGIS).
  • Renta Complementaria de Ingresos:
  • Renta Complementaria de Ingresos por Prestaciones (RCIP).
  • Renta Complementaria de Ingresos del Trabajo (RCIT).

Las fechas de entrada en vigor de las distintas modalidades son el 23 de abril de 2018 para la RGIM y RGIS, el 23 de abril de 2019 para la RCIP, y el 23 de abril de 2022 para la RCIT. De manera que la pandemia de covid-19 coincidió con el proceso de implantación de estas novedosas rentas valencianas de inserción.

Al mismo tiempo, existen otras prestaciones adicionales, como el complemento de alquiler de vivienda habitual y derechos energéticos, el complemento de cuota hipotecaria que grava la vivienda habitual y el complemento de derechos energéticos para personas titulares sin gastos de alojamiento, todos ellos vinculados a la percepción de la Renta Valenciana de Inclusión. La RGIS se podría comparar a la anterior RGC, a la que sucede, pero el resto de los instrumentos son tan novedosos como avanzados. Estamos, por tanto, ante un desarrollo ambicioso de la nueva RVI, pero también repleto de desafíos y complejidades técnicas que plantean numerosas incertidumbres en su implantación.

Al iniciarse la pandemia de covid-19 y declararse el estado de alarma existe, por tanto, en el territorio valenciano esta renta de inserción que, junto con otros dispositivos sociales municipales gestionados desde los servicios de atención primaria, atienden situaciones de pobreza, emergencia y necesidad, aunque de manera muy desigual en función de las políticas sociales llevadas a cabo por cada ayuntamiento, y con no pocas dificultades. En el caso de la RVI, ésta llevaba poco tiempo en marcha, al haber entrado en vigor en junio de 2018 y algunos de sus instrumentos no haberse implantado todavía, como la Renta Complementaria de Ingresos del Trabajo (RCIT), que lo hace en el año 2022, a pesar de lo cual resulta imprescindible conocer su impacto ante las situaciones de pobreza y emergencia social planteadas durante la pandemia en el territorio valenciano y de manera particular en Alicante.

En la medida en que la RVI entra en vigor a mediados de 2018, este año es fronterizo entre el sistema de prestaciones anterior y la puesta en marcha del nuevo. Por ello, es necesario arrancar el análisis sobre la RVI en el año previo a la pandemia, 2019, un período marcado por su puesta en marcha y el despliegue de los complejos mecanismos técnicos y administrativos necesarios para su implantación. Dos elementos llamativos destacan en este primer año de rodaje, como son, en primer lugar, avanzar muy rápidamente en su implantación, al llegar a los 40.611 destinatarios, y, en segundo lugar, colocar a la provincia de Alicante en una posición destacada en cuanto al número de receptores de la prestación. Los dos datos son muy importantes en la medida en que confirman, por distintas vías, importantes núcleos de población vulnerable en la Comunitat Valenciana y, de una manera destacada, en la provincia de Alicante. En el primer caso, tenemos que ser conscientes del elevado número de prestaciones reconocidas en el primer año de puesta en marcha de la RVI, teniendo en cuenta la complejidad técnica y burocrática de su tramitación y el tiempo que inicialmente se tardaba en la aprobación, que llegó a superar el año en numerosas ocasiones, como ha venido investigando ampliamente el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en las numerosas quejas abiertas a petición de los ciudadanos, recogidas en las memorias anuales de la institución de los últimos años y presentadas a las Cortes valencianas.

Esto viene a demostrar la existencia de importantes bolsas de pobreza en la Comunitat Valenciana de personas que, en el año previo a la pandemia y cuando se hablaba claramente de recuperación, se situaban por debajo del umbral de la pobreza, en línea con los requisitos exigidos por esta renta. En cuanto a la evolución de los datos para la provincia de Alicante, confirman el diagnóstico previo referido a contar con situaciones de pobreza, exclusión y carencia material más acusadas en el territorio valenciano.

El importante crecimiento experimentado por la RVI desde 2019 a 2021 evidencia el importante papel de este dispositivo social para dar cobertura al aumento de la pobreza que se ha experimentado durante la pandemia, a pesar de las limitaciones sanitarias y las restricciones administrativas impuestas por las autoridades para contener la expansión del covid-19 que dificultaron su tramitación. Así, de 2019 a septiembre de 2021, la RVI creció en un 86% en el conjunto de la Comunitat, mientras que en la provincia de Alicante lo hizo en un 122%. Hasta el punto de que, en septiembre de 2021, esta provincia alicantina se situó como la que mayor número de beneficiarios de la RVI acumula, por encima de Valencia.

CUADRO 6 | Evolución de expedientes aprobados del IMV ( 2020-2021)

Fiel reflejo de la importante extensión de la RVI desde su puesta en marcha, y especialmente en los años de la pandemia, es el fuerte aumento presupuestario dedicado a la misma desde la Generalitat Valenciana, que habría pasado de los 58 millones de euros que se destinaban a la renta antecesora en 2017, a los 254 millones ejecutados en 2020 y que, por la evolución del ejercicio de 2021, superarán al año anterior. Esto viene a confirmar la importancia de este instrumento social durante los años de la pandemia en la Comunitat Valenciana como amortiguador de las situaciones de pobreza y necesidad, con la particularidad de que, tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en mayo de 2020, hay una incompatibilidad de prestaciones, siendo necesario solicitar primero el IMV antes de poder tramitar la RVI.

La implantación del nuevo modelo de renta de inserción en la Comunitat Valenciana a través de la RVI coincide así con la pandemia de covid-19. Por un lado, su extensión tiene que afrontar las situaciones de emergencia social y necesidad sobrevenida generadas por las medidas adoptadas por las autoridades con motivo de la declaración del estado de alarma y el impacto social de la pandemia, con la interrupción de la actividad laboral para miles de trabajadores y su entrada en el desempleo o en situaciones de ERTE, el parón en la actividad económica y la limitación en la movilidad. Todo ello afectó de manera especial a colectivos con rentas bajas o condiciones laborales precarias, vinculados en muchos casos a actividades sensibles a la crisis, como el turismo, la hostelería, el ocio, el comercio, el transporte y los trabajadores autónomos, entre otros colectivos.

Pero la intervención de las rentas de inserción autonómicas como la RVI contaba con la limitación del cierre en la atención presencial de los servicios sociales municipales de base que, siendo considerados como personal esencial, tenían que pasar a atender situaciones de extrema necesidad sobre colectivos vulnerables en condiciones extremadamente precarias (como transeúntes, mujeres prostituidas, personas sin hogar, menores en situación de riesgo o violencia de género). De esta forma, se limitaba el acceso para tramitar las rentas de inserción a la vía telemática para colectivos con dificultades para contar con recursos tecnológicos adecuados.

Sin embargo, en la Comunitat Valenciana la extensión de la RVI, como recurso básico ante situaciones de extrema necesidad, siguió avanzando durante los meses de pandemia hasta la fecha, consolidándose como una pieza fundamental en las políticas de intervención social ante los colectivos en riesgo de pobreza. Ante la aprobación del Ingreso Mínimo Vital por el Gobierno central, la Renta Valenciana de Inclusión adapta su normativa mediante el Decreto Ley 7/2020, de 26 de junio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, por el que se establece el carácter subsidiario y complementario de la RVI al IMV. De esta forma, antes de poder tramitar esta Renta Valenciana de Inclusión, se tiene que solicitar el Ingreso Mínimo Vital y ser denegada la prestación, de manera que, con el tiempo, la RVI trasladará un buen número de potenciales beneficiarios hacia el IMV.

Un primer balance del impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Alicante

La gravedad de las situaciones de emergencia social desencadenadas por la crisis del covid-19, junto al rápido aumento de la pobreza en una parte de la población, planteó la necesidad de impulsar una medida novedosa, de la que se venía tiempo debatiendo, a través de un Ingreso Mínimo Vital, entendido como prestación no contributiva de ámbito estatal dirigida a los colectivos en situación de riesgo severo. Así es aprobado por Consejo de Ministros, mediante RD 20/2020 de 29 de mayo, por el que se crea un Ingreso Mínimo Vital (IMV). En la nota de prensa tras el Consejo de Ministros, se señala sobre esta nueva prestación de la Seguridad Social que «será de carácter permanente, tiene como principales objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad».

Con su creación, este IMV pasa a convertirse en una pieza novedosa muy importante en el Sistema de Garantía de Ingresos Mínimos, exigiendo un extraordinario esfuerzo fiscal y de gestión para su implantación. En su arranque, los objetivos anunciados por el Gobierno parecen demasiado ambiciosos. Así, en la mencionada nota del Consejo de Ministros, se explica que, según las estimaciones gubernamentales, «la nueva prestación podría alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares con niños», hasta el punto de llegar a afirmarse que con el mismo «se espera que prácticamente erradique la pobreza extrema en España». El presupuesto inicial anunciado para financiar este ingreso ascendería a 3.000 millones de euros al año, como recoge la información del Gobierno tras su aprobación, encomendándose a la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) su evaluación anual.

Desde que el Ingreso Mínimo Vital se puso en marcha, han aflorado diferentes problemas en su acceso a colectivos vulnerables, junto a importantes lagunas en su gestión

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Desde su aprobación, se identificaron distintas limitaciones y obstáculos para su acceso a las personas en condiciones de pobreza y exclusión social a las que se dirigía, que, además, aumentaban por la situación de pandemia y las restricciones derivadas de la misma. De hecho, tanto en su trámite parlamentario, como con posterioridad, se han ido introduciendo diferentes cambios para eliminar algunas de estas trabas, al tiempo que se avanzaron acuerdos con diferentes comunidades autónomas para facilitar su gestión, como la pasarela automática de reconocimiento en bloque desde las rentas mínimas autonómicas a la RMI, utilizada por el Gobierno de Aragón o de Navarra, posibilitando que sean comunidades con mayores niveles de cobertura en el avance de prestaciones reconocidas.

Sin embargo, los obstáculos para su acceso y las consiguientes reducciones en el número de beneficiarios reales sobre las estimaciones iniciales previstas llevaron al Gobierno a una reducción significativa de la partida presupuestaria inicial para acomodarla a esta realidad. Así, como recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de los 2.956 millones de euros previstos en los PGE para el año 2021, se rebajó posteriormente el presupuesto a la mitad, hasta los 1.456 millones, porque el número de beneficiarios aprobados por la prestación era muy inferior al número de beneficiarios potenciales estimados.

Desde que entró en vigor el Ingreso Mínimo Vital, en junio de 2020, su evolución ha evidenciado las dificultades que ha tenido para llegar a las personas destinatarias, identificadas y cuantificadas por el Gobierno, como recogía la nota de prensa del Consejo de Ministros.

Así, el reconocimiento de beneficiarios ha tardado un tiempo importante en adquirir una cierta relevancia, a la luz de la evolución de las prestaciones aprobadas. Si tenemos en cuenta que la prestación entró en vigor en junio de 2020, vemos que durante los meses más duros de la pandemia la IMV no despegaba, algo que se ha producido hasta el último cuatrimestre de 2021. Sobre el total de los expedientes aprobados en España, que ascienden a 362.017 en diciembre de 2021, los pertenecientes a la Comunitat Valenciana representan un 11,6% del total, con una ligera bajada desde el mes de marzo del mismo año. Bien es cierto que ello es achacable a la recuperación de contratos en numerosos sectores, a la vez que se reducían restricciones, avanzaba la vacunación y se recuperaba una temporada de verano que en algunas actividades adquiría tintes de una cierta normalidad.

En la Comunitat Valenciana y, por provincias, Valencia lidera el grueso de los expedientes aprobados desde la puesta en marcha del IMV, experimentando un cierto descenso respecto a septiembre al finalizar 2021, situándose por debajo del 50% de los expedientes aprobados en la Comunitat Valenciana, representando 20.540 solicitudes aprobadas. La provincia de Alicante contaría con una cifra de 17.520 expedientes en vigor aprobados al finalizar 2021, con un ligero aumento respecto a septiembre del mismo año de 1,5 puntos, debido a que nuevos colectivos se habrían sumado al ingreso. La provincia de Castellón ha avanzado de forma bastante estable desde la implantación de este ingreso, con una cifra cercana al 10% de todas las aprobaciones en la Comunitat, que en el mes de diciembre de 2021 representaban 4.152 expedientes favorables con prestación.

Problemas en el acceso y gestión del IMV

Desde que el Ingreso Mínimo Vital se puso en marcha, han aflorado diferentes problemas en su acceso a colectivos vulnerables, junto a importantes lagunas en su gestión que han alejado a este importante ingreso, creado para frenar la expansión de la pobreza en una situación tan grave como la generada durante la pandemia, de un buen número de hogares en situaciones de pobreza extrema. Así ha venido siendo recogido desde importantes organizaciones sociales en diferentes estudios, como los realizados por la fundación Foessa de Cáritas, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, o la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, entre otros. Es cierto que la aprobación final de la Ley del Ingreso Mínimo Vital, en diciembre de 2021, ha incorporado algunas de las peticiones de mejora que se venían haciendo, si bien existen algunas otras que tienen que ver con problemas de carácter sistémico que requieren un abordaje más profundo.

El primer gran problema que ha tenido el IMV tiene que ver con su enorme distancia por dar cobertura a los colectivos fijados por el Gobierno de personas en situación de pobreza severa. Las cifras de posibles perceptores anunciadas por el Ejecutivo en mayo de 2020, de 2,2 millones de personas, han quedado en poco más de 800.000 al finalizar 2021, año y medio después de su puesta en marcha, sin tener en cuenta el notable aumento de la pobreza en España de la mano del avance de la pandemia. Este dato contrasta con el hecho de que, con datos del IMV a septiembre de 2021, de las 1.453.652 solicitudes presentadas, tan solo se han concedido 336.933 prestaciones, lo que representa el 25,4% de los expedientes aceptados, una cuarta parte del total de solicitudes válidas, mientras que han sido rechazados el 73% de todos los expedientes aceptados, encontrándose otro 1,5% en proceso de subsanación.

No se puede negar la ingente carga de trabajo que la tramitación de esta novedosa prestación ha originado en un ministerio que ya venía acumulando importantes desafíos derivados de la tramitación de otras muchas prestaciones y expedientes. Sin embargo, a las dificultades para realizar su tramitación electrónica para colectivos vulnerables, por el cierre físico de las oficinas para gestionar la solicitud, se añade el hecho de que los requisitos exigidos, en muchos casos tenían en cuenta la situación previa a la pandemia, pero no las graves condiciones de pobreza sobrevenida que se han generado durante el avance de las diferentes olas de covid-19. También deben mencionarse lagunas en su diseño para determinados colectivos, hogares y situaciones de pobreza severa. Al mismo tiempo, ha existido una cobertura muy desigual, a nivel territorial, en las diferentes comunidades autónomas, sobresaliendo el País Vasco y Navarra, con porcentajes de expedientes tramitados por expedientes válidos de un 68 y 61%, respectivamente, frente al 14% de Baleares, el 18% de Canarias, el 21% de Cataluña, el 23% de Madrid y el 24% de la Comunitat Valenciana. En la medida en que las diferentes comunidades presentan tasas muy desiguales de pobreza, pero también de recursos destinados a políticas sociales dirigidas a la erradicación de la pobreza, urge avanzar hacia procedimientos homogéneos en una prestación que tiene la consideración de derecho subjetivo.

La aprobación en diciembre de 2021 de la Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital da seguridad y continuidad jurídica a este ingreso que hasta entonces se regulaba por un Real Decreto Ley. Entre sus novedades, se han incorporado nuevos complementos de ayuda a la infancia para familias con menores a cargo con el propósito de ampliar la lucha contra la pobreza infantil, recogido en la Garantía Infantil Europea aprobada por la Comisión en marzo de 2021, en el marco de la Estrategia Europea de Derechos de la Infancia, un reajuste para la percepción en los hogares de rentas bajas, junto a mejoras para llegar a colectivos especialmente vulnerables, además de un reajuste en las rentas computables de las prestaciones que reciben las personas con dependencia y las prestaciones de subsidios por desempleo. Al mismo tiempo, se han rebajado diferentes requisitos administrativos, como la reducción en el plazo de antigüedad de la unidad de convivencia de doce a seis meses, o el requisito de acreditación de vida independiente para menores de 30 años, que pasa de tres a dos años.

Junto a estos cambios, se ha avanzado para permitir a entidades colaboradoras del tercer sector acreditar la idoneidad potencial de solicitantes. A su vez, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó a finales de 2021 la puesta en marcha de los itinerarios de inclusión ligados al Ingreso Mínimo Vital, para lo cual se firmaron 16 convenios con administraciones y entidades sociales, para desarrollar proyectos piloto escalables que diseñen itinerarios personalizados de inclusión social y laboral para los beneficiarios del IMV, desarrollados junto a diferentes comunidades autónomas, mientras que otros dos se realizan con los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y los cinco restantes se firmaron con entidades del tercer sector. Al mismo tiempo, otras entidades sociales aplicarán la metodología de ensayos de control aleatorio vinculados a la reducción de la pobreza y a la desigualdad, así como a la economía del desarrollo en el marco de estas intervenciones.

El impacto de las rentas de inserción sobre la población en situación de extrema pobreza

Para valorar la evolución e impacto real de este ingreso tendríamos que considerar dos variables diferenciadas, como son, por un lado, el número de personas y hogares perceptores en situación de pobreza extrema, junto a la composición y naturaleza de los receptores.

Los datos de potenciales beneficiarios del IMV anunciados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su presentación en mayo de 2020 señalaban a 2,3 millones de personas pertenecientes a 850.000 hogares como potenciales beneficiarios, en línea con el 4,7% de población de España en situación de carencia material severa, recogido por la ECV de 2019, año anterior a su aprobación. En el caso de la Comunitat Valenciana, esta tasa de carencia material severa se elevaba hasta el 4,8% de su población en el mismo año, con cifras muy variables para cada una de las provincias, del 5,8% en Alicante, el 3,8% para Castellón y el 4,3% en Valencia, atendiendo a las cifras e indicadores de pobreza y condiciones de vida subregional para el año 2019, a partir de las estimaciones realizadas por la Oficina de Estadística de la Generalitat Valenciana.

CUADRO 7 | Tasa de cobertura del IMV sobre población en situación de carencia material severa en España, Comunidad Valenciana y provincias, según la proyección del Gobierno en 2020

Se considera que una persona está en condiciones de carencia o privación material severa si vive en un hogar que carece de, al menos, cuatro de los nueve componentes básicos de consumo recogidos en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) considerados como básicos en el territorio europeo, que permiten desarrollar una vida adecuada, utilizados para establecer las tasas de riesgo de pobreza. La carencia o privación material severa es un indicador de vulnerabilidad grave, al tiempo que la proporción de población en situación de carencia material severa es uno de los componentes fundamentales en diferentes estrategias europeas de lucha contra la pobreza.

CUADRO 8 | Tasa de cobertura del IMV sobre población en situación de carencia material severa en España, Comunidad Valenciana y provincias al finalizar 2021

A la luz de estos datos, la tasa de cobertura del IMV que el Gobierno se fijó en relación con la población en condiciones de carencia material severa alcanzadas en septiembre de 2021, quince meses después de su entrada en vigor, y sin olvidar el crecimiento de todos los indicadores de pobreza experimentados durante la pandemia con posterioridad a 2019, no alcanzaron los objetivos anunciados. A un nivel global, se llegó al 35,9% de toda la población en España en situación de carencia material severa, alcanzando en la Comunitat Valenciana el 39,7%, una tasa de cobertura que desciende para la provincia de Alicante en 3 puntos, alcanzando el 36,7%, como consecuencia de tener esta provincia mayores tasas de pobreza y un número proporcionalmente menor de expedientes aprobados.

CUADRO 9 | Tasa de cobertura de la RVI sobre población en situación de carencia material severa en España, Comunidad Valenciana y por provincias al finalizar 2021

Sin embargo, como hemos señalado, las cifras de posibles beneficiarios del IMV fueron calculadas con datos previos a la pandemia, por lo que se necesita actualizar los indicadores, tanto en lo referido a la población como a las tasas de personas en situación de carencia material severa, con arreglo al notable crecimiento experimentado desde que estalló el covid-19. La relación entre las personas beneficiarias del IMV al finalizar 2021 en relación con los datos de pobreza severa y población de 2020 rebajan notablemente las proporciones anteriores, de forma que para España el 24,8% de las personas en situación de pobreza material severa percibirían esta prestación al terminar 2021, cifras que descienden notablemente para la Comunitat Valenciana, hasta el 16,9%, y que en el caso de la provincia de Alicante retroceden hasta el 16,1%. Por el contrario, las cifras son mejores para Valencia, con un 17,4%, y Castellón, con un 18,8%, aunque alejadas de las tasas medias para el país, que alcanza una cobertura cercana a una cuarta parte de la población en situación de carencia material severa.

Ahora bien, para tener una imagen competa de la cobertura de estas rentas, debemos incorporar también en el análisis a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), aunque ya hemos explicado anteriormente sus particularidades y tipologías, siendo incompatible su percepción con el IMV. El impacto de la RVI sobre la población en situación de carencia material severa en el territorio valenciano es inferior que al que tiene el IMV, como hemos visto, con una tasa del 11,6% para la RVI y del 16,9% para el IMV. A nivel provincial las diferencias son más acusadas, ya que, para Alicante, la cobertura de la RVI descendería al 10,2% frente a las personas con carencia material severa frente a la tasa del 16,1% del IMV. Así las cosas, considerando la cobertura conjunta de la RVI y del IMV, tendríamos que estas dos prestaciones están siendo capaces de llegar al 28,5% de las personas en pobreza material severa, dejando sin cobertura al 71,5% restante en el territorio valenciano. Para Alicante, las cifras serían menores, representando el 26,3% de la cobertura global de ambas rentas sobre población en carencia material severa, 2,2 puntos por debajo de la Comunitat Valenciana, dejando así fuera al 73,7% de esta población en pobreza extrema en la provincia de Alicante.

La crisis del covid-19 ha golpeado más duramente a los colectivos vulnerables. La crisis del covid-19 ha golpeado más duramente a los más vulnerables.

Junto al análisis de impacto en la cobertura de estas rentas, es importante conocer su alcance sobre dos colectivos particularmente vulnerables, como son los menores y las mujeres, al ser también objetivos centrales en las estrategias de lucha contra la pobreza. A un nivel global, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha venido caracterizando por tener una especial incidencia sobre estos dos colectivos, ya que, con datos de septiembre de 2021, el 38% de sus cerca de ochocientos mil beneficiarios son menores de edad, mientras que el 68,2% de las prestaciones concedidas se dirigen a mujeres. A estos datos hay que añadir su alta incidencia sobre hogares monoparentales, que son el 32% de los hogares beneficiarios del IMV, con una incidencia seis veces mayor que la existente a nivel nacional. De manera que se puede hablar de una prestación feminizada, en la medida en que dos de cada tres perceptores son mujeres.

Estos indicadores son similares, a su vez, para la Comunitat Valenciana y Alicante, confirmando así que es una tendencia global en el conjunto del IMV en toda España. En el caso de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), con datos a septiembre de 2021, el 67% de sus titulares en la Comunitat Valenciana y en la provincia de Alicante son mujeres, mientras que los destinatarios (la suma de titulares más los beneficiarios) sería del 54% también para el conjunto del territorio valenciano y de la provincia alicantina.

Resulta indudable la relevancia de estos dos instrumentos durante la pandemia de covid-19 para afrontar las situaciones de pobreza generada entre amplios sectores de la población, a pesar de las dificultades existentes para poder llegar a todos los colectivos en situación de pobreza severa. Al mismo tiempo, la sociedad ha expresado un apoyo a estos dispositivos, como recogía el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de mayo de 2020, en el que el 83,4% de los encuestados se manifestaba partidario de un Ingreso Mínimo Vital de carácter estatal, algo que también era compartido por la encuesta EinsFoessa de 2018.

4. Respuestas sociales a la crisis generada por la pandemia en Alicante

Desde que el 11 de marzo de 2020 la OMS anunciara la declaración oficial de pandemia de SARS-CoV-2, todos los países tuvieron que hacer frente a una situación novedosa a medida que avanzaban los efectos de una gigantesca crisis sanitaria, desconocida en extensión e intensidad. De inmediato, gobiernos de todo el mundo hicieron frente a una emergencia sanitaria inédita en la historia mundial reciente, con medidas nunca vistas, como confinamientos, limitaciones de movimientos, declaraciones de estado de alarma y distanciamiento social, mientras los enfermos, contagios y fallecimientos se multiplicaban de manera alarmante.

Junto a la pérdida de vidas humanas, el enorme sufrimiento causado y la preocupación generalizada en el conjunto de la sociedad, de manera inmediata se vivieron los efectos de las duras medidas adoptadas por las autoridades desde el plano económico y laboral para hacer frente a las diferentes olas de contagios vividas, generándose de inmediato un shock sin precedentes que se tradujo con rapidez en un aumento de las situaciones de privación material, caída de rentas, aumento de la pobreza y carencia de ingresos básicos en un número considerable de hogares. Si bien el impacto afectó a amplios segmentos de población, se plantearon condiciones de especial severidad sobre las personas más vulnerables, apareciendo situaciones particularmente graves sobre colectivos y personas con mayor riesgo social y de exclusión.

La crisis financiera de 2008 y la Gran Recesión resultante, con la notable incidencia alcanzada sobre la sociedad española, tuvieron entre sus consecuencias el ensanchamiento de las tasas de pobreza, con la aparición de bolsas cronificadas y fuertemente excluidas que de manera muy lenta se estaban rebajando hasta la llegada de la pandemia de covid-19. Al mismo tiempo, la grave crisis socioeconómica vivida en la última década planteó a los servicios sociales nuevas y angustiosas demandas de ayuda que pusieron de manifiesto limitaciones, carencias y debilidades en unas políticas sociales diseñadas para situaciones y colectivos muy distintos a los generados durante la Gran Recesión, apareciendo problemas de coordinación importantes entre los distintos subsistemas del bienestar social.

Unas políticas sociales municipales y unos profesionales que apenas se habían podido recuperar del enorme esfuerzo desplegado durante la última década se veían ante el mayor colapso social de su historia con la pandemia, teniendo que dar respuesta a problemas y situaciones inimaginables, en extensión y profundidad. Junto a la enorme crisis sanitaria, también se ha vivido una crisis social que ha causado estragos económicos y sociales de una enorme complejidad, dificultando la satisfacción de necesidades básicas para numerosas personas y familias, dañando a su vez sus condiciones de vida y los niveles de inclusión social. Estas y otras muchas demandas vitales que, en algunos casos, tenían que asegurar el cuidado y hasta la manutención de la población más vulnerable, llegaron a unos servicios sociales declarados como servicios esenciales en plena emergencia sanitaria, teniendo que desplegar dispositivos novedosos en medio de confinamientos y estados de alarma, cuando se dictaban severas medidas de distanciamiento y cierre físico de la atención pública.

Es cierto que la respuesta de los servicios sociales públicos ha sido muy desigual en la provincia de Alicante, con servicios sociales municipales entregados a esta situación excepcional muy por encima de sus obligaciones, con un inmenso sacrificio personal de sus profesionales, junto a otros que directamente cerraron y dejaron que fueran las organizaciones sociales y civiles quienes asumieran la atención de las necesidades más básicas de algunos colectivos. Pero, al igual que se ha destacado el enorme esfuerzo realizado por los profesionales y las instituciones sanitarias, falta por explicar el extraordinario trabajo que han hecho unos servicios sociales que venían trabajando desde la anterior crisis al límite de sus posibilidades y que ahora, nuevamente, han tenido que afrontar situaciones de pobreza sobrevenida inimaginables. Y, junto a ello, también debe ponerse en valor la aportación de la sociedad civil y del tercer sector que, desde el primer momento, desplegaron iniciativas de distinta naturaleza para atender necesidades tan básicas como alimentos y comidas, productos de higiene personal o alimentación infantil que, para muchos hogares y personas, resultaban esenciales.

El esfuerzo de los servicios sociales municipales

Se ha tratado de analizar en detalle el trabajo de los servicios sociales en las dos principales ciudades de la provincia, Alicante y Elche, mediante petición cursada a través de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para tener una información valiosa y homogeneizada. Sin embargo, la respuesta ha sido desigual, ya que, mientras desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche se ha facilitado una amplia, extensa y minuciosa documentación, no ha ocurrido así desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante, que se han negado a facilitar estos datos. También se han tratado de conocer las respuestas aplicadas desde otros municipios medianos.

CUADRO 10 | Evolución de atenciones y ayudas de emergencia desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche (2018-2021)

Resulta importante conocer la respuesta ofrecida desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche por su relevancia demográfica, al ser la tercera ciudad en número de habitantes en la Comunitat Valenciana, con 235.000 habitantes, por la relevancia de sus intervenciones y el reconocimiento a la política social llevado a cabo.

La llegada de la pandemia cambió de manera radical la tendencia descendente que Elche vivía en el número de personas y familias atendidas desde los Servicios Sociales municipales. Así, se pasó de las 9.212 personas atendidas y 939 nuevos expedientes en 2019, a 11.896 personas y 1.918 expedientes nuevos en 2020. Esto representa un aumento del 30% en las atenciones a personas con motivo de la pandemia durante su primer año, con un 104% de expedientes de intervención nuevos. Asimismo, el número de ayudas para necesidades básicas concedidas pasaron de 9.899 en el año previo al inicio de la pandemia a 17.315 en 2020, con un incremento del 75%, al tiempo que el gasto en ayudas para necesidades básicas pasó de 2.322.772,9 euros en 2019 a 3.548.075,6 euros en 2020, mientras que las ayudas para alimentación e higiene personal pasaron de 1.446.443,0 euros en 2019 a 2.742.213,9 euros en 2020, con incrementos del 53% y 90%, respectivamente. Queda toda de fuera duda el impacto de la pandemia sobre las demandas de atención y los recursos dedicados a la población afectada desde los Servicios Sociales de la ciudad ilicitana.

Si analizamos la evolución de estos datos desde el primer año de la pandemia, observamos en 2021 una notable reducción en todas las ayudas aplicadas, pero la explicación es doble. Por un lado, la recuperación de la actividad económica y laboral vivida en este año, que con la extensión de la vacunación masiva alcanzó un notable impulso. Pero de una manera particular, y en los colectivos más vulnerables, el avance del novedoso Ingreso Mínimo Vital (IMV) sobre muchas personas, junto a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), que lleva a que muchas personas en situación de pobreza extrema perciban unas rentas mínimas vitales incompatibles con cualquier otro tipo de prestación social y, por tanto, les saca fuera de las intervenciones ofrecidas por los equipos sociales municipales de base. Esto permite, a su vez, aligerar el volumen de ayudas y los presupuestos destinados a esta situación de emergencia, que han podido recuperarse del enorme esfuerzo presupuestario dedicado desde el Ayuntamiento de Elche con motivo de la pandemia.

La llegada de la pandemia cambió de manera radical la tendencia descendente en el número de personas y familias atendidas desde los Servicios Sociales municipales.

Junto a los importantes recursos destinados con motivo de la pandemia por los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de Elche en concepto de ayudas de emergencia, se habilitaron también otras partidas extraordinarias para reforzar los equipos humanos, apoyar a labor de las organizaciones sociales y financiar otros programas. Así, como recursos específicos ante el covid-19, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche han destinado hasta la fecha 3.137.404,6 euros, de los cuales, el 82% de los mismos se aplicaron durante el año 2020 y el 18% restante a lo largo de 2021.

Pero, además, desde los Servicios Sociales municipales de Elche se desplegó un programa especial de intervención para personas en situación de especial vulnerabilidad. Así, de abril a junio de 2020, se creó un dispositivo de alojamiento y manutención estable para personas sin hogar en el polideportivo de El Toscar, junto a otro dispositivo especial de atención para facilitar la pernoctación a personas que deambulaban por la vía pública, con atención sanitaria, además de manutención, duchas y aseo, así como a una actuación específica sobre mujeres prostituidas. Los dos primeros programas dieron cobertura a 299 personas, de las cuales 237 eran hombres y 62 mujeres. También se aumentaron los recursos municipales para los dos comedores sociales de la ciudad (uno de ellos para población musulmana), que pasaron de 25.000 euros en 2019 a 78.000 euros en 2020, lo que permitió que de las 49.544 comidas servidas en 2019 se pasara a 82.259 en el año 2020, primer año de la pandemia.

Es innegable el enorme esfuerzo realizado con motivo de la pandemia desde el conjunto de los Servicios Sociales municipales de Elche, la ciudad que más medios y recursos dedica en la provincia de Alicante a políticas sociales.

También en el conjunto de ayuntamientos de la provincia, los Servicios Sociales de base han tenido que hacer frente al aumento de la demanda de intervenciones durante la pandemia de covid-19. Por mencionar dos de ellos, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig pasaron de tener 895 expedientes nuevos abiertos por nuevas intervenciones en el año 2019 a 1.009 en 2020, de los cuales en el primer año de la pandemia concedieron 1.026 ayudas de emergencia social por un importe de 458.494 euros y otras 2.548 ayudas para alimentos en 2020, representando un aumento del 143% en el número ayudas de alimentos concedidas en este primer año de pandemia respecto al año anterior, que pasaron de representar un gasto de 191.436 euros en 2019 a 466.063 euros en 2020. A su vez, el Ayuntamiento de Elda pasó de 2.346 personas atendidas en el año 2019 a 4.652 en 2020, con un aumento del 98%, relacionado directamente con las situaciones de emergencia social generadas por la pandemia.

La respuesta de la sociedad civil ante la emergencia social

Una mención destacada merece, también, la importante labor que vienen llevando a cabo las organizaciones civiles de acción social, que ofrecieron una ayuda muy valiosa a lo largo de toda la anterior crisis económica, y que, desde comenzó la pandemia, han desplegado un enorme esfuerzo para llegar, especialmente, a la población más vulnerable y necesitada. Es cierto que entre ellas tenemos a organizaciones muy importantes, con fuerte implantación territorial, que reciben importantes recursos públicos de todas las administraciones públicas de España y de la UE, junto a otras mucho más pequeñas y atomizadas que cuentan con el esfuerzo solidario y los recursos que consiguen de personas y entidades privadas. Pero el trabajo de todas ellas es igualmente valioso e importante para intervenir allí donde las instituciones públicas no llegan. Sin embargo, la enorme heterogeneidad en los datos estadísticos de los que disponen, junto a la falta de indicadores comunes y homologables, dificulta enormemente el análisis conjunto del impacto de su labor.

CUADRO 11 | Evolución de ayuda alimentaria concedida por el Banco de Alimentos en la provincia a Organizaciones Asociadas de Reparto (OAR) (2017-2021)

CUADRO 11 | Evolución de ayuda alimentaria concedida por el Banco de Alimentos en la provincia a Organizaciones Asociadas de Reparto (OAR) (2017-2021)

Comencemos señalando la importancia del trabajo llevado a cabo desde el Banco de Alimentos de Alicante, como plataforma mayorista de distribución de alimentos que es repartida a los beneficiarios en el conjunto de la provincia. Esta entidad junto con Cruz Roja son las únicas autorizadas para recibir alimentos suministrados por el programa operativo del Fondo Europeo para las Personas más Desfavorecidas (FEAD). Ambas organizaciones distribuyen posteriormente los alimentos mediante 262 Organizaciones Asociadas de Reparto (OAR) a lo largo de todo el año, entregándolos a cerca de 80.000 personas beneficiarias que dependen directamente de esos alimentos. De manera llamativa, el FEAD proporciona en Alicante el 58% de todos los alimentos dirigidos cada año a la Comunitat Valenciana, poniendo así de manifiesto la importancia de las bolsas de pobreza existentes en el conjunto de la provincia alicantina.

Hasta la llegada de la pandemia, en 2019, el Banco de Alimentos proporcionaba comida a 35.759 personas al año pertenecientes a 10.217 familias. Hablamos, por tanto, de una bolsa importante de familias en situación de pobreza extrema que dependían de esta ayuda alimentaria para comer en Alicante, en crecimiento desde 2017. Como hemos señalado, a estas cifras habría que añadir también las de Cruz Roja, con un volumen de alimentos distribuidos que representa en torno a la mitad de los proporcionados por el Banco de Alimentos. El aumento de población atendida con motivo del covid-19 desde esta entidad puede estimarse en 12.136 personas, un 33%, con un incremento en el volumen de alimentos distribuidos de 272.253 kilos.

A su vez, Cruz Roja, como organización autorizada para el reparto de alimentos del Fondo Europeo de Ayuda a las personas Desfavorecidas en la provincia a través de OAR, distribuyó alimentos en la provincia de Alicante durante el año 2020 a 23.377 personas, pertenecientes a 8.555 familias, mientras que en el año 2021 los beneficiarios ascendieron a 14.865 personas, que integraban 5.716 familias.

Cruz Roja, con presencia en toda la provincia a través de sus 28 asambleas locales, puso en marcha en 2021 el Plan Responde, enfocado a las personas más vulnerables de la pandemia de covid-19, con 14.446 atenciones de distinta naturaleza, incluyendo seguimiento telefónico, colaboración en materia sanitaria, entrega de alimentos y kits de primera necesidad, junto a acciones de sensibilización. Al mismo tiempo, con motivo de la pandemia, en toda la provincia, Cruz Roja en el año 2020 dedicó 95.316 euros a entregas de alimentos, 7.075 euros a prestaciones económicas y otros 26.061 a productos de higiene y material escolar, mientras que en el año 2021 en entregas de alimentos se gastaron 40.632 euros, en prestaciones económicas 1.185 euros, mientras que a productos de higiene y material escolar esta organización dedicó 17.119 euros.

También las 152 Cáritas presentes en la Diócesis de Orihuela-Alicante vienen realizando un intenso trabajo desde que estalló la pandemia, en los inicios de 2020. A lo largo de este primer año, esta organización dedicó en toda la Diócesis 785.000 euros en ayudas extraordinarias de distinta naturaleza, permitiendo así llegar a 30.000 personas a través de diferentes tipos de prestaciones.

Las respuestas sociales surgidas desde la sociedad civil a la pandemia en la provincia de Alicante han sido innumerables, algunas a una escala vecinal, pero otras implicando a sectores económicos muy importantes mediante iniciativas innovadoras de un gran alcance. Entre estas, sobresale Alicante Gastronómica Solidaria, que nace como una iniciativa asistencial de la mano de importantes restauradores y establecimientos de hostelería de la provincia para proporcionar comidas a los colectivos más vulnerables, poniendo al servicio de las personas necesitadas todos los recursos de la feria de gastronomía del mismo nombre, programada en Alicante en el inicio de la pandemia y que, por este motivo, tuvo que ser anulada. De esta forma, lo que iba a ser una de las ferias gastronómicas más importantes de España, se transformó para distribuir comidas con motivo de la pandemia provocada por el covid-19, decidiendo mantener sus programas de distribución de comidas y extendiéndolos con posterioridad. La importancia de su labor se refleja en los 650 establecimientos y 1.600 cocineros implicados, que han hecho posible que se estén distribuyendo 3.500 menús diarios. Desde el inicio de la pandemia, Alicante Gastronómica Solidaria ha totalizado 360.000 comidas servidas, colaborando con treinta ONG y organizaciones sociales, distribuyendo menús en 29 municipios de toda la provincia alicantina.

Otras muchas organizaciones vecinales, sociales y redes informales de distinta naturaleza se vienen sumando, con un enorme esfuerzo personal, para contribuir a paliar situaciones de necesidad extrema entre numerosas personas y familias de la provincia, aliviando de esta forma el impacto de la pandemia.

5. Una brecha digital que empobrece

El avance de una Administración pública cada vez más digitalizada, junto al conjunto de medidas de confinamiento, distanciamiento social y limitación de movimientos adoptadas durante la pandemia, ha mostrado las dificultades añadidas que la brecha digital plantea sobre la población más vulnerable, entendiendo por brecha digital la desigualdad en el acceso, disponibilidad, conocimiento o impacto de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) entre los diferentes grupos y personas. Diferentes informes y estudios recientes sobre el impacto de la pandemia de covid-19 comparten esta preocupación, señalando los problemas causados en los más débiles por las dificultades crecientes que tienen por una brecha digital impulsada sobre tres elementos clave, como son disponer de acceso de calidad a internet, contar con equipos informáticos adecuados, así como tener habilidades y conocimientos suficientes para manejarse en el entorno digital.

CUADRO 12 | Brecha digital entre hogares pobres y no pobres en España y la Comunidad Valenciana en 2020

El informe de 2021 de la Fundación Foessa dedica un análisis específico con el título «La brecha digital: un nuevo elemento exclusógeno», algo que ha cobrado especial intensidad durante la pandemia. En este estudio, y con datos propios, se recoge cómo la brecha digital afecta al 46% de hogares en situación de exclusión, elevándose al 52,2% en el caso de hogares en situación de exclusión severa. También la memoria del año 2020 del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana recoge ampliamente este problema, señalando: «La brecha tecnológica se ha dejado sentir en perjuicio de los más débiles y, especialmente, de los más mayores» durante la pandemia, llegando a abrir diferentes quejas de oficio sobre esta problemática. Incluso hay estudios en los que ya se habla no tanto de brecha como de «abismo digital».

Esta disrupción digital que se está manifestando en numerosos hogares y grupos de personas, particularmente en los más pobres y vulnerables, se está convirtiendo con rapidez en un factor de exclusión añadido de primer orden, impidiendo el acceso a ayudas y dispositivos sociales necesarios, dificultando la inclusión social y la correcta educación de sectores tan importantes como los niños, niñas y adolescentes (NNA), además de representar una pérdida de oportunidades para el empleo, dificultando las relaciones sociales y la participación social. En el caso de menores que han tenido que recibir clases online, junto a la desigualdad en el equipamiento para disponer de ordenadores o tabletas digitales modernas con las que poder realizar sus tareas educativas, se añade también la desigualdad en el uso y la falta de acceso adecuado a Internet.

El plan MULAN de la Generalitat Valenciana

Desde el anuncio de suspensión de las clases el 12 de marzo de 2020, la Generalitat Valenciana trabajó en un plan unificado de docencia digital para impartir de manera no presencial las asignaturas y materiales correspondientes a las diversas etapas escolares, denominado Plan MULAN (Modelo Unificado Lectivo de Actividades no Presenciales), compuesto por cuatro herramientas en línea: páginas web de los centros educativos, portal Web Familia, portal AULES y portal de videoconferencias CISCO Webex. Al mismo tiempo, se comunicaron a los centros de Secundaria y Primaria nuevas medidas de apoyo tendentes a reducir la brecha digital y garantizar el desarrollo de las actividades a distancia.

Los datos facilitados por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Generalitat Valenciana señalan que el Ministerio de Educación y Formación Profesional distribuyó a las diferentes comunidades autónomas 20.000 líneas de datos de alta capacidad (de 40 GB mensuales) para el alumnado de familias con menos recursos, de las cuales a la Comunitat Valenciana le correspondieron 2.744 líneas de datos, que se complementaron con 14.000 tablets adquiridas por la Generalitat con sus correspondientes tarjetas de línea de datos de alta capacidad (de 40 GB mensuales) para distribuir entre el alumnado de 756 institutos de Educación Secundaria de la Comunitat y centros de Primaria. El desglose por provincias de las tablets que entregadas durante el año 2020 es: Alicante 41%, Castellón 12% y Valencia 47%.

A pesar del enorme esfuerzo que hicieron colegios, docentes y administraciones públicas, en numerosas barriadas pobres los menores más desfavorecidos tuvieron serias dificultades para seguir las clases adecuadamente y avanzar en su correcta educación, poniendo en cuestionamiento el derecho a la educación, como ha señalado el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

La brecha tecnológica se ha dejado sentir en perjuicio de los más débiles

El impacto de la brecha digital en los hogares pobres

Es cierto que la brecha digital se ha acelerado en los últimos años con la misma velocidad con la que avanzaban las tecnologías en nuestra sociedad, pero, desde que estalló la pandemia, se extendieron los confinamientos domiciliarios, se generalizó la limitación de movimientos y las instituciones trataron de mantener su actividad a distancia por vía telemática, se precipitó un proceso que ha excluido todavía más a personas vulnerables que, por su situación, necesitaban de mucho más apoyo y ayuda. Así, numerosas familias pobres, sin medios ni equipos informáticos, se veían ante la imposibilidad de acceder a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), tramitar la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), solicitar la Dependencia u otras ayudas públicas que necesitaban para salir adelante. Tampoco podían comunicarse con instituciones públicas, acceder a entrevistas de empleo o disponer de información básica fundamental para su vida y su trabajo a distancia.

Así las cosas, las situaciones de pobreza y sufrimiento que se vivían en numerosos hogares, al ver con angustia cómo desaparecían los recursos imprescindibles para el sustento diario, aumentaban al comprobar la imposibilidad de solicitar servicios y ayudas esenciales que necesitaban, a las que solo se podía acceder mediante ordenadores con conexión a internet. A la exclusión social se añadía una exclusión digital que les alejaba del mundo físico, aumentando, todavía más, una vulnerabilidad repleta de incertidumbres ante un futuro al que cada vez les cuesta más incorporarse. El resultado es que las necesarias ayudas no llegan siempre a quien más las necesitan, sino a quien tiene los medios tecnológicos adecuados para solicitarlas y relacionarse con las administraciones de manera digital.

La pandemia ha acelerado notablemente la digitalización de hogares, la renovación de equipos informáticos y la utilización de programas y servicios en Internet. Si observamos la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre «Equipamiento y uso de TIC en los hogares», se observa con claridad el salto que se ha dado en toda la sociedad y en todas las comunidades autónomas en la utilización de estas tecnologías digitales por la pandemia. Así, las personas de 16 a 74 años que han utilizado internet en los últimos tres meses pasaron en toda España del 86,1% en 2018 al 93,9% en 2021. En el caso de la Comunitat Valenciana, para los mismos años, las cifras son similares, aunque ligeramente superiores en cuanto al uso de internet en los últimos tres meses de 2021, al pasar del 86,3% en 2018 al 94,8% para 2021.

La mencionada estadística del INE también avala esa creciente brecha digital, en la medida en que, analizando con detalle los datos de 2020, se confirma con claridad la prevalencia de un menor uso y acceso a las nuevas tecnologías por parte de los hogares pobres. En todos los casos, tanto en hogares sin ordenador, como en hogares sin acceso a internet o en aquellos hogares sin habilidades informáticas, los hogares pobres prácticamente doblan en las tres variables a los hogares que no lo son. En el caso de la Comunitat Valenciana, todas las tasas, siendo superiores a la media nacional, experimentan una cierta variación. Es así que, en el caso de los hogares sin ordenador, los hogares no pobres superan en 2,1 puntos a los de la media de España, mientras que para los hogares pobres se sitúan, por el contrario, 3,3 puntos por debajo de los mismos hogares a nivel del país. En el caso de los hogares sin acceso a internet, en la Comunitat Valenciana aquellos que no son pobres solo tienen una tasa superior en 0,6 puntos a la media de los mismos hogares en España, mientras que, para los hogares en situación de pobreza, estarían 2,1 puntos por debajo de la media del país. Finalmente, en lo referido a hogares sin habilidades informáticas, para la Comunitat Valenciana los hogares que no están en situación de pobreza superarían a la media de hogares del país en 0,9 puntos, mientras que los hogares en situación de pobreza lo harían en 2,0 puntos. En términos generales, parece que en la Comunitat la brecha digital es algo mayor para hogares que no están en situación de pobreza frente a los mismos hogares del país, mientras que para aquellos otros en situación de pobreza la situación estaría ligeramente mejor. Aún así, es evidente la incidencia desfavorable de la brecha digital para los hogares en situación de pobreza.

El análisis de los datos demuestra que esta brecha no se configura mediante una sola característica socioeconómica, de género, hábitat, territorio, edad, nivel educativo o de otra naturaleza. El avance hacia una sociedad cada vez más digitalizada está profundizando los procesos de exclusión en hogares vulnerables, una variable muy importante que deberá tenerse en cuenta a la hora de diseñar los programas de intervención social. Como muy bien ha señalado el Síndic de Greuges de la Generalitat Valenciana, posiblemente haya que rediseñar dispositivos sociales para que sea la Administración quien acuda en ayuda de quien se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad y no al revés, evitando así que la brecha digital limite el acceso a derechos esenciales y profundizar, todavía más, en espacios de pobreza y exclusión, a riesgo de erosionar la convivencia.

6. La necesidad de intervenir sobre la pobreza infantil

Existe una creciente preocupación hacia la pobreza infantil, así como sobre sus diferentes perfiles, impactos y consecuencias. A nivel internacional y en España, este problema ocupa una mayor atención en responsables públicos, técnicos sociales, investigadores y académicos, junto a organizaciones especializadas. En línea con ello, desde el Gobierno de España se creó en 2018 el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, una institución novedosa adscrita a Presidencia del Gobierno, mientras en la Comunitat Valenciana la Sindicatura de Greuges cuenta con un activo Observatorio contra la Pobreza Infantil.

La pobreza infantil, la privación y la exclusión en niños, niñas y adolescentes (NNA) existe entre nosotros y tiene múltiples formas, dificultando que los menores puedan tener una vida adecuada, afectando a su salud y a su educación, generando problemas de convivencia e integración que incrementan las probabilidades de fracaso y abandono escolar. Nacer y crecer en un hogar con serias carencias genera problemas para el adecuado desarrollo de los menores que, con el tiempo, tienden a ser persistentes, alimentando el círculo intergeneracional de la privación material y la exclusión social, cuyos efectos más visibles son marginación, violencias o una pobreza cronificada de la que difícilmente se saldrá. Avanzar hacia sociedades más cohesionadas, con menor desigualdad e ineficiencia pasa, de manera importante, por reducir significativamente la pobreza infantil.

En la medida en que los menores se insertan en un sistema social más amplio que se llama familia, al igual que ellos, sufren las mismas necesidades y carencias, siendo muy sensibles a los cambios y alteraciones que se producen en las unidades familiares y en sus progenitores. La mayoría de los hogares viven de los ingresos procedentes del trabajo, de manera que los cambios, alteraciones y crisis vividas, como los que se han producido derivadas del avance de la pandemia, han afectado de manera determinante a los más pequeños.

El aumento del desempleo, la inseguridad laboral, la caída de salarios e incluso la falta de recursos en muchos hogares, junto al elevado precio de la vivienda y de los productos básicos, así como el encarecimiento de suministros esenciales como la electricidad, el gas o el agua, se traducen, a su vez, en un aumento de la vulnerabilidad sobre los menores, que viven y sufren en primera persona estos acontecimientos. Hasta el punto de que existe una importante correlación entre el aumento del desempleo y la pobreza infantil, en la medida en que los menores viven en hogares cuyos ingresos proceden de las rentas de trabajo. De manera que junto a las tasas de desempleo también las condiciones de los empleos, las horas trabajadas o los salarios obtenidos son elementos determinantes sobre la pobreza infantil.

Evolución reciente de la pobreza infantil

En términos económicos, se considera que un menor está en riesgo de pobreza cuando vive en un hogar cuya renta media por unidad de consumo está por debajo del 60% de la renta mediana del país. De esta forma, al contabilizar a los menores que residen en hogares pobres, lo que se toma en cuenta es la capacidad familiar y no la que puedan tener los niños, niñas y adolescentes de forma individual. Así, el hecho de que las tasas de pobreza infantil (y de privación material severa) en menores sean más altas que en los de los adultos responde a la mayor vulnerabilidad de los hogares con menores, especialmente monoparentales, con respecto a otros tipos de hogares. A la luz de estos criterios, diferentes investigaciones han puesto de manifiesto cómo el crecimiento de la pobreza infantil en España durante la etapa de la Gran Recesión fue más pronunciado que en el resto de los países europeos, al tiempo que su reducción posterior ha sido mucho menor. Las evidencias empíricas señalan que aquellos países europeos con sistemas de protección a la infancia basados en transferencias universales consiguieron mayores niveles de reducción sobre la pobreza infantil durante la crisis económica y financiera que comenzó en 2008.

En España, el bienestar de los menores se deterioró de manera notable en esta etapa como consecuencia del aumento del desempleo y del bajo nivel de protección sobre la infancia y las familias, acusando el recorte sobre programas sociales y educativos. Así, con datos de la ECV del INE, los menores en riesgo de pobreza o exclusión pasaron del 27,3% en 2008 al 30,5% en 2014, los menores en pobreza alta aumentaron del 12% al 16,7% para los mismos años, mientras que aquellos en condiciones de pobreza severa lo hicieron del 4,7% al 7,8% en el mismo periodo.

Si analizamos los datos de Eurostat para el año 2020, observamos una mayor incidencia de la pobreza infantil en el conjunto de la población europea, en la medida en que el 24,2% de los niños menores de 18 años de la UE estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, tasas superiores a las de los adultos, que alcanzaban el 21,7% para la población de 18 a 64 años, y también superiores a las de las personas mayores de más de 65 años, que ascendían al 20,4%.

Entre los factores que afectan a las condiciones de pobreza o exclusión social de estos menores en la UE para 2020, a la luz de datos de Eurostat, podemos destacar: los problemas en el empleo de los progenitores, ya que el 71,9% de la población menor de 60 años con hijos a cargo vive en hogares en riesgo de pobreza que tienen muy baja intensidad laboral; el nivel educativo, en la medida en que el 50,5% de los menores cuyos padres o madres tienen un bajo nivel de educación estaban en riesgo de pobreza, frente al 7,7% de aquellos otros cuyos padres o madres tienen un alto nivel educativo; el tipo de hogar, ya que los hogares de un único progenitor con hijos a cargo tienen un mayor riesgo de pobreza o exclusión que se eleva hasta el 42,1%; el origen inmigrante de los progenitores, en la medida en que aquellos menores con al menos uno de ellos de origen migrante tienen un mayor riesgo de pobreza, con un 32,9%, frente a los niños cuyos padres y madres no lo son, cuya tasa es del 15,3%; así como las condiciones de vida, dado que el 14,1% de los hogares compuestos por una sola persona con hijos a cargo sufrieron graves privaciones materiales y sociales en comparación con el 7,5% del resto los hogares con hijos a cargo.

De esta forma, utilizando la combinación de indicadores elaborados por Eurostat, en el año 2020 los cinco países con tasas superiores a la media de la UE establecida en el 24,2% para el mismo año de menores en situación de pobreza o exclusión social han sido Rumanía (41,5%), seguida de Bulgaria (36,2%), España (31,8%), Grecia (31,5%) e Italia (27,2). Los datos de Eurostat para el año 2019, previo a la pandemia, mostraban que, en España, el 27,4% de los menores españoles se encontraban en riesgo de pobreza o pobreza moderada, representando 2,26 millones, habiendo experimentado la tasa un crecimiento de 4,4 puntos desde el año 2019 a 2020, al situarse en el 31,8% para este último año. España es, por tanto, el tercer país de la UE con mayores tasas de pobreza infantil, con 2,6 millones de menores en esta situación.

La pobreza infantil en la Comunitat Valenciana

Organizaciones como Save the Children han alertado de los efectos de la pandemia de covid-19 sobre la pobreza infantil en España, al generar una mayor desigualdad de la mano de las brechas digitales en el acceso a las nuevas formas de prestaciones gestionadas únicamente de manera online, por las dificultades en el seguimiento de su salud, debido a la falta de apoyo adecuado sobre los trastornos generados en su salud mental a lo largo de esta etapa, por los problemas visuales acentuados por una mayor exposición a pantallas y dispositivos digitales, por el aumento de la violencia dentro del hogar, junto a una mayor exposición a hábitos poco saludables de los progenitores, como el tabaco. Todo ello, sin olvidar cómo estos meses de pandemia, confinamientos, docencias online, distanciamientos sociales y compartir a su alrededor situaciones muy dolorosas han influido en su educación y dificultado seriamente el aprendizaje.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil se elevó tres puntos por encima de la relativa a España, al representar un 34,8% de los menores, con un aumento de 2,4 puntos respecto al año 2019. Esto significa que, en el conjunto del territorio valenciano, unos 310.000 niños, niñas y adolescentes estarían en esta situación. Esta tasa es notablemente superior a la que presentan el conjunto de los menores en la misma situación de riesgo de pobreza o exclusión social en España, que para 2020 se sitúa en el 29,3%, a la luz de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE. En el caso de los menores en situación de pobreza alta, y para la Comunitat Valenciana, la tasa también habría aumentado en 4,1 puntos desde 2019 a 2020, pasando así del 14,9% al 19%, lo que significa que habría cerca de 170.000 menores en esta situación, 38.000 más que en el año anterior. No hay duda de que este aumento está en estrecha relación con los efectos sociales y económicos de la pandemia sobre el territorio valenciano por lo que será decisivo analizar el impacto que han tenido sobre los hogares en los que residen menores el conjunto de medidas sociales, ayudas y el mismo IMV desplegados por las administraciones. Recordemos que, en septiembre de 2021, en el territorio valenciano, un total de 37.044 menores vivían en hogares beneficiarios de esta prestación, de los cuales 15.405 pertenecen a Alicante. A ellos hay que añadir otros 904 menores residentes en hogares perceptores del RVI en la Comunitat Valenciana en la misma fecha, de los cuales 292 residían en Alicante y que se sumarían a los perceptores del IMV, en la medida en que son rentas incompatibles.

Pobreza infantil.

Nuevas intervenciones sobre la pobreza infantil en el marco del Plan de Acción de la Garantía Infantil Europea (GIE)

El nuevo Plan de Acción de la Garantía Infantil Europea (GIE), aprobado por el Consejo de la Unión Europea en junio de 2021 para la prevención y lucha contra la pobreza infantil, avanza en su reducción al tratar de asegurar el acceso a servicios clave para el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares en situación de pobreza o exclusión social, prestando particular atención a grupos en situación de especial vulnerabilidad. A través de los Planes Nacionales de Acción (PNA) para la implementación de la GIE, los siete países piloto elegidos para su puesta en marcha, entre los que se encuentra España, tienen que avanzar en el compromiso de que todos los niños, niñas y adolescentes tengan garantizados, en condiciones de igualdad, seis derechos básicos esenciales que configuran, a su vez, seis áreas de trabajo fundamentales, en torno a la enseñanza y el cuidado infantil, la educación y las actividades extraescolares, la garantía de al menos una comida por día lectivo, la salud, una vivienda adecuada y disponer de nutrición saludable.

7. Algunas conclusiones para avanzar hacia una mejor recuperación social en Alicante

Con anterioridad a la llegada de la pandemia, en la provincia de Alicante, mientras se reducían los niveles de pobreza global, aumentaban las tasas de pobreza extrema, evidenciando una cierta cronificación en las bolsas de vulnerabilidad persistente en determinadas comarcas y municipios. A partir de 2020 se produce un cambio de tendencia, con un aumento significativo de todos los indicadores agregados de pobreza o exclusión, junto a una concentración de las tasas de carencia material severa en las comarcas alicantinas dela Marina Alta, Vega Baja, Marina Baja y l’Alacantí, que es donde más impacto han causado los efectos de la crisis económica y social.

El aumento sostenido de los niveles medios de renta por unidad de consumo en todas las comarcas alicantinas durante estos últimos años apunta a que se está produciendo un efecto positivo sobre la población por el conjunto de ayudas, rentas y subsidios desplegados desde el inicio de esta crisis.

La extensión, persistencia y profundidad de las brechas de pobreza existentes en la provincia de Alicante así como el impacto diferencial de esta crisis a nivel territorial en sus diferentes comarcas y municipios exigiría de un seguimiento mediante indicadores multidimensionales que ayuden a conocer mejor sus perfiles, en función de las diferentes estructuras demográficas, sistemas productivos y dispositivos de protección social. Esto permitiría formular respuestas más precisas para los colectivos en mayor situación de riesgo y sectores de mayor exclusión.

El alcance sobre la población en situación de carencia material severa afectada por la pandemia tanto de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) como del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es todavía discreto, aunque está teniendo un enorme calado en las economías de las familias receptoras. A pesar de los problemas para su acceso y las limitaciones que presentan, no se puede ignorar el notable esfuerzo fiscal que representan. Sin embargo, las tasas de cobertura de este sistema de garantía de rentas en Alicante son sensiblemente más bajas a las que tienen la Comunitat Valenciana y el conjunto de España, por lo que resulta urgente acelerar su acceso a todos aquellos posibles perceptores en umbrales de pobreza severa que no han podido hacerlo todavía en la provincia y reúnen las condiciones exigidas.

Hay que destacar la importancia de las políticas sociales municipales en situaciones de crisis agudas como las vividas durante la pandemia, si bien existe una gran disparidad territorial en las respuestas ofrecidas desde los equipos sociales municipales de base de la provincia. Al mismo tiempo, Alicante cuenta con una sociedad civil capaz de ofrecer respuestas de un gran valor para paliar situaciones de necesidad extrema, llegando a la población más vulnerable y necesitada. Pero la heterogeneidad en los datos e indicadores que manejan estas entidades sociales dificulta un mejor conocimiento de su labor, por lo que habría que avanzar en su homogenización.

A la exclusión social se añade ahora con fuerza una exclusión digital que aumenta todavía más las condiciones de vulnerabilidad, pobreza y aislamiento, impidiendo el acceso a rentas básicas, ayudas y programas sociales de emergencia para atender situaciones de necesidad extrema, por lo que urge impulsar estrategias específicas desde el enfoque de lucha contra la pobreza.

El hecho de que España sea el tercer país de la UE con mayores niveles de pobreza infantil, junto a una Comunitat Valenciana con tasas de riesgo de pobreza o exclusión social en la infancia por encima de la media de España y en crecimiento desde la pandemia, debe llevar a situar a niños, niñas y adolescentes (NNA) en el centro de las intervenciones y políticas sociales, en línea con los mandatos y estrategias europeas. Una especial atención deben recibir los menores en situación de pobreza severa, tanto por la alarmante proporción que han alcanzado en nuestra Comunitat como por su importante aumento desde que comenzó la pandemia, fruto sin duda de los efectos sociales de la profunda crisis vivida.

El incremento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social fruto de esta crisis exige de la extensión de políticas públicas mucho más precisas en Alicante, en línea con los objetivos establecidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales», la Garantía Infantil Europea, la Carta Social Europea y la Estrategia Europa 2030 como valiosos instrumentos para avanzar hacia sociedades más cohesionadas.

El reto es evitar que las personas y familias afectadas socialmente por la pandemia, que se han deslizado hacia condiciones en riesgo de pobreza, acaben cronificándose en situaciones de necesidad severa, de las que no puedan salir cuando dejen de operar los mecanismos de protección social desplegados.

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