El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), como instrumento financiero de la Generalitat Valenciana, prepara una batería de medidas jurídicas para intentar frenar en los tribunales la ampliación de capital que prepara el Elche CF tras la reciente resolución de la Audiencia Provincial que da luz verde al convenio de acreedores de la entidad franjiverde y desestima el recurso que presentó el IVF. Con carácter general, el Instituto recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo de la Audiencia y pedirá como medida cautelar que se impida la ampliación de capital y a título particular denunciará a los responsables de esta «operación acordeón» destinada, según el IVF, a diluir su participación accionarial en el club. Una operación que reforzará al expresidente José Sepulcre como máximo accionista.

«El hecho de que la Audiencia dé luz verde al convenio de acreedores del Elche no significa que quienes lleven a cabo la ampliación de capital queden exentos de responsabilidad por causar un grave daño económico a la Generalitat», explicó ayer el director general del IVF, Manuel Illueca, que recalcó su voluntad de «ir hasta el final» para cobrar los 12 millones de euros que aún debe la entidad franjiverde por el aval de los 14 millones concedido en 2011 por el Consell del PP.

El consejo de administración del Elche recibió con indisimulada euforia el «visto bueno» de la Audiencia al convenio de acreedores y ha convocado para el 26 de febrero una junta general de accionistas en la que se aprobará una ampliación de capital por valor de 15,6 millones de euros mediante el canje de ese montante de la deuda por acciones de la entidad.

En el fondo, esa operación supone que la mayor parte de la capitalización de la deuda recaerá en manos de Sepulcre, que controla en torno al 25% de esos 15 millones, junto a otros exdirectivos del club de su confianza como Antonio Rocamora, entre otros. De modo que, de materializarse esta ampliación de capital, y después de las últimas llevadas a cabo, el expresidente sería el propietario de más del 60% de los títulos. Al mismo tiempo, el IVF vería considerablemente relegado su peso específico en el accionariado al diluirse el actual 54% de títulos que tiene pignorados a nombre de la Fundación como garantía de cobro de la deuda de 12 millones.

Illueca mantiene que el convenio de acreedores del Elche «no se ajusta a derecho» porque obliga a cláusulas que no se van a cumplir como la aceptación por parte del IVF de la dilución de su garantía.

El director del Instituto de Finanzas recalca, asimismo, que el convenio no ofrece garantías jurídicas suficientes a «inversores de buena fe» dispuestos a aportar dinero en el Elche y recuerda que la actual directiva vetó la venta del paquete accionarial del IVF al grupo que controla el Albacete «mediante una demanda temeraria tumbada en el juzgado».

Además de la nueva batalla jurídica contra el citado convenio que se presenta muy larga, el banco financiero del Consell recuerda que tiene abiertas otras vías para recuperar el patrimonio público como son la decisión de la UE de recuperación de 4,1 millones por las ayudas estatales declaradas ilegales y la demanda judicial que presentará también contra los patronos de la Fundación que se abstuvieron en las anteriores ampliaciones de capital en contra del mandato del IVF.