Un acto convocado por el Partido Popular de Elche en la Oficina de la Candidata volvió a abrir ayer la caja de los truenos y desató una nueva guerra entre los populares y los socialistas con un único objetivo: conquistar votos. Para ello, el barrio de San Antón se convirtió una vez más en el campo de batalla, y el proyecto de rehabilitación de la zona, en el arma utilizada por unos y por otros.
Todo empezó el jueves con una convocatoria del PP en la que se emplazaba a los medios de comunicación a una rueda de prensa para hablar del barrio de San Antón y en la que estaba previsto que tomaran la palabra el gerente del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), Javier Sogorb, y la directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, María Jesús Rodríguez. Finalmente, llegó el día de la cita, que era ayer. La Oficina de la Candidata se había quedado pequeña ante la presencia de vecinos de San Antón, pero también de simpatizantes y militantes populares, junto a varios ediles.
Con algo más de media hora sobre el horario previsto, hicieron acto de presencia el gerente del Ivvsa y la directora general, acompañados de la portavoz municipal y candidata a la Alcaldía por el PP, Mercedes Alonso, mientras desde las filas populares se afanaban en justificar el retraso alegando que los representantes de la Administración autonómica llegaban desde Valencia y que eso había motivado esa pequeña demora. Fue entonces cuando el guión del acto sufrió un giro. En lugar de ser los "invitados" autonómicos los encargados de intervenir ante los periodistas, les tomó el testigo Alonso, flanqueada por el concejal Vicente Granero y el diputado autonómico y director de la campaña, Toño Peral.
La candidata popular empezó diciendo que "la reunión es porque al PP de Elche le importa mucho la situación de un barrio tan emblemático como San Antón" y añadió que "lo que estamos haciendo con este acto es un seguimiento, ya que vemos que no han empezado las obras. Por eso, hemos convocado al Ivvsa para sentarnos a recoger las inquietudes y las sugerencias de los vecinos, y explicar cómo está la situación". Acto seguido, alertó de que el emplazamiento no era casual: "Es una iniciativa del PP de Elche y, por eso, la hacemos en la Oficina de la Candidata". Alonso también aprovechó para anunciar que ayer mismo se habían adjudicado "las obras de reurbanización del entorno". En ese punto, uno de los periodistas preguntó por los transformadores y el actual centro social que impiden el comienzo de las obras, a lo que la candidata popular respondió que "lo importante es trabajar, dialogar, contar con los vecinos y ponernos a trabajar con plazos, pero, qué duda cabe, hay que quitar los transformadores que hay en la parcela donde se tienen que hacer los primeros bloques y eso le compete al Ayuntamiento" y añadió que, "si yo estuviera en el equipo de gobierno, los hubiera quitado ya y habría tirado el centro social". A preguntas más técnicas sobre el proyecto, Alonso tuvo que recurrir al gerente del Ivvsa, a unos metros, contemplando la escena de pie, hasta que el turno de preguntas de los periodistas se dio por cerrado argumentando que había llegado el momento de empezar con la reunión con los vecinos y que después se remitiría una nota de prensa.
Sin embargo, la jornada no había terminado, y unos 45 minutos después, el portavoz del equipo de gobierno, Alejandro Pérez, aprovechó la rueda de prensa que se convoca cada viernes para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta Local de Gobierno para calificar la iniciativa de Mercedes Alonso de "desaguisado institucional" o "imprudencia" y para acusarla de "falta de responsabilidad" y de que "cada vez que interviene salta por los aires la buena colaboración entre las administraciones y se producen retrasos en San Antón".
Alejandro Pérez aseguró que, "con su actuación partidista, ha puesto en riesgo el proyecto" y subrayó que el Gobierno central aporta el 43% de la financiación pública de la rehabilitación, mientras que el Ayuntamiento colabora con el 13%. También mostró su malestar por el incumplimiento del punto octavo del convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda, el Ayuntamiento y el Consell, en el que se recoge que "la participación conjunta e información sobre cuantos actos públicos, tanto en el inicio, en la ejecución como en el final del convenio se realicen, para lo cual se comunicará fehacientemente con la antelación necesaria para garantizar la asistencia de representantes de las partes firmantes".
Así, apuntó que, a primeras horas de la mañana, la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda del Gobierno central, Cristina Thomas Hernández, había mostrado al equipo de gobierno su "indignación" por el acto del PP y le había trasladado que la Generalitat tiene pendiente de justificar en estos momentos 464.153 euros que recibió del Estado para el proyecto de rehabilitación, algo que impide que se consignen los nueve millones de euros restantes. Por otro lado, afirmó que la responsable de la Administración central había llamado a la directora general de Vivienda de la Generalitat para pedirle explicaciones, algo que, como dio a entender, justificaba el retraso y que no hubiera intervenido ante los medios. En cualquier caso, el socialista lanzó "un mensaje de tranquilidad y confianza a los vecinos, ya que, tras toda la mañana haciendo gestiones, hemos conseguido que salga adelante el proyecto".
Poco después, el PP volvió a dar un nuevo golpe con el anuncio de que en el Pleno del próximo lunes presentará una moción de urgencia para pedir la retirada de los transformadores y el derribo del centro social. Además, se avanzó que la reurbanización comenzará en dos meses como máximo, que el plazo de ejecución es de diez meses y que en enero de 2012 está previsto que se edifique el primer bloque de pisos, algo que corroboró después el gerente del Ivvsa en una nota de prensa en la que detalló que "el objetivo es que las familias puedan recibir las llaves de su nueva vivienda en 2013".
La última en sumarse a la polémica fue la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, quien consideró "lamentable el uso electoral y la falta de lealtad institucional de la Generalitat", y recordó que el Consell "es una parte más" en el proyecto.
Polémica por un instituto
La concejal de Educación, Blanca González, pidió ayer a Alonso que "no use a los padres como arma arrojadiza". La edil criticó que sea ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina, cuando muestre a los padres los planos del Instituto Número 11, cuando desde 2008 tiene el Consell la licencia de obras.
