"El Gobierno español no puede sustituir a Repsol en la defensa de sus intereses"

¿Qué cauces ofrece el Derecho Internacional Público para una situación como la que se ha generado con YPF?

La expropiación por utilidad pública está reconocida por las normas internacionales, y el Acuerdo para la Promoción y la Protección de Inversiones entre España y Argentina de 1991 lo dice expresamente. No obstante, el tratado establece que la expropiación no puede ser discriminatoria y que requiere una indemnización. Naturalmente, la interpretación y aplicación de estas reglas da pie a diferencias de opinión y litigios. Por eso, en principio, se abre un periodo de negociaciones y, si fracasa o en el plazo de seis meses no se satisface a las partes, se pasa a la fase judicial ante los tribunales nacionales, en este caso, argentinos. Transcurridos 18 meses, debería haber sentencia y, si no la hay o no es firme, se puede recurrir al arbitraje internacional.

Sin embargo, Repsol ya ha anunciado su intención de acudir directamente al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial...

Es lógico que Repsol lo plantee porque, frente a la opinión pública, tiene una mayor presencia y da una sensación de mayor agilidad. Para ello, puede recurrir a ingenierías interpretativas que pueden fracasar o prosperar. Por un lado, puede alegar que la negociación con el Gobierno argentino está condenada al fracaso, vistos los términos del decreto de intervención y del proyecto de ley. Por otro lado, puede apelar a la cláusula de la acción más favorecedora, por la que se puede mejorar su tratamiento si en otro tratado encuentra una disposición más favorable, como ocurre con el acuerdo entre España y Chile, que permite la elección de vía, es decir, la posibilidad de acudir al arbitraje de forma directa. No obstante, hay jurisprudencia contradictoria en este sentido.

El Gobierno español ha hecho suyo el conflicto incluso con algunas declaraciones muy duras. ¿Ayuda esta posición?

Yo no estoy de acuerdo con este tipo de declaraciones porque pueden favorecer el forofismo de la opinión pública más nacionalista y no conducen a ningún resultado operativo. Hay una regulación en un tratado y los tribunales serán los que decidan. Mientras Argentina esté dispuesta a seguir las disposiciones de ese acuerdo, el Gobierno español no puede sustituir a Repsol en la defensa de sus intereses. Lo que no podemos hacer es compensar con Argentina las carencias de bravura en otros foros, como en Europa. Además, hay muchas compañías españolas en Argentina y siempre estarán mejor protegidas con una actitud prudente, que no débil; y hay centenares de miles de españoles y argentinos que conviven en ambos países. Lo mejor es encapsular el litigio para que no contamine las relaciones con otras empresas y entre españoles y argentinos.

El FMI ya ha vaticinado que la expropiación de YPF perjudicará las inversiones en Argentina. ¿Coincide con este pronóstico?

Lógicamente, una decisión de este tipo puede perjudicar la imagen de Argentina, y que las inversiones se retrotraigan. Las empresas pueden ver en peligro el principio de seguridad jurídica y que consideren que pueden verse en cualquier momento en la calle.

¿Se puede sentar un precedente para empresas españolas de otros sectores en Argentina?

En principio, no parece que exista ese riesgo. Por ahora, lo que ha hecho Argentina es aplicar una medida que responde a un derecho soberano y que está regulada en un tratado, por lo que no se puede decir que incumple sus obligaciones. Además, no se puede extrapolar el tema de la energía a otros sectores. En este caso, Argentina se las prometía muy felices hace unos años como exportador de energía, pero ahora es importador y, en lugar de una fuente de ingresos, tiene una fuente de gastos, con lo que los campos de exploración que se han quedado viejos pretende achacarlos a las empresas argumentando que no invierten. Estas medidas sólo podrían afectar a otros sectores en una situación de nacionalismo radical, con represalias y contramedidas, lo cual sería lamentable.

¿Están en peligro las relaciones entre España y Argentina, hasta el punto de romperse?

Las relaciones diplomáticas no creo que lleguen a romperse, porque sería una catástrofe, pero sí se pueden llegar a congelar las relaciones privilegiadas que existen entre ambos países desde el punto de vista político. De hecho, en 2001, cuando la crisis azotó de forma inmisericorde a Argentina, España estuvo ahí y le concedió un préstamo de 1.000 millones de dólares, y cuando las empresas españolas y otras extranjeras se vieron perjudicadas por las medidas para salir de la crisis, el Gobierno español consiguió que retiran sus demandas ante el Ciadi. Por eso, llama la atención que se puedan poner en riesgo unas relaciones estratégicas que han durado mucho tiempo.