Los vigilantes de seguridad que atienden en horario nocturno, los fines de semana y festivos las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Elche siguen sin cobrar. No percibieron sus salarios de abril ni de mayo y están considerando pedir la extinción de sus contratos si llegan a la tercera mensualidad no satisfecha. Los seis trabajadores que atienden las instalaciones judiciales de Elche (cinco fijos y uno compartido con otro destino) desconocen incluso si están dados de alta y cotizando a la Seguridad Social, pues al no recibir sus nóminas tampoco tienen información alguna sobre sus retenciones.

Aseguran que la información es nula por parte de la empresa de seguridad CECA, concesionaria del servicio contratada por la Conselleria de Justicia por 4,5 millones de euros (y mercantil con la que este diario ha tratado de contactar en repetidas ocasiones sin éxito). Esta empresa asumió a los cerca de cien trabajadores de seguridad de los juzgados de toda la Comunidad, que en algunos casos han pasado por más de cinco mercantiles en más de veinte años (pues la adjudicación del servicio implica la subrogación del personal y el mantenimiento de sus condiciones contractuales).

Son los damnificados finales de un efecto dominó: La Conselleria de Justicia no le paga a la empresa y la empresa no les paga a ellos. De lograr que se les extinga el contrato por causas imputables a la mercantil -por no pagarles sus salarios, directamente-, obtendrían las condiciones de un despido improcedente. Es decir, que recibirían una indemnización y pasarían a cobrar el paro, dos derechos que perderían si se despiden ellos voluntariamente.

Reclamación

En cualquier caso cuando el año pasado se encontraron en un situación similar con salarios atrasados desde antes del verano hasta octubre, presentaron un reclamación judicial que aún no ha salido adelante, por lo que tampoco tienen la seguridad de que su caso se vaya a tratar en sede judicial con la oportuna celeridad. Mientras tanto, solicitan que la Conselleria les defienda y valoran dirigirse también al decano de jueces de Elche, Agustín Valero, pues aunque dependen de una empresa privada sí plantean que "la Conselleria debería al menos preocuparse por saber si los vigilantes del juzgado están dados de alta, porque si una noche nos caemos por una escalera, ¿quién es el responsable? Ni siquiera sabemos si estamos trabajando legalmente, vamos a trabajar cada día porque nadie nos dice lo contrario pero tampoco nos dan pistas sobre cuándo vamos a cobrar o cuál es nuestra situación", plantea uno de los vigilantes.