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La oposición pide la dimisión de Martínez y el alcalde se desvincula de la supresión de la ambulancia

PP y C's alertan de que el coste del servicio prestado puede sobrepasar los 18.000 euros

La ambulancia municipal del grupo ASV, cuando se presentó públicamente, el 30 de diciembre. información

La decisión del Ayuntamiento de suprimir el servicio de ambulancia municipal 24 horas levantó ayer ampollas en la oposición, que inmediatamente pidió la dimisión de Cristina Martínez, concejal de Ilicitanos por Elche y responsable de Emergencias, por haber dejado a la ciudad sin un recurso con el que ha contado desde 2003. La concejal hizo público el cambio de criterio el martes con una nota de prensa -y sin atender preguntas- en la que argumentaba que la decisión respondía a que al cierre de enero se había constatado que las actuaciones de la ambulancia municipal se habían «duplicado» en la mayoría de ocasiones con las ambulancias de la Conselleria de Sanidad, es decir, que habían acudido a las emergencias los recursos de las dos administraciones e incluso que la autonómica había retirado o no enviado sus propias ambulancias a algunos avisos al tratar a la del Ayuntamiento «prácticamente como un recurso propio». No explicó si esto significa que la ambulancia municipal se considera ahora innecesaria porque tampoco ayer respondió las preguntas de INFORMACIÓN (pese a pedir inicialmente desde el Ayuntamiento que se le enviaran para contestarlas por escrito).

Aunque las competencias en materia de traslado sanitario y atención médica urgente corresponden a la Conselleria, el concejal del PP Vicente Granero consideró ayer que la situación es «de extrema gravedad», que si hace un mes (cuando se anunció la firma del contrato con el grupo ASV para que prestara el servicio hasta que se redactara un pliego para convocar un concurso público) se hablaba de «salvar vidas» ese argumento «se ha borrado de un plumazo».

«El Ayuntamiento está escondiendo datos», dijo el PP, añadiendo que a su solicitud de información sobre el coste real que el servicio ha supuesto del 1 de enero al 9 de febrero le ha respondido la concejal de Hacienda, Ana Arabid, diciendo que ese gasto no es de su competencia. El PP asegura que pedirá responsabilidades si se presentan facturas que sobrepasen los 18.000 euros firmados (el límite legal para contratos menores, según recuerda):«Se ha derrochado, malgastado dinero público de forma irregular, pedimos que la concejal dimita hoy mismo, y, si no se dan explicaciones desde el tripartito, el que tiene que dimitir es el alcalde porque esto es gravísimo».

En una línea similar, David Caballero, de Ciudadanos, dijo ayer que «la concejal decidió por sorpresa y con precipitación cancelar el servicio que venía prestándose con normalidad (con DYA) para colocar a dedo mediante un contrato menor a una empresa; se ha llenado la boca con la importancia de la sanidad y ahora, por su culpa, nos quedamos sin servicio de emergencias».

Por su parte el portavoz del Partido de Elche, Jesús Pareja, valoró que «hasta hace poco teníamos el servicio de DYA, del que nadie se había quejado, se aparta de forma injusta a estas personas y se contrata una nueva empresa con un precio de 18.000 euros que ahora al parecer ha excedido ese importe, no se puede pagar, o el contrato no sirve... Al final es sencillo; teníamos las ambulancias de DYA y ahora no tenemos ninguna; veremos si las de la Generalitat son capaces de hacer los 1.600 o 1.800 servicios de urgencia que hacía DYA». A este respecto, se preguntó «dónde está el alcalde» porque «la dirección que llevamos es a ninguna parte».

También Podemos Elx (sin representación municipal) pidió ayer explicaciones a la concejal y al equipo de gobierno: «De forma autoritaria y caciquil decidió contratar un servicio más caro a dedo, en vez de exigir a la Generalitat el cumplimiento de las necesidades sanitarias», dice la formación.

Explicaciones

Ante la falta de respuesta de Martínez, tampoco el alcalde, Carlos González (PSOE, en tripartito junto con Compromís) entró en más valoraciones y se remitió a unas declaraciones hechas en una visita al Centro Ocupacional Altabix, en la que dijo «la concejal de Sanidad será la persona más apropiada para dar las explicaciones precisas; en cualquier caso en estos dos primeros meses ha quedado acreditado que el funcionamiento del servicio no se podía seguir prestando por razones tanto económicas como de demanda y estoy seguro de que la concejal podrá dar más explicaciones».

Lo cierto es que ayer nadie despejó las dudas sobre el coste real de los 40 días de servicio o sobre si la decisión viene a sugerir que las ambulancias de la Conselleria son suficientes para Elche, si bien la edil sí que envió una nueva nota de prensa en la que insistía en los mismo argumentos y en que la razón para eliminar el servicio es que «se estaban duplicando recursos», y que hasta ahora no se había podido analizar porque no constaban memorias anuales con datos concretos. Añadió que se seguirá reclamando a la Conselleria que restablezca los dos SVB (Soporte Vital Básico) eliminados en 2012 y que se dote a Elche de un tercer SAMU. También insistió en que hasta que contrató el servicio con ASV no se ha tenido constancia de que el personal de DYA estuviera cualificado.

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