Los datos parece que empiezan a dar un respiro al sector de la construcción. Ahora bien, ¿lo peor ha pasado ya o aún hay riesgo de recaída en una situación como la actual?
Evidentemente, ya tocamos suelo. La caída más fuerte se dio entre 2012 y 2013, pero la situación que se creó años antes en cuanto a obra nueva y actuaciones profesionales también era totalmente desproporcionada y, de hecho, fue lo que provocó esta crisis tan bestial. Luego, a partir de 2014, ha habido un repunte, importante sobre todo en 2015, y este año se está subiendo entre un 5% y un 6%, lo cual quiere decir que el sector se está recuperando.
Con ese escenario pues, ¿la recuperación es un hecho?
El año pasado, yo ya decía que no había que lanzar las campanas al vuelo. El año 2015 ya supuso un repunte importante, e incluso a nivel social estaba la sensación de que la crisis ya había pasado, y la gente parece que gastaba más. Sin embargo, este año parece que ha vuelto otra vez el pesimismo. De todos modos, en el sector de la construcción en Alicante fuimos los primeros en entrar en la crisis, pero también estamos siendo, con diferencia, los primeros en salir. El mercado de la segunda vivienda en la costa tira mucho. Esa segunda vivienda es la que se está vendiendo y está subiendo de forma considerable. Empezó en 2015 en el sur de la provincia, en Orihuela o Torrevieja, y ahora estamos viendo cómo está subiendo hacia arriba. Benidorm ha despuntado este mes de una forma importante.
¿Cómo se ha traducido esa situación en los números?
Con el boom de la obra nueva, en 2004, se hicieron 52.737 viviendas en Alicante, con cifras punteras desde Andalucía hasta el norte; y el punto más bajo se alcanzó en 2013 con 1.329. Ahora, en marzo de 2016, estamos en 4.400 viviendas. Vamos subiendo de forma muy sostenida, y estaríamos en el equivalente al año 2009. Eso da pie a que el técnico pueda formarse. Un técnico no puede llevar 50 obras a la vez, porque no da tiempo. Tienes que ir a las obras, llevar un control, mimar a los clientes, y eso te va a permitir ganar en calidad. Por eso, hace unos días tuvimos una reunión en la Conselleria para que los ayuntamientos promuevan ordenanzas, no con un ansia de querer ganar trabajo, sino de ganar en calidad, porque eso hará que se venda más, se construya mejor, y que los centros de las ciudades ya consolidadas, con una regeneración, ganen vida.
¿Qué parte de culpa tuvieron en ese boom profesionales como arquitectos o aparejadores?
El profesional es un agente más, y ahí tenemos que entonar todos el mea culpa. Tal vez, y lo digo sinceramente, nuestro colectivo, como profesionales de la ejecución de obra y de la calidad, debemos entonar el mea culpa por no haber sabido velar por esa calidad. No obstante, somos una pieza más dentro de un engranaje productivo donde prima el tiempo y la entrega, y donde, desgraciadamente, la ley amparaba ese tipo de construcciones.
¿Cómo ha incidido la recuperación en la rehabilitación de barrios y viviendas?
Desgraciadamente, no ha sido tan importante la repercusión en la rehabilitación, que ha sido la apuesta que se ha hecho en lugar de por la vivienda nueva.
Las administraciones están vendiendo día sí y día también programas de apoyo a la rehabilitación. ¿Qué está ocurriendo para que no acabe de despegar?
En la Comunidad Valenciana, porque las ayudas fueron muy escasas. La situación económica era muy particular, y las ayudas las concedía el Estado a las comunidades. La Comunidad Valenciana estaba penalizada por su gran endeudamiento, hasta el punto de que prácticamente no le correspondían ayudas. Hubo unas ayudas mínimas que tardaron mucho en llegar. Ahora estamos en una situación parecida, por la burocracia y el papeleo. Las primeras ayudas no tuvieron el resultado esperado, y estamos a expensas de que la Conselleria las saque de nuevo, y volveremos a hacer la campaña de divulgación. De todos modos, nos cuesta mucho cambiar el chip. La gente no ha invertido nunca en la vivienda. Invierte en el coche, pero no tiene la vivienda como algo que hay que mantener y que debe tener un confort.
¿Hay una dependencia excesiva de las ayudas?
Personalmente, pienso que la rehabilitación y el mantenimiento no deben depender de las ayudas. El propietario debe ser consciente de que, igual que debe hacer un mantenimiento al coche por seguridad y confort, con las viviendas pasa lo mismo. Por eso, es más importante el tema de la financiación que las ayudas. Hay muchas comunidades que sí que podrían asumir esos costes por obras de accesibilidad o eficiencia energética, y todo lo que implica el mantenimiento y la rehabilitación, y que lo que necesitan es financiación. Si hubiera unos planes de financiación atractivos e interesantes, cada comunidad podría ir haciendo una reserva en derramas mensuales, que le permitiría ir afrontando esas rehabilitaciones. Ahí los ayuntamientos tienen mucho que decir como agentes rehabilitadores, que es lo que contempla la ley, y fijar determinadas zonas o barrios en los que se promueva la rehabilitación con financiación especial, y habilitar ayudas para aquellas personas más necesitadas.
¿En qué medida explica eso derrumbes como los de Elche, Callosa de Segura o Tenerife?
Ahí entra el problema del control de las edificaciones. Las revisiones periódicas que debe pasar un edificio a partir de los 50 años están por ley desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo. Lo que pasa es que muy pocos ayuntamientos, y se pueden contar con los dedos de una mano, han sacado ordenanzas de informes de evaluación de edificios, que es como la ITV de los coches. Es impensable que un edificio, pasados 50 años, no haya tenido ningún chequeo, porque, como el coche o el cuerpo humano, el edificio necesita también ese mantenimiento, sobre todo por cómo se construía en ese boom de la edificación en los años cincuenta y sesenta.
Más allá de intereses profesionales, ¿tienen capacidad los aparejadores para presionar y que eso se cumpla?
Los colegios y el consejo autonómico tienen una labor muy importante dentro de su función social de colaborar con los ayuntamientos. El trabajo conjunto de los colegios de aparejadores y arquitectos con el Ayuntamiento de Santa Pola posibilitó un verdadero éxito en la ordenanza de evaluación de edificios, y ha provocado que más de 2.000 viviendas se hayan inspeccionado y se estén rehabilitando. En Alicante también empezamos en esa línea. El Ayuntamiento es responsable subsidiario de no pasar esos controles. Elche, por ejemplo, no tiene ordenanza, lo cual no exime al propietario de pasar controles.
¿Por qué esas reticencias a aprobar ordenanzas de ese tipo si es una obligación y una responsabilidad para una y otra parte?
De alguna manera, promover una ordenanza que va a obligar, aunque haya una obligación por ley, a las comunidades de propietarios a pasar un control se asocia con reparaciones y con gastos, y ésa es una idea errónea del político, que puede pensar que eso es ponerse en contra de la ciudadanía. Sin embargo, nadie tiene esa concepción cuando va al médico a hacerse un chequeo, sino que lo asocia a que va a prevenir un riesgo mayor. Con los informes de evaluación pasa lo mismo: por un módico precio pasas una revisión que te va a garantizar la seguridad y el estado del edificio. Lo que se hace es prevenir, porque, si viene un seísmo o vas a hacer unas obras que van a afectar a la estructura, puedes tener un problema como ha ocurrido aquí, en Tenerife o en Madrid. Las obras no se suelen caer, pero, cuando se caen, es traumático, y eso, con unas inspecciones periódicas, se puede prevenir. Incluso en estos dos años el 80% de las ventas han sido de vivienda de segunda mano, y sería buen saber el estado, y qué calificación energética tiene. Cuando compro una vivienda, hago la inversión de mi vida, y estaría bien saber cuánto me va a durar.
Las certificaciones energéticas, sin embargo, ya son obligatorias. ¿Qué falla pues?
Sí, son obligatorias por ley en obra nueva o de segunda mano. Sin embargo, ha habido una relajación importante. En segunda mano se está advirtiendo simplemente al vendedor de que no se ha aportado el certificado y, por tanto, no se está cumpliendo con la legislación vigente, y ha ocurrido algo que, afortunadamente, el Ministerio lo ha zanjado, pero que ha levantado su polémica, determinando claramente quién puede hacer ese tipo de informes. Si por precio, por calidad y por seguridad, no intervienen los colegios y los puede hacer cualquiera que ha hecho un curso, el usuario de la vivienda no confía en ese certificado. Lo toma como una carga más, y es una lástima. Es como si pasaras la ITV y el mecánico mirara el coche por encima y te cobrara 200 euros. Lo importante del certificado de eficiencia energética es que dé las claves al propietario de la vivienda para que sepa qué actuaciones debe hacer para ganar en aislamiento, en ahorro, etcétera, y eso no se está haciendo. Se están haciendo certificados por 30 euros, y ahí no se puede hacer un chequeo como toca.
¿En qué medida puede afectar a su colectivo la liberalización que se quiere impulsar?
Una cosa es la ley del libre mercado, que no es nada malo, porque va a generar competencia, pero lo que sí que es malo es que todo el mundo haga de todo. Nunca podemos perder la profesionalidad y la especialización. Necesitas ser un profesional, y eso viene desde una formación universitaria, una práctica y una acreditación. Por eso, en ese sentido, no nos preocupa. Como colectivo, tenemos muy claro cuáles son nuestras competencias, nuestro marco profesional, que es muy amplio, y, por eso, tal vez, nos ha afectado la crisis bastante menos que a otros sectores que han tenido unas salidas profesionales más limitadas. El espectro del arquitecto técnico y el aparejador es mucho más amplio, y su profesión se ha diversificado mucho.