Al borde del colapso. En esa situación se encuentra en estos momentos la Institución Ferial Alicantina (IFA) después de que Suma, el organismo dependiente de la Diputación que se encarga de la recaudación de impuestos, haya notificado -de momento, verbalmente- que se va a proceder al embargo por 375.000 euros que adeuda el recinto ferial al Ayuntamiento de Elche por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde el año 2012.

Una vez transcurridos 20 días desde el inicio del proceso de ejecución, con el bloqueo de las cuentas, el plazo para evitar el embargo vencía ayer. En los últimos días se había negociado un plan de pago a ocho años que incluso tenía el plácet del acreedor, esto es, el Ayuntamiento ilicitano, pero los problemas surgieron con la garantía. Suma pedía un aval bancario o del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), pero prácticamente desde el principio este extremo quedó descartado por parte de la cúpula de IFA. La deuda que arrastra el recinto ferial, de unos 70 millones, les cerraban cualquier posibilidad, ya no sólo con cualquier entidad, sino también con el brazo financiero de la Generalitat. Al final, la entidad presentó una garantía hipotecaria. Se escudaban desde el recinto en que la ley era interpretable, y que había parcelas libres de carga, que podían servir de garantía para la operación, extremo éste que se respaldaba desde el Consell y desde el Consistorio. Sin embargo, al final, este extremo se ha descartado. Técnicos de Suma rechazaron la garantía hipotecaria que proponían desde la feria al considerar que la ley lo impide porque ya se habían avalado otras deudas impagadas con cargo a parcelas. Así se le comunicaba a la directiva de IFA ayer a mediodía.

El desenlace final cayó como un jarro de agua fría, ya no sólo en la institución, sino también en el Ayuntamiento y en la Conselleria de Economía. La dirección de IFA, por el momento, se mostró cauta y evitó hacer algún tipo de declaración oficial, hasta esta misma tarde, cuando se ha convocado un comité de dirección de urgencia para estudiar posibles salidas ante el escenario que se abre ahora y, en particular, para ver cómo afrontar la asfixia económica. No en vano, el embargo supone que IFA se quedaría con el 10% de la liquidez de la que dispone, lo que en cifras absolutas equivaldría a unos 40.000 euros más o menos. Cierto es que las últimas nóminas ya se han pagado, pero por delante llegan los meses estivales, fechas estas en las que la actividad ferial es prácticamente inexistente, más allá del Marea Rock y la Torrellano Cup que tendrán sede en la feria en la segunda quincena de julio.

Precisamente esto es lo que recriminaban ayer algunos de los integrantes del comité de dirección: que, pese a que la deuda estaba vencida desde enero, se haya esperado a iniciar los trámites para embargar a las puertas del periodo vacacional. Una deuda, que, además, como recordaban, se arrastra por el devengo de impuestos desde hace cinco años. «IFA nunca se ha negado a pagar, y se había negociado un plan de pago por eso mismo, pero no entendemos las formas, y menos después de que en el último año sólo se haya luchado por sacar esto adelante», indicaba indignado uno de los miembros del comité de dirección a primera hora de la tarde, nada más conocer la noticia del embargo.

No menos beligerantes se mostraron desde el Ayuntamiento y desde la Conselleria de Economía. El alcalde, Carlos González, directamente cargó contra Suma y le dio un ultimátum: o reconsideran la situación en el recurso de reposición -aunque desde IFA no son muy optimistas respecto a las posibilidades de recurrir- o, aunque no lo dijo literalmente, abrió la puerta a reconsiderar el acuerdo con Suma. Desde el departamento de Rafa Climent directamente pusieron el acento en que «haremos lo posible por intentar ayudar a garantizar la viabilidad de la institución, pero no es sólo una cuestión de voluntad, sino también de lo que marca la ley», señalaron. En concreto, descartaban la posibilidad de hacer ninguna transferencia de subvenciones precisamente porque los impuestos no se pueden subvencionar, pero dejaban la pelota en el tejado del Ayuntamiento y, sobre todo, de la Diputación.

El recinto adeuda en estos momentos una cifra que ronda los 805.000 euros por el IBI correspondiente al periodo que va entre 2012 y 2016, como consecuencia de que el anterior Gobierno del PP dejara sin efecto el convenio por el que tradicionalmente el Ayuntamiento ilicitano no cobraba a la entidad el impuesto y, a cambio, IFA cedía espacios en las diferentes ferias y actos programados. No obstante, con el calendario de pago acordado la pasada semana, y que había recibido el visto bueno del Ayuntamiento, la idea era pagar con carácter inminente 100.000 euros y, a partir de ahí, abonar los 705.000 euros restantes a ocho años vista.

Sea como sea, si se materializa el embargo, IFA todavía tendrá por delante el pago de 430.000 euros, y la ejecución del siguiente expediente prácticamente estaría a la vuelta del verano. Por eso, se confía en alcanzar un acuerdo para el resto de la deuda, si el recurso de reposición no cuaja, tal y como pide el alcalde.