Cuando Martín tenía 27 años le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una dolencia degenerativa que, hace cinco años, limitó sus movimientos y, desde entonces, debe moverse en silla de ruedas. «Es duro tener una enfermedad degenerativa y ver cómo tus capacidades se van minando, pero se hace más duro cuando las miradas de la gente cambian hacia ti. A mí empezaron por mirarme con lástima, pero también, en algunas ocasiones, me han insultado por el simple hecho de ir en silla de ruedas y hace dos años unos descerebrados llegaron a pegarme y tirarme de la silla mientras se reían».
El testimonio de Martín es uno de los 15 casos en la provincia de Alicante que, según el último informe sobre delitos de odio publicado por el Ministerio del Interior, se produjeron en 2016 en Alicante. Estas agresiones que incluyen lesiones, amenazas, trato degradante, abuso sexual, discriminación, injurias, daños o coacciones no hacen más que aumentar. Según el Ministerio, en 2017 estas agresiones aumentaron en un 10% en la provincia. Entre los datos más preocupantes se encuentran el tipo de agresiones que reciben las personas con discapacidad según su edad. Y es que, según el director del Centro de Investigación Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia (Crimina) de la Universidad Miguel Hernández, Fernando Miró, los datos parecen indicar que, cuando se producen estas agresiones a personas menores, el perfil de las agredidas son, en su mayoría mujeres sobre las que pesan daños relacionados con el abuso sexual y agresiones. Cuando el perfil de víctima supera los 50 años, las víctimas suelen ser hombres que sufren agresiones, maltrato y vejaciones, en mayor parte ocasionados por las personas cuidadoras.
En cualquier caso, los agresores, en buena parte de los casos son hombres, tal y como se desprende del informe del Ministerio del Interior. En concreto, un 88% de los agresores a personas con discapacidad son varones frente a un 12% de mujeres que han cometido alguno de estos delitos en la provincia de Alicante.
Para el sociólogo Carlos Gómez Gil, estos casos de agresiones a personas discapacitadas, catalogados como delitos de odio, cumplen, además, un patrón bastante recurrente, y es que se producen, con mucha frecuencia, sobre personas pobres o en riesgo de exclusión social. Gómez argumenta que las situaciones de pobreza y de desventaja pueden llevar a que las personas desarrollen algún tipo de trastorno mental agravado por adicciones, enfermedades o deterioro personal, como puede ocurrir, en ocasiones, a personas que viven en la calle.
«Aunque, por supuesto no es un perfil de víctimas exclusivo, en muchos casos se cumple con ese perfil y si se mezcla la discapacidad con la pobreza y la exclusión social se genera un cóctel explosivo que desemboca en que estas personas sean más vulnerables y tengan más riesgo de ser atacadas en la calle».
Además, según apunta el sociólogo de la Universidad de Alicante, muchos de estos delitos son ocasionados por grupos de jóvenes que realizan estos ataques como «elemento de divertimento y que demuestran una actitud intolerante, una barbarie y un desprecio por el otro que debería trabajarse desde las instituciones para tratar de atajarlas».
Si bien estas agresiones no son la tónica general y se producen de manera puntual, desde el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, (Cermi-CV) los insultos y ataques de «baja frecuencia» sí que se suelen dar en el día a día de personas con discapacidad, que han de aguantar insultos o vejaciones que, a la larga, según aportan desde el Cermi-Cv, pueden llevar a convertirse en agresiones más graves. La última de ellas se produjo hace apenas una semana en València, cuando un grupo de personas, sin mediar palabra, asaltaron y lanzaron al suelo a un joven con parálisis cerebral, tirándole de su silla de ruedas y propinándole numerosos puñetazos en la cara, que le causaron heridas a las que hubo que aplicar cuatro puntos de sutura.
Este acto violento y presuntamente delictivo parece, motivado exclusivamente por un prejuicio contra las personas con discapacidad, ya que no robaron ninguna pertenencia a la víctima, lo que sitúa la agresión en el marco de los delitos de odio.
La Comunidad Valenciana es la segunda comunidad autónoma en España en número de incidentes con delitos de odio sobre personas con discapacidad. En 2016 se dieron 50 casos y, al igual que en la provincia alicantina, los casos van en aumento. València es, a su vez, la primera provincia en delitos de odio de esta categoría. En la Comunidad Valenciana se produjeron 49 detenciones o investigaciones para esclarecer y reparar estos actos a lo largo del año pasado.
¿Significa que la provincia de Alicante o que la Comunidad Valenciana son especialmente intolerantes con las personas con discapacidad? En principio, no, según el directo de Crímina, Fernando Miró, que aporta que «hay que ser especialmente cuidadosos a la hora de analizar los datos, puesto que puede que el cambio en la forma de calibrar estas agresiones desde el Ministerio del Interior haya supuesto un incremento de la contabilización. Además, cabe recordar que la provincia y la Comunidad Valenciana tienen un peso importante en población y, según el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de personas con discapacidad en la región es más elevada que en otras regiones», asegura. Por este motivo, afirma, no puede decirse que la provincia de Alicante, solo basándose en datos cuantitativos, tenga un problema diferente al que puede haber en otras zonas.
Actuaciones de oficio
Aunque los delitos de odio, normalmente pasan por resolverse a través de denuncias policiales y por casos que van al juzgado, el Síndic de Greuges también ha recibido algunas quejas de vecinos o familiares de personas en la provincia que han sufrido ataques por el hecho de tener alguna discapacidad.
Así, en algunos casos el Síndic de Greuges ha actuado de oficio, como en un caso que se remonta a 2016, cuando recibieron una queja relacionada con el cuidado y protección de las personas mayores. Desde este organismo abrieron una investigación después de conocer algunas situaciones «lamentables» en las que personas mayores o con algún grado de dependencia habían sido agredidas físicamente por sus cuidadores o se habían producido abusos de confianza o engaños que habían provocado el expolio económico de las personas cuidadas, aprovechándose de su debilidad física, mental y su soledad.
Desde la sindicatura recomendaron al Consell y los ayuntamientos el desarrollo de protocolos o procedimientos de supervisión y de control de estos recursos asistenciales. El objetivo de los mismos sería detallar las actuaciones a realizar por los profesionales de los servicios sociales municipales cuando tengan conocimiento o sospechen que una persona mayor pueda encontrarse en una posible situación de maltrato.
De acuerdo con nuestra resolución, la supervisión directa de estas relaciones, entre cuidador y persona cuidada, ha de asumirse como un nuevo reto por parte de las administraciones en un momento en que la esperanza de vida aumenta sensiblemente y cada vez más es mayor el número de personas ancianas que recurren a esta ayuda asistencial en su propio domicilio. Es decir, la Administración debe garantizar que la persona necesitada de cuidados no quede a expensas de la voluntad de su cuidador sobre todo en aquellos casos en los que no hay un entorno familiar o social próximo que pueda supervisar esa relación. Alfonso Rodríguez, presidente de la Federación Salut Mental Comunitat Valenciana, organización social sin ánimo de lucro que agrupa a asociaciones relacionadas con la salud mental, asesora sobre cómo actuar en casos de agresión a familias o personas que han recibido este tipo de maltrato «que no dejan de crecer, por desgracia», según señala Rodríguez, y les ayuda a dar los pasos jurídicos y psicológicos necesarios para sobrellevar y reparar los daños recibidos.
