Rechazo frontal a pagar por el cambio del apuntalamiento. Los propietarios del edificio El Progreso ya han trasladado al Ayuntamiento su negativa a abonar ni un céntimo por su decisión de cambiar las vigas para restablecer el tráfico en la plaza de la Constitución. Los dueños de la antigua sala de venta de agua, cuya demolición se paralizó el pasado mes de enero, han contestado al equipo de gobierno, tras recibir una orden de pago de 35.000 euros. Han denegado abonar esta cantidad, que el tripartito les había requerido al asumir la obra de forma subsidiaria. Y es que los titulares del antiguo bloque aseguraron que las vigas que tuvieron que colocar en mitad de la calzada, por orden del Consell, para proteger el inmueble, contaron con el beneplácito del Consistorio ilicitano. De ahí que hayan descartado ya correr con más gastos.
El equipo de gobierno decidió hacerse cargo de los trabajos para cambiar el apuntalamiento del inmueble centenario hace ya dos semanas, pero siempre advirtiendo que lo haría de forma subsidiaria y que después repercutiría los gastos a los propietarios, que desde el principio se negaron a asumir ningún coste. Sin embargo, por mucho que el Ayuntamiento haya tratado de pasarle la factura a los dueños del inmueble, esos 35.000 euros, de momento, parece que va a tener que afrontarlos el Consistorio ilicitano. Al menos hasta conocer si da un nuevo paso en mitad de este bloqueo generado en torno a la antigua sala de venta de aguas, cuya conservación depende de lo que dicte la Generalitat. Los que sí que lo tienen claro, ya que actuarán contra el Gobierno valenciano, son los propietarios del edificio. Sí o sí. Así lo han asegurado a este diario. Tanto si la Administración autonómica resuelve a su favor y les permite seguir tirando abajo el bloque, como si, por el contrario, determina que hay que protegerlo. Los dueños pedirán daños y perjuicios, después de que obtuvieran todos los permisos para la demolición y la construcción de un nuevo bloque, por parte del Ayuntamiento. Y es que, a mitad del derribo, los trabajos tuvieron que interrumpirse por una orden cautelar de la Generalitat, para estudiar ahora si es viable una conservación. Desde el 12 de enero, el inmueble está bloqueado y la ciudad a la espera de los dos meses que marca la ley para que el Consell resuelva en este tema.
