El exalcalde de Santa Pola y diputado provincial de Bienestar Social, el popular Miguel Zaragoza, aseguró ayer en su comparecencia en la Ciudad de la Justicia de Elche que bien desconocía o bien no le constaban las presuntas irregularidades que, durante su mandato, se pudieron haber cometido en la gestión de una clínica de Gran Alacant, según ha podido saber este diario.
El edil, ahora en la oposición municipal, acusado de los presuntos delitos de malversación, cohecho y prevaricación, respondía fundamentalmente con las frases «no sé» o «no me consta» a las preguntas de la responsable del Juzgado de Instrucción número 2, pero también a las preguntas de uno de los fiscales Anticorrupción y de los letrados que representan al Ayuntamiento de Santa Pola, a la diputada nacional Loreto Cascales, también investigada, y a dos médicos vinculados a esta clínica.
Durante casi hora y media, Miguel Zaragoza se prestó a colaborar en el sentido de que respondió a las preguntas que se le formulaban. No obstante, en la mayoría de éstas venía a repetir que desconocía los hechos por los que se le preguntaba o que se enteró a posteriori. En su comparecencia judicial no llegó a reconocer que hubiera tenido conocimiento de si se había producido algún tipo de irregularidad.
De igual modo, preguntado por el motivo de la falta de cobro del canon municipal, puesto que la clínica privada ocupaba unas instalaciones municipales y así se había estipulado, indicó que lo desconocía porque él no gestionaba esos asuntos. Asimismo, también indicó desconocer si había personas vinculadas al PP trabajando allí, así como que hubiera o dejado de haber algún tipo de acuerdo para no ingresar la concesión. En definitiva, según ha podido saber este medio, en la mayoría de sus respuestas alegó desconocimiento de los hechos en cuestión.
«Intachable y honorable»
Al término, el diputado provincial no quiso realizar comentario alguno sobre el fondo de sus respuestas dentro de la investigación que se sigue en sede judicial. No obstante, de forma genérica, sí defendió que durante sus responsabilidades políticas siempre había actuado de manera «intachable y honorable», e indicó estar totalmente seguro de no haber incurrido en ninguna acción o actividad reprochable.
«He actuado de la mejor manera posible y, si alguien se ha equivocado, que lo pague», indicó, para añadir, por último, que «esta situación no es plato de buen gusto para nadie. Se puede haber cometido algún error, pero no ha habido por mi parte ninguna conducta indeseable».
Zaragoza declaró en calidad de detenido el pasado 28 de febrero, cuando se presentó en la Comisaría de Alicante al tener conocimiento de que la Policía Nacional había acudido a buscarle a su domicilio. En concreto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional inició una investigación para tratar de esclarecer si hubo un fraude por valor de más de 100.000 euros. Junto al exregidor, también se investiga a su hermana, Pilar Zaragoza, y al exedil Jorge Perelló, pareja de ella, que tienen previsto declarar el 10 de abril.
En la clínica de Gran Alacant, que ocupaba un espacio municipal a cambio de un posible canon, se investiga si estuvo trabajando Pilar Zaragoza, que podría haber estado empleada durante seis meses, aunque cobrando durante casi dos años más. En principio, ésta se daría de baja por enfermedad y se investiga si el exedil Jorge Perelló pudo haber derivado a personal municipal para cubrir su plaza privada. La Justicia trata de dilucidar si así fueron los hechos y si el propio Zaragoza era conocedor de los mismos.
En verano se detuvo al hermano del exalcalde y jefe de la Policía de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, por el caso de los uniformes, y se arrestó a la exedil de Urbanismo de Santa Pola y a dos arquitectas por el derrumbe del colegio Hispanidad.
