La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana vuelve a dar un tirón de orejas al Ayuntamiento de Elche. En su último informe de fiscalización de la gestión del Consistorio ilicitano de 2015 y 2016 reprocha la falta de un puesto de trabajo de Intervención con un funcionario de habilitación nacional desde hace más de 25 años. Se refiere a un ejercicio que coincide con la última etapa del PP en la Plaça de Baix y la entrada del PSOE, Compromís e Ilicitanos por Elche.

También pone sobre la mesa que el Ayuntamiento no se ha adaptado al régimen jurídico de los municipios de gran población, en el sentido de aprobar los reglamentos e implementar los órganos específicos que tienen este tipo de municipios. Asimismo, el organismo ha detectado incorrecciones en contratos del Ayuntamiento de Elche correspondientes al año 2015 y 2016. Como ejemplo, destaca que no forman parte del saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2015 un total de ocho cuentas restringidas de recaudación, por un importe total de 276.941 euros, circunstancia que representa una incorrección de los estados contables y presupuestarios.

Entre las conclusiones, la Sindicatura también alerta de diversos supuestos las prestaciones de servicios se han realizado por los contratistas sin cobertura contractual en el año 2015. Entre ellos destaca que la Secretaría General y la Intervención General del Ayuntamiento no emiten informes sobre la adecuación de los pliegos de cláusulas administrativas. Apunta a que las publicaciones de los anuncios de las licitaciones en los diarios oficiales deben incluir los criterios de adjudicación y su ponderación. y que los anuncios de formalización de los contratos no se publican en los diarios oficiales a que se vienen obligados.

Con todo ello, lanza recomendaciones tajantes para el Ayuntamiento. Primero que pleno debe acordar los términos en los que se ha de realizar la fiscalización previa, para que no sea la propia Intervención General la que determine el alcance de las distintas modalidades de fiscalización. También dice que la Intervención General debe ser más rigurosa en la formalización de los informes de disconformidad, calificando de forma expresa como reparos, todas aquellas situaciones en las que se aprecie un desacuerdo en el fondo o en la forma con los actos, documentos o expedientes examinados.

Destaca, además, que el Ayuntamiento debe elaborar de forma adecuada los presupuestos de cada ejercicio, procurando que en ellos se recojan los créditos suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones que como máximo se puedan realizar en el ejercicio. Otra de las peticiones claves que lanza la Sindicatura es que el Ayuntamiento debe garantizar que no se produzca el fraccionamiento de contratos, con la finalidad de garantizar una mayor concurrencia y una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Respecto al informe de 2016 de fiscalización de la empresa municipal, Pimesa, la Sindicatura de Cuentas ha recomendado al Ayuntamiento que refuerce los medios humanos en su departamento de administración y contratación, con el objeto de subsanar las incidencias y observaciones puestas de manifiesto en el informe y afrontar la adaptación a la Ley de Contratos del Sector Público.

Hace referencia también a la necesidad de que el Ayuntamiento deba prestar especial atención a la notificación de las adjudicaciones a los candidatos excluidos de las licitaciones en los contratos que no son de regulación armonizada y a los procedimientos de modificación de los contratos y sus eventuales prórrogas.

También pide que valore que en los procedimientos restringidos se promueva una mayor publicidad, además de las publicaciones oficiales y en el perfil de contratante, de acuerdo con la cuantía de los contratos, su objeto y las características particulares del sector a que se refiere, entre otras pautas.