A la hora de medir la congestión y carga de trabajo de un juzgado, uno de los indicadores que se tienen en cuenta es la tasa de pendencia, que establece el tiempo que tardaría el organismo en resolver el número de expedientes que están en trámite si dejaran de ingresar nuevos casos. Así, los juzgados de lo Penal tardarían poco más de un año en dar salida a todo el trabajo acumulado. Durante el pasado año, cada uno de los tres tribunales resolvió una media de 691 casos. Teniendo en cuenta que el número de procedimientos acumulados es de 2.261, cada uno saldría a una media de 754. Es decir, que trabajando al mismo ritmo que hasta ahora, y sin tener que asumir nuevos casos, estarían listos en poco más de un año. Una situación utópica, por otra parte, por lo que el tiempo real sería mucho mayor. Teniendo en cuenta que el pasado año se resolvieron 691 asuntos por tribunal, y se ingresaron 539, reducir esa brecha a cero sería posible en aproximadamente cinco años.
De ahí esa necesidad de continuar apostando por el refuerzo de funcionarios y magistrados, y crear un nuevo Juzgado de lo Penal para reducir los tiempos. En la vía penal, esa necesidad de acortar los procedimientos es esencial, señalan desde la Ciudad de la Justicia, pues se trata de penas de prisión en la mayoría de casos, por lo que entra en juego uno de los derechos fundamentales, el de la libertad, con el que «no se puede jugar y hay que resolver rápidamente», alegan.
