n La restricción que pretende impulsar el equipo de gobierno para las caravanas, con la modificación de la ordenanza municipal, ha desatado el rechazo del sector. La Asociación Española de la Industria y el Comercio del Caravaning (Aseicar) ha calificado de «error» la iniciativa que quiere llevar a cabo el equipo de gobierno y ha señalado que con su aprobación se puede «incumplir la legalidad».

El colectivo se ampara en el reglamento general de Circulación que desarrolla la Ley de Tráfico y apuntan a que los ayuntamientos no pueden ir en contra. El sector argumenta que las autocaravanas no pueden ser privadas del derecho a estacionar en las vías públicas, mientras la parada o el estacionamiento no sea peligroso, se ejecute en la forma y modos indicados, no constituya un peligro o un obstáculo para la circulación, el vehículo esté colocado en la forma indicada y se encuentre situado en lugar autorizado. Asimismo, recuerdan que la normativa especifica que la exclusión de la vía pública de una autocaravana debe ser motivada por razones objetivas como las dimensiones exteriores o su masa autorizada y no por el criterio de su construcción o utilización.

Ante el choque de posturas, el presidente de Aseicar, Jose Manuel Jurado, ha presionado para que los grupos municipales de Elche que no participen en una iniciativa que, según el colectivo, «atenta contra el desarrollo económico y turístico de la ciudad y comarca ilicitana y que puede atentar a la legalidad».

Bajo este contexto, la asociación ha cifrado en 45.000 las autocaravanas y en 455.000 las familias que utilizan sus vehículos en España una media de 50 días al año, lo que supone un movimiento económico a nivel local y regional, muy significativo.

Según el colectivo, el país es, además, el destino turístico de los autocaravanistas europeos. Más de 250.000 autocaravanas visitan el territorio nacional al año, con una media de estancia de 13 días y una horquilla de gasto entre 70 a 100 euros al día, según el sector del caravaning.

Ante estas cifras y ante la existencia de unas normas más flexibles en otros países de Europa, como Francia y Bélgica, donde sí que están permitidos los estacionamientos de las caravanas, el sector ha advertido que «España corre el riesgo de quedarse atrás y perder una importante fuente de ingresos turísticos».