Seis años de batalla judicial han servido al fin para que la familia de un hombre, que falleció mientras instalaba una alarma de seguridad en el polígono de Carrús y estuvo desaparecido durante dos días hasta que se halló su cadáver, reciba una indemnización de más de 70.000 euros después de que el Juzgado de lo Social 1 de Elche reconozca que se trató de un accidente laboral. Un juzgado de lo Penal archivó el caso previamente el caso al entender que la caída del trabajador desde el techo de una nave, a ocho metros de altura, se debió a una imprudencia, ya que fue hallado a unos metros de la nave donde tendría que estar instalando la alarma.
Sin embargo, tras años de lucha, la familia de José Antonio Carmena, que así se llamaba este ilicitano de 25 años, ha conseguido que el juzgado de lo Social reconozca que sí se trató de un accidente laboral, pues el hombre estaba desplazándose por los tejados de las naves colindantes para determinar el lugar adecuado donde colocar el cartel de la alarma, tal y como explicó el abogado de la familia de la víctima, Iván Padilla, del bufete Padilla Abogados.
El caso data de marzo de 2012, cuando el fallecido cayó desde el tejado de una nave, al pisar una claraboya que cedió con el peso. Durante el juicio, su abogado expuso cómo el trabajador carecía de la formación necesaria en materia de riesgos laborales para desempeñar el trabajo que le habían encargado aquel día, por lo que tal y como han defendido hasta ahora, el accidente fue culpa de la empresa.
La batalla judicial durante este tiempo ha sido luchar contra los informes de la Inspección de Trabajo que determinaban que no había sido accidente laboral porque el hombre había caído a varios metros de distancia de la nave donde tenía que instalar la alarma. «Desde la empresa llegaron a decir que se había subido hasta allí para hacerse unas fotos con el móvil», relata el abogado.
El cadáver fue encontrado dos días después de su fallecimiento, pues el hecho de que cayera dos naves más lejos de donde estaba trabajando, en un local abandonado, complicó la búsqueda tras la denuncia de la desaparición interpuesta por su mujer.
El archivo de la causa por el juzgado de lo Penal en 2015 despertó la indignación social, hasta el punto de que se realizó una manifestación desde la vivienda del fallecido hasta los juzgados ilicitanos para reclamar justicia.
La familia no se rindió, y acudió a la vía de lo Social, que ahora le ha dado la razón. Sus seres queridos pedían 150.000 euros de indemnización, aunque finalmente el tribunal ha interpuesto en la sentencia una compensación de poco más de 70.000. «La cantidad es lo de menos», señala el letrado Iván Padilla. «Lo que realmente quería la familia es que se reconociera que este chico no murió de forma fortuita o por una incidencia, sino que lo hizo trabajando».
