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La sección VII incorpora a otros tres jueces de apoyo y funcionará como tres salas por el atasco

Los magistrados pasan a ser diez para poder cubrir el caso Brugal un año sin que se resienta el resto de señalamientos

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con numerosos asuntos acumulados. a. amorós

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, incorporará en los próximos días a tres nuevos magistrados que reforzarán el tribunal, que acumula cerca de 900 asuntos pendientes de juicio. En la práctica, realmente supondrá pasar de ocho jueces a diez, pues una de estas nuevas plazas está destinada a cubrir la que deja libre Francesca Martínez, que se jubila. El objetivo pasa por crear una tercera sala para celebrar juicios. Hasta ahora, los magistrados que conforman esta sección -siete titulares más uno de refuerzo-, funcionaban como si se tratase de dos tribunales distintos, ya que tres de ellos se repartían en la sala A y otros tres en la B, atendiendo a la disponibilidad de cada uno de ellos. Con estas nuevas incorporaciones, comunicadas ayer por el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos Cerón, se habilitará una tercera sala C.

Todo con el objetivo de que los tres ponentes que comenzarán a juzgar el caso Brugal, que estaba previsto iniciarse el 19 de febrero pero que tras la vista preliminar se aplazará dos meses al cambiar de abogado uno de los principales acusados- se puedan dedicar en exclusiva a este caso, que durante 11 meses prevé celebrar 94 sesiones y esta situación no provoque todavía más colapso en el resto de causas, pues la Sección Séptima es el tribunal con mayor acumulación de asuntos pendientes de toda la Audiencia Provincial, al ser también el que más asuntos ingresa. La cifra de diez magistrados en una sola sección supone todo un récord, pues se convertirá en la más grande de España. De esta forma, el tribunal podrá seguir como hasta ahora, con dos salas destinadas a celebrar juicios, mientras que contará con una dedicada en exclusiva al caso Brugal. La necesidad de este refuerzo no coge a nadie de sorpresa. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, pedía el martes al Ministerio de Justicia, el desdoblamiento de la sección VII para crear la XI, una reivindicación, por otra parte, que llevan años realizando desde el Colegio de Abogados de Elche y desde el Decanato de la Ciudad de la Justicia de Elche.

Diez años

Las consecuencias del atasco del tribunal no son banales. Mientras que los casos que cuentan con una mayor prioridad a la hora de celebrar el juicio, como son los abusos sexuales o las causas con preso, acumulan una media de retraso en torno a los dos años, otras causas como delitos de estafa, tráficos de drogas o lesiones acumulan más de 10 años de retraso, lo que provoca el malestar de los denunciantes y de la Fiscalía, que se ve obligada a aplicar atenuantes de dilaciones indebidas, lo que supone una rebaja sustancial de la pena que en muchas ocasiones hace que se suspendan las penas de prisión, al ser menor de dos años, por lo que los delincuentes quedan «impunes». Se da la paradoja, de hecho, de que pese a que la Audiencia juzga aquellos casos en los que las acusaciones piden más de cinco años de prisión por la gravedad de los delitos que se le imputan, hay acusados que acaban cumpliendo una pena mayor en los juzgados de lo Penal, que sí juzga en tiempo razonable los casos que llegan desde Instrucción, por lo que no se aplica ningún tipo de atenuante ni rebaja por el retraso judicial.

Media

En los últimos años, la Audiencia ha ingresado una media de 2.300 asuntos cada ejercicio, lo que supone prácticamente el doble que el resto de secciones penales en la provincia, a excepción de la Sección Primera, que recoge todos los casos de violencia de género y que no es comparable por su especialización. Al volumen de causas hay que sumarle su complejidad. La sección VII no solo juzga casos de Elche, también se encarga del resto de la comarca (Santa Pola y Crevillent) y de la Vega Baja (27 municipios). El caso de esta última comarca es especialmente singular, pues se juntan dos factores que lastran aún más la actividad del tribunal.

Por un lado, es una zona con una alta tasa delictiva y, por otro, la alta concentración de población extranjera dificulta los señalamientos, ya que en muchas ocasiones, al haber pasado años hasta que llega el juicio, no se pueden localizar a los implicados, porque han cambiado de residencia o han vuelto a su país de origen, lo que obliga a suspender juicios y a reprogramarlos otro día, añadiéndolos al ya de por sí congestionado calendario de señalamientos.

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