La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, inicia hoy el juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación de las basuras de Orihuela, la primera de las piezas separadas del caso Brugal que será juzgada, y por la que Fiscalía solicita penas de 37 años de cárcel para el empresario adjudicatario del servicio, Ángel Fenoll; 12 años para el exalcalde 'popular' José Manuel Medina y ocho años para la exprimera edil, también del Partido Popular, Mónica Lorente.
El juicio ha empezado a las 10.43 horas, con 43 minutos de retraso. Como estaba previsto, todos los acusados han renunciado a la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía y la acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Orihuela. Por su parte, la defensa de Ángel Fenoll ha pedido la nulidad de las escuchas telefónicas por "haberse vulnerado derechos fundamentales". Ha señalado que estos pinchazos telefónicos "carecen de motivación" ya que en un principio se autorizaron en torno a las basuras de Orihuela pero muy pronto se convirtieron "en ver lo que caía en el saco de la investigación".
Para este letrado, se cayó en "rastreos preventivos" que no están amparados por la Ley puesto que no se definieron previamente los delitos a perseguir, ya que los pinchazos y sus prórrogas se motivaron en el "cajón de sastre" que engloba la "corrupción política" pero sin citar delitos concretos, como pueden ser el cohecho, prevaricación o malversación. "Eran escuchas que se iban retroalimentando", lo cual, ha señalado citando diversa jurisprudencia, resulta "desproporcionado" e "inaudito".
Además, ha manifestado que se suma el prolongado secreto de las actuaciones durante la instrucción, durante 36 meses desde la primavera de 2007 y 2010, lo cual tampoco ve justificado y cree que ha perjudicado a su defendido.
Por su parte, la defensa del ex alcalde Medina también pide la invalidación de las escuchas y asegura que en el escrito de acusación del fiscal aparecen hechos que no han sido investigados y, por lo tanto, sin investigación, no se le podría acusar.
El calendario
El tribunal asignó las fechas definitivas para esta causa, una de las derivabas del 'caso Brugal' y en la que serán juzgadas 34 personas, el pasado 19 de febrero. Entonces, se estableció para esta semana, los días 5, 6 y 7 de marzo, el turno para el inicio de la vista oral y para el planteamiento de las cuestiones previas por las defensas.
La propia sala también fijó los días 13, 14, 20 y 21 de este mismo mes para que el ministerio público y la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Orihuela, respondan a las cuestiones planteadas. Las declaraciones de los procesados no empezarán hasta el 7 de mayo, con un orden que será solicitado por el Fiscal Anticorrupción una vez comience la vista, así como la práctica de pruebas.
Según aclararon fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la celebración de la vista se puede prolongar hasta finales de este año. El inicio del juicio estaba previsto el 19 de febrero, pero la sala lo suspendió hasta este martes 5 de marzo puesto que las partes renunciaron a la lectura de los escritos de acusación y de defensa para "agilizar" el inicio del mismo, puesto que consideraron "innecesaria" la lectura de tantos documentos.
Once delitos
En la causa se han investigado supuestas irregularidades en la tramitación y adjudicación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en diferentes concursos del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante).
Esta es una de las causas derivadas del 'caso Brugal', cuya instrucción se cerró en octubre de 2014 tras siete años de investigación judicial. La Fiscalía Anticorrupción acusa, en un escrito de 148 páginas, a 34 personas, entre ellas, exediles del consistorio oriolano, administradores de empresas y personas del entorno de Fenoll. El fiscal considera que Lorente cometió fraude y prevaricación --por este último delito pide inhabilitación para todos ellos-- y Medina además cohecho.
En conjunto considera que los distintos acusados cometieron --con diferente grado de autoría y por distintas personas-- fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, delito electoral, uso de información privilegiada, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a las autoridades y funcionarios.
Las penas solicitadas oscilan entre los nueve meses por fraude y los más de 37 años que reclama para Ángel Fenoll, que fue quien aportó a Fiscalía una serie de conversaciones en las que se abordaba el concurso público para conseguir el contrato de adjudicación de basuras, por 8,5 millones de euros, que fue lo que permitió abrir la investigación.
