Gloria Marín es, desde hace años, la cara visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche. Una labor que realiza desde el activismo y por convicción pero que ahora, paradójicamente, le ha tocado vivir en primera persona. El pasado mes de febrero, el juzgado le ha embargado parte de su pensión debido a una hipoteca que avaló en 2005 y a la que el deudor, un familiar suyo, ya no puede hacer frente. Marín ha acompañado a decenas de personas a los juzgados, para paralizar su desahucio, ha participado en centenares de protestas para que la comitiva judicial diera marcha atrás y conseguir que numerosas familias pudieran seguir en su vivienda.
Lo que no esperaba es que ella misma se convirtiera en víctima de los abusos bancarios que tanto tiempo lleva denunciando. Por eso, ha decido dar un paso al frente y contar su historia, como reflejo de un caso que además sorprende por su «particularidad». Gloria avaló una hipoteca en con una entidad que fue absorbida en 2016 por un gran banco. Antes de llegar a este momento, asegura, lleva mucho tiempo de batalla legal para conseguir llegar a un acuerdo que, finalmente, no ha alcanzado.
Marín considera que la cláusula del aval solidario que permite que se le embargue al avalista antes de ni tan siquiera contra el deudor, es abusiva. «Y no porque lo digamos desde la PAH, hay jurisdicción al respecto», señala.
Además, señala que, en este caso, ni siquiera sabe quién le está embargando, pues desde el juzgado le trasladan que la orden viene desde el banco donde se firmó su hipoteca, pero esa entidad no existe desde 2016, y el banco que la absorbió niega que esté realizando estas prácticas. «Es injusto, ni siquiera han ido primero a intentar realizar la ejecución de la hipoteca de la casa, porque si lo hicieran, daría para pagar el préstamo e incluso aún sobraría dinero», señala Gloria. Marín señala que en estos casos el banco ejecuta la hipoteca y con el importe de la subasta, que si nadie puja en ella se la adjudica la entidad por el precio de salida. Si con este importe se salda la deuda, el proceso termina. De hecho, incluso en el caso de que sobrara dinero, como asegura que pasaría, la entidad debería devolver la diferencia al deudor. El problema es que, en este caso, «se han saltado ese paso», asegura.
Su pensión es el fruto del ahorro de toda su vida, «y ahora me han embargado desde febrero una parte, sin saber realmente a quién se la estoy pagando y sin que podamos hacer nada», lamenta. Buena parte de las hipotecas de este banco fueron vendidas a inversores, los conocidos como «fondos buitre». Las entidades vendieron a precio de saldo estas deudas para recuperar liquidez, y estos fondos buscan ahora sacar el máximo partido posible a estas viviendas a través de estas tácticas, que están fuera de los códigos de buenas prácticas. No obstante, como estos fondos de inversión no son bancos, tampoco están sujetos a esas conductas.
Sentencias europeas
Por tanto, la propia Gloria como el conjunto de la PAH exigen que se tomen medidas para que se cobren la deuda ejecutando la hipoteca, poniéndola en venta, y no embargando la pensión que recibe. Además, reclaman que los juzgados revisen de oficio todas las cláusulas que puedan ser abusivas, para evitar que se produzcan más casos de este tipo. Y es que, recuerdan, basta con aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poner fin a estas situaciones. Pese a que lo peor de la crisis ya ha pasado, desde el colectivo ciudadano señalan que las consecuencias aún se arrastran a día de hoy, y hay abiertas decenas de causas.
Seis de cada 10 desahucios son por alquileres
Seis de cada diez desahucios que se ejecutan en los juzgados de Elche derivan de impagos de alquileres. Las ejecuciones hipotecarias continúan dándose, aunque en menor medida. La subida de los arrendamientos y el hecho de que muchas familias acabaron de alquiler durante la crisis está detrás de estas cifras.
