Diversas empresas de Elche, conjuntamente con grupos ecologistas y colectivos sociales, han presentado ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales un recurso solicitando la suspensión cautelar de la tramitación del procedimiento de licitación de la contrata del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, así como la anulación del pliego, según han informado en comunicado.

Se trata de empresas como LIDESSA, GESPLA, Cisternas Hurtrans, Tank Hurt y Montes Vivos que han suscrito este recurso, mientras que por parte de los colectivos sociales y ecologistas aparecen nombres como el de ADR Camp d'Elx, Àgora d'Elx, Alonis, Des de Baix, y Margalló-Ecologistes en Acció.

El recurso presentado se basa, por un lado, en el supuesto incumplimiento en varios apartados de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, y por otro, en infracciones detectadas en el pliego de licitación de normativas estatales y autonómicas en materia de gestión de residuos.

La no división en lotes del contrato, impidiendo así la participación en el concurso de adjudicación a pequeñas y medianas empresas, y a entidades de economía social, es el principal punto esgrimido por lo que respecta a la Ley de Contratos.

En este sentido, se recuerda en un comunicado que colectivos como ADR Camp d'Elx "solicitaron infructuosamente el pasado año en sus sugerencias al pliego que se tuviera en consideración a estas empresas". En palabras de su presidente, Pascual Serrano: "Nos parece lamentable que, en vez de trabajar dentro de la legalidad para que empresas de la zona puedan beneficiarse con una contrata como ésta, por el contrario, se diseñe para favorecer exclusivamente a las cuatro o cinco macroempresas del sector. Los argumentos que han dado para hacerlo de esta manera carecen totalmente de sentido. "

Por lo que respecta al incumplimiento de diversas normativas ambientales, vuelve a cuestionarse el hecho de no haberse elaborado previamente un plan local de residuos para después adecuar la licitación a las directrices de dicho plan. No se establece así, según han indicado los impulsores del recurso, "obligación contractual alguna para cumplir con los objetivos establecidos por la legislación en materia de recuperación y reciclaje". Dicho incumplimiento supondría una infracción de la legalidad, la cual, según han apuntado, "podría provocar sanciones al propio Ayuntamiento de Elche que, al final, revertirían en los propios vecinos.

En opinión del Margalló Ecologistes en Acció, "esta contrata no sólo es mala para los ecologistas o para las empresas de Elche, es una contrata nefasta también para todos los ilicitanos". "Tal y como se plantea, o bien tendríamos que hacer frente a multas que nos llegarán por una u otra administración o bien estaríamos obligados a padecer una modificación millonaria de la contrata para adaptarla a lo que se exige, lo que se podría haber hecho antes a un coste muy inferior", han indicado desde el colectivo.

Finalmente, desde los colectivos y empresas promotoras del recurso se pide una vez más al equipo de gobierno que recapacite y vuelva a abrir el proceso de diálogo para diseñar la contrata, teniendo en cuenta los supuestos incumplimientos e incorrecciones que tiene la actual, las exigencias actuales en materia de gestión de residuos y las pretensiones de nuestra ciudad de lograr la Capitalidad Verde Europea en el año 2030.Reacción

Desde el Ayuntamiento de Elche han informado, también a través de un comunicado, que el tribunal ha solicitado copia del expediente de contratación, que "será remitida, así como cualquier otra que pueda ser requerida por esta instancia".

Desde el equipo de gobierno se ha considerao que "este tipo de recursos son habituales en expedientes de contratación de esta naturaleza, tanto contra la licitación misma, como es el caso, o en fases posteriores", y han destacado que "el tribunal de momento no ha solicitado la paralización del expediente, por lo que el procedimiento continúa".

Respecto a las cuestiones alegadas, el Ayuntamiento entiende que "la contratación del servicio de forma unitaria, tal y como se hace en la actualidad, y como sucede en la inmensa mayoría de municipios, permite diseñar un servicio más moderno, medioambientalmente más respetuoso y con mayor grado de eficiencia, consiguiendo así la mejor relación calidad precio que es el objeto final de la nueva Ley de Contratos del Estado".